Asamblea aprueba Ley de Concesión de Espacios de Dominio Público

En la plenaria del martes 13 de febrero, con 59 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Concesión de Espacios de Dominio Público Marítimo Terrestre, orientada a regular las obras marítimas y portuarias, industriales, recreativas y artesanales que hacen uso exclusivo de áreas de dominio público.
 

La nueva normativa establece los procedimientos, condiciones, plazos y demás requisitos exigibles para obtener una concesión de espacios de dominio público marítimo-terrestre y en su caso la explotación portuaria a cargo de particulares dentro de la República de El Salvador.

A partir de su vigencia, los proyectos de concesión para el uso y explotación privada de la franja costera y acuática del país serán aprobados por la Asamblea Legislativa.

Dicha Ley se aplicará a los diferentes proyectos de "explotación privada del espacio de dominio público marítimo terrestre, realizados por cualquier persona, los cuales podrán requerir la construcción de obras permanentes o flotantes, la instalación en el lecho y subsuelo marino de cables, plataformas de exploración, estaciones de observación científica, boyas para descarga, por medio de ductos submarinos hacia instalaciones en tierra y toda otra obra de infraestructura similar", dice el texto del artículo 3 de dicha Ley.

El Ministerio de obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano, a través de la Unidad de Concesiones será la encargada de elaborar las bases de licitación, de acuerdo a los parámetros establecidos en esta ley, tramitar los procedimientos de licitación para el otorgamiento de concesiones de espacios de dominio público marítimo terrestre, llevar registro actualizado de las resoluciones sobre factibilidad de proyectos y declaratorias de interés nacional emitidas, entre otras obligaciones establecidas en la normativa.

La Autoridad Marítima Portuaria (AMP) será la institución encargada de realizar el análisis técnico, económico y financiero de los proyectos presentados a efecto de establecer su factibilidad.

Según el decreto, el plazo de concesión otorgada por el Estado al concesionario será hasta cincuenta años y podrá ser prorrogable, siempre que las condiciones fueren favorables para el Estado y el concesionario así lo solicite. Además, incluye sanciones a servidores públicos y particulares por infracciones a la ley, así como el respectivo procedimiento para la resolución del caso.

"Con esta nueva Ley marco todas las empresas que quieran construir e invertir en la zona marítimo terrestre tendrán que tener un permiso y estarán regidas por la misma", explicó la diputada Margarita Rodríguez, del Grupo Parlamentario del FMLN.

Para la explotación del espacio marítimo terrestre, el concesionario pagará al Estado salvadoreño un monto, el cual será determinado con la aplicación de una fórmula y según la cantidad total de inversión definida en tres categorías: las inversiones hasta $100 mil, de $100 mil a $1 millón y mayores de 1 millón de dólares.

Dicho proyecto de Ley fue promovido por el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén y obedece a una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el artículo 134 de la Ley General Marítimo Portuaria, que facultaba a dicha instancia el otorgamiento de los permisos a los privados para la explotación de espacio marítimo, y en la mismo mandató a la Asamblea Legislativa el otorgamiento de las concesiones.

Cabe destacar que durante el proceso de análisis y discusión del proyecto en la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, se contó con la participación el presidente de la Autoridad Marítima Portuaria, René Hernandez, quien agradeció a los grupos parlamentarios el respaldo para la aprobación de la normativa que contribuirán al desarrollo marítimo portuario de El Salvador.

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