Retoman estudio de Disposiciones Especiales para crear comisión para el registro de víctimas de El Mozote

En sesión de trabajo de este martes 24 de julio, la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales retomó el estudio de la solicitud del gobierno, para que se aprueben las Disposiciones Especiales y Transitorias para el Establecimiento del Estado Familiar o Fallecimiento de las Víctimas de la Masacre de El Mozote y Lugares Aledaños.

Según informó la diputada Anabel Belloso, con las medidas especiales se busca “la creación de una comisión que tenga como responsabilidad crear o facilitar el procedimiento para el registro familiar o de vínculo familiar de las víctimas y familiares sobrevivientes de la Masacre de El Mozote” Dicha propuesta ingresó a la Asamblea Legislativa en diciembre pasado y conocida en la comisión donde se emitió dictamen favorable, sin embargo al someterlo a votación del pleno legislativo, en febrero de este año, regresó a comisión al no contar con los votos necesarios.

“Es de justicia; y la necesidad, la urgencia de esto es que a pesar de que a través del Ejecutivo ya existe una comisión que ha tenido el cargo de levantar un registro único víctimas, hay personas que no pueden ser identificadas a través de una partida de nacimiento, o su relación y vínculo familiar no puede ser establecido por falta de registro. Se conoce que durante el conflicto muchos de estos registros se perdieron y ahora es necesario establecer este vínculo y registro familiar para que la población sobreviviente o familiares de víctimas puedan gozar de los diferentes beneficios que está implementando nuestro gobierno”, expresó la diputada Anabel Belloso.

Destacó que en lo que es atención en infraestructura, salud y educación, ya se están implementando programas y proyectos en esta zona, y citó como ejemplo la construcción y pavimentación de calles y la ejecución de dos centros escolares ubicados en los caseríos El Mozote y El Barrial del municipio de Meanguera, departamento de Morazán.

La iniciativa responde a una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2012, que responsabiliza al Estado de graves violaciones de derechos humanos en el marco de la masacre de El Mozote y lugares aledaños en el departamento de Morazán, en los municipios de Meanguera y Arambala.
 

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