Aprueban disposición transitoria para juramentar a miembros del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial

La Asamblea Legislativa aprobó con 79 votos un decreto transitorio que contiene una disposición para que el Consejo Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial sea juramentado y asuma sus funciones y retome temas pendientes en materia de ordenamiento territorial.
 

El decreto transitorio consiste en brindar un nuevo plazo de 5 años a partir de su publicación en el Diario Oficial, al citado consejo para que una vez juramentado, evalúe y proponga las reformas a la Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial.

Carlos Ruiz, diputado del FMLN aplaudió la integración de COMURES al esfuerzo que ejecuta el gobierno para la búsqueda de soluciones a los problemas, como el ordenamiento del territorio nacional, ya que es una necesidad impostergable.

El Consejo Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, a pesar de no estar juramentados, ya trabajan en una propuesta de reformas a la Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial y al reglamento, de acuerdo a la realidad de los cambios en el territorio.

Según el parlamentario Carlos Ruíz, entre las funciones del Consejo Nacional está la formulación de la Política Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, además de coordinar e impulsar la formulación y ejecución de instrumentos de ordenamiento y desarrollo en el ámbito nacional. "Por ello es que el FMLN va a votar por el decreto transitorio para juramentar a los miembros del consejo Nacional, tal como lo mandata la normativa", reiteró.

Agregó que una vez juramentado y establecido el consejo, éste podrá dictaminar respecto a la adecuación de los grandes proyectos de infraestructura de impacto nacional, teniendo en cuenta las directrices establecidas en el Plan Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial.

El 11 de marzo del 2011, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, y fue publicada en el Diario Oficial en julio del mismo año. En dicha normativa se define al Consejo Nacional como máxima autoridad para la aplicación de dicha normativa.

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