Organizaciones sociales piden destituir cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN dio iniciativa de ley la solicitud de la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU), para que se conforme una Comisión Especial que investigue la actuación de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
 

Los magistrados en Cuestión son Belarmino Jaime, Sidney Blanco, Florentín Meléndez y Rodolfo González, dijo la diputada Jackeline Rivera, quien explicó que la iniciativa es con base al artículo 192, inciso tercero de la Constitución de la República.

Tal artículo establece que "todo funcionario de segundo grado, pueden ser destituido por quien los eligió, en este caso la que elige es la Asamblea Legislativa y tiene las facultades para hacerlo", aseguró la parlamentaria Rivera
De crearse la Comisión Especial, la cual solo requiere de 43 votos para su creación, tendrá la potestad de verificar, analizar e investigar todas las actuaciones de éstos magistrados y si han cumplido con la Constitución de este país.

En uno de sus párrafos, la pieza de correspondencia dice "que es necesario preservar, mantener y corregir oportunamente el orden constitucional, un asunto de interés nacional, que desde el año 2009, el país viene enfrentando una escalada y progresiva violación de principios y disposiciones constitucionales...", por parte de los magistrados en cuestión.

Agrega además: "La trasgresión a la que hacemos alusión comienza, incluso, con el proceso de elección de dos de ellos, quienes sin ser parte de la lista oficial de candidatos que exige el Artículo 186 de la Constitución fueron nombrados como magistrados propietarios de dicha Sala.

La diputada Rivera agregó que ante la pasividad de la Fiscalía General de la República, FGR, la sociedad civil organizada hace uso a su derecho de "pedir que los órganos de Estado pertinentes actúen".

Los abogados Edward Sidney Blanco Reyes, Florentín Meléndez Padilla, José Berlamino Jaime y Rodolfo Ernesto González Bonilla, han tomado decisiones en sus resoluciones que "no tienen ningún asidero constitucional, una de ellas es la de SITRAMSS, dijo, la legisladora.

"Estos magistrados han invadido la competencia legislativa expropiando la facultad inherente a la institución parlamentaria y desconocen a cualquier otro funcionario, institución u órgano de Estado que no obedezca o que opine en forma contraria. Además, han favorecido intereses económicos particulares y discriminado otros, sin ningún criterio jurídico que sea al menos defendible, expresa el texto de la petición de las organizaciones sociales.

La Asamblea Legislativa, como primer órgano de Estado, tiene la atribución constitucional de crear comisiones especiales para investigar asuntos de interés nacional y a las mismas se les fija un plazo para emitir su informe, el cual deberá ser aceptado o rechazado por la Asamblea Legislativa en pleno.

A dicha comisión debe establecerle un plazo no mayor a un mes calendario para emitir su informe, ya que de lo contrario se corre el riesgo que mediante alguna orden, resolución, medida cautelar o sentencia declaren ilegal el procedimiento.

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