Aprueban reformas que fortalecen los derechos de los consumidores

En la plenaria del jueves 5 de julio, con 57 votos favorables, las representaciones legislativas aprobaron un pliego de reformas a la Ley de Protección al Consumidor, encaminadas a regular el comercio electrónico, los cobros difamatorios y la violencia simbólica contra las mujeres en la publicidad comercial, entre otras disposiciones para proteger los derechos de los usuarios.

Nuestros diputados y diputadas comprometidos con el fortalecimiento y defensa de los derechos de los consumidores, concurrieron con sus votos para la aprobación de estas reformas que “prohíben a los proveedores la realización de gestiones de cobro de carácter difamatorio o injuriante en perjuicio del deudor, codeudor, fiador o sus familiares, utilizando medidas de coacción física o morales, así como publicar por cualquier medio de comunicación nombres, datos personales o fotografías de personas naturales o jurídicas por incumplimiento de sus obligaciones crediticias”, plantea la reforma al artículo 18 del decreto.

Otra de las enmiendas va orientada a homologar la normativa con la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres, para erradicar todo tipo de publicidad con contenido sexista en la comercialización de bienes y servicios por parte de los proveedores.

“Se entenderá como publicidad ilícita la siguiente: La publicidad que atente contra la dignidad de la persona, o vulnere el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen reconocidos en la constitución, especialmente en lo que se refiere a la mujer, juventud, infancia o grupos minoritarios”, reza el texto de la reforma el artículo 31de la ley.

“La reforma aprobada “es fruto de un largo esfuerzo de la defensoría del consumidor. El FMLN tiene una larga historia de defensa de los consumidores y hemos desarrollado esfuerzos ciudadanos, sociales para la debida defensa”, destacó nuestro diputado Damián Alegría, miembro de la Comisión de Economía.

En atención a una sentencia de inconstitucionalidad al artículo 42 por parte de la Corte Suprema de Justicia, en agosto del 2015, que mandata tipificar las infracciones, la modificación incluye: “Son infracciones leves, las acciones u omisiones siguientes: No detallar los bienes o servicios, y el precio, tasa o tarifa de los mismos, en el comprobante legal que se le entrega al consumidor. Hacer cargos, al recibir del consumidor, pagos anticipados en cualquier operación de crédito, bancaria o de venta a plazo de bienes muebles, salvo las excepciones establecidas en esta ley”.

Además se establece sanciones por engañar al consumidor por medio de promociones u ofertas dirigidas a su domicilio. No entregar o poner a disposición del consumidor, por cualquier medio físico o electrónico la copia del contrato firmada por el proveedor, y sus anexos, el mismo día de la contratación, salvo para los proveedores de servicios financieros, quienes estarán obligados a entregar o poner a disposición dicha documentación dentro de un plazo máximo no mayor a diez días siguientes a la fecha del desembolso. Ofrecer al consumidor, bienes o servicios, sin exhibir los precios en los términos descritos en esta ley y su reglamento.

Las acciones para interponer denuncias por las infracciones a la presente ley, prescribirán en el plazo de tres años, contados desde que se haya incurrido en la supuesta infracción, según lo planteado en el artículo 117 de la normativa.

Por su parte, nuestra diputada Yanci Urbina, resaltó la importancia de la aprobación de estas reformas que “fortalecen los derechos de los consumidores de productos financieros, protegiéndolos de los cobros indebidos, injuriantes, difamatorios que exponen a las personas en su identidad con sus datos personales y además incorpora la protección para los usuarios de plataformas electrónicas en la realización de sus transacciones y adquisiciones de productos y servicios en línea”, resaltó.

La iniciativa de reforma promovida por nuestros diputados y diputadas del FMLN y otros grupos parlamentarios fueron analizadas en el seno de Comisión de Economía, y consultas con diferentes instituciones como la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA), Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), Ministerio de Economía, Cámara Salvadoreña de Comunicaciones (CASATEL), Cámara Salvadoreña de Tecnología (CASATIC), Cámara de Comercio de Industrias de El Salvador, entre otras instancias involucradas con la temática.

SUBIR