“Cada vez es más delicada y cuidadosa la elección de funcionarios, la Asamblea cuida cada requisito”, Diputada Norma Guevara

En entrevista televisiva de este lunes 20 de noviembre, la diputada Norma Guevara, Coordinadora del Grupo Parlamentario del FMLN en la Asamblea Legislativa, fue enfática en señalar que la elección de magistrados y magistradas a la Corte de Cuentas de la República se realizó de conformidad a la Constitución de la República y a la ley que rige la citada entidad, y a la vista de la opinión pública.
 

Ante la admisión de una demanda por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, relativa a los requisitos de candidatos y candidatas que optaron al cargo de magistrados a la Corte de Cuentas y que fueron electos, la diputada Guevara expresó que el proceso fue transparente y a la vista de la prensa y el público, con participación de todos los partidos políticos; por lo que calificó tanto la demanda como la admisión como una acción política que expresa inconformidad de algún grupo.

"Esta es una actuación política que expresa inconformidad de algún grupo. Repito, en la elección participamos todos los partidos, el dictamen tiene la firma de todos los partidos, lo otro es que es una costumbre de mantener amenazados a los funcionarios electos, para decirles estas en jaque, actúa de esta manera. Hoy que es un momento en el cual la Corte de Cuentas debe dar finiquitos de funcionarios, que me imagino que puede haber grupos que tengan interés de proteger actuaciones irregulares de un candidato o candidata y esta es una forma de poner a los funcionarios que tienen que dar esa certificación, ponerlos en duda, ponerlos de manera amenazada, eso no es bueno para la democracia, y ojalá un día está forma de proceder tenga u final en nuestro país", reiteró la diputada Guevara.

Agregó que la forma en que procede la Sala no contribuye al Estado de derecho y por el contrario, pone en inseguridad jurídica a las personas que quieren optar un cargo como funcionarios de segundo grado, lo que provoca que muchos profesionales no participen en los procesos de elección.

Para el caso, la diputada Norma Guevara expresó que en anteriores elecciones participaron cerca de 70 aspirantes, pero en esta última solo presentaron sus atestados cerca de 30 personas.

Destacó que los profesionales electos a la Corte de Cuentas se sometieron a un "procedimiento expuesto a la opinión pública, televisado, en cada paso fundamentando el actuar de los diputados en la Constitución y en la Ley de Corte de Cuentas", dijo.

Además detalló que como Asamblea Legislativa se solicita a 14 instituciones, información sobre los candidatos que se postulan y una vez que esa información se tiene, incluyendo el Tribunal Supremo Electoral (TSE) quien certifica si existe afiliación partidaria o no de4 los postulantes; "una vez teniendo esa información, se clasifica si tienen o no cuestionamientos".

Para la diputada Norma Guevara, el actuar de la Sala de lo Constitucional es una acción estrictamente política con un interés grupal que no debería privar sobre el interés de la generalidad.

Recordó que el FMLN fue impulsor de una Ley de Acceso a la información Pública y los impulsores de crear instituciones para llevar procesos ordenados en las instituciones del Estado. "Estamos examinando una reforma para el mejor manejo de las finanzas públicas. Hoy se saben muchas cosas que antes no se conocían sobre el manejo de los recursos del Estado, como la reforma a la Corte de Cuentas para hacerla un ente colegiado y que ha mejorado su trabajo y ya no es unipersonal", reiteró Guevara.

Ante las arbitrariedades y violación a los derechos constitucionales de las personas por pate de la Sala, la diputada informó que "se ha abierto un camino, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha admitido al menos tres denuncias sobre las actuaciones del Estado a través de la Sala. Demandas del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Salomón Padilla; del magistrado cesado por una medida cautelar, Ulises Rivas y una demanda de 32 diputados suplentes del FMLN que fueron a Washington a poner una denuncia. El Estado Salvadoreño está en el deber de resolver el ejercicio pleno de los derechos de los salvadoreños. En este punto puede tardar tres o cuatro años, pero puede llegar el momento en el que se sienten los precedentes para evitar tanta arbitrariedad y atropellos a los derechos políticos, no solo de la ciudadanía en general sino de cualquier persona que ostenta una función pública delegada con mandato constitucional, como es el caso de los funcionarios de elección de segundo grado, aseguró.

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