FMLN respalda prorrogar por un año más las medidas extraordinarias de seguridad

Las y los diputados del Grupo Parlamentario del FMLN y miembros de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narco Actividad de la Asamblea Legislativa, Misael Mejía, Roger Blandino Nerio y Crissia Suhan, reiteraron su respaldo a la propuesta de prorrogar por un año más las medidas extraordinarias de seguridad en los centros penitenciarios.
 

La Comisión de Seguridad recibió esta mañana la iniciativa del Ejecutivo que contiene "Disposiciones Transitorias y Extraordinarias en los Centros Penitenciarios, Granjas Penitenciarias, Centros intermedios y Centros Temporales de Reclusión", y su vigencia será del 1 de mayo del 2018 al 30 de abril del 2019.

En este punto, el diputado Misael Mejía reiteró la importancia de aprobar lo antes posible la prorroga al decreto, que ha permitido al Estado asumir el control del sistema carcelario y que está dando resultados positivos en la disminución de los delitos. "Este tema debe seguir lanzando mensajes positivos de consenso, de unidad y claridad en el combate a la criminalidad en el país, más allá de los resultados electorales", indicó el legislador.

Para Roger Blandino Nerio, las medidas extraordinarias han sido útiles para enfrentar la persecución del delito. "Si son útiles no vemos porque quitarlas. Será otro momento cuando el proceso de contención de este problema de violencia haya avanzado y madurado más que podríamos plantearnos modificaciones o su desaparición, Pero si es necesario hacer algunos ajustes hay que hacerlo para estar más a tono con las necesidades", concluyó.

Por su parte, los legisladores de derecha plantearon que antes de aprobar el decreto es necesario conocer de parte de las instituciones involucradas en el tema, los resultados y logros en la aplicación de las medidas extraordinarias. En ese sentido, acordaron convocar el próximo martes 13 de febrero, a las autoridades las autoridades del Gabinete de Seguridad Pública, Corte Suprema de Justicia (CSJ), Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

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