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  • Familiares de desparecidos demandan “Justicia, Verdad y Reparación”

    La petición de familiares de desaparecidos durante el conflicto armado que vivió el país y la Asociación Probúsqueda es a través de del anteproyecto de Ley de Reparación Integral para las Víctimas del Conflicto Armado", presentado este día ate la Asamblea Legislativa.
  • Sala de lo Constitucional en franca acción desestabilizadora del Gobierno y del Estado de Derecho

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    La derecha de El Salvador busca a todas luces desestabilizar al gobierno y hace uso de sus poderes para lograr su objetivo a través del estrangulamiento financiero no aprobando el presupuesto en tiempo y no aprobando los diferentes préstamos a fin de que el ejecutivo busque otras alternativas que son atentatorias a la gente, al pueblo; por ejemplo Arena con su pacto fiscal aconsejan que se aumente en dos puntos al IVA, que se despidan miles de empleados públicos, que se eliminen los subsidios al agua, a la energía, al transporte, al gas, a la educación, que se eliminen los programas sociales como Ciudad Mujer, paquetes escolares, paquetes agrícolas, zapatos, uniformes, entre otros.

  • Brasil: Se ha consumado un golpe de estado

    19051601Hace años el mundo presenció por televisión el uso de las nuevas armas que se usaban en la invasión a Irak bajo el pretexto de que el gobierno de ese país poseía armas nucleares, producto de ello se consumó una enorme destrucción de la cual el pueblo iraquí no sale aún, y el mundo pudo darse cuenta en poco tiempo que era falso que ese país y su gobierno tenían armas nucleares. Ahora, durante meses hemos presenciado otro drama por todos los medios informativos modernos, que al instante comunican hasta los gestos y expresiones de odio y alejadas de racionalidad, de quienes sirven de instrumento para consumar planes que representan una especie de invasión a la soberanía popular y a una institucionalidad construida con empeño a lo largo del tiempo, después del golpe de Estado en 1964.

    Así y no de otro modo es el dramático golpe de Estado sufrido injustamente por la Presidenta de Brasil Dilma Rousseff.

    Sin que haya cometido algún delito, se inventaron pretextos y se articuló cada uno de los actos, el coro y el desenlace de una deposición de la mandataria. Los medios de comunicación corearon sin probar, que había cometido el delito de maquillar el déficit presupuestario, le acusaron de pagar con fondos de la banca pública los programas que benefician al pueblo brasileño. Nadie puede afirmar que malversó fondos, que robó un centavo, pero ya ha sido condenada sin probar delito alguno.

    Dilma Rousseff y el Partido de los Trabajadores (PT), representan un proyecto político, una visión de justicia social y transformación de realidades injustas, y lo expresan la circunstancia de haber sacado de la pobreza a decenas de millones de personas con programas que representaron en cada momento un ejemplo de creatividad, sacaron al país del estancamiento económico y lo colocaron en lo alto, lo integraron al bloque de países de economía emergentes junto a Rusia, China, India, Sudáfrica.

    Crearon el concepto de presupuesto participativo desde que su incidencia en la esfera pública ganaba únicamente gobiernos municipales y escasos espacios parlamentarios; crearon junto a otros gobiernos sudamericanos formas nuevas de integración y cooperación para el desarrollo de los pueblos. 54 millones de ciudadanos decidieron reelegir al PT y a Dilma para un cuarto período presidencial del PT y un segundo de la primera mujer presidenta de ese país.

    Sin que sea un régimen político parlamentario, y sin haber delito, se ha utilizado al parlamento y al sistema judicial para irrespetar la voluntad soberana del pueblo e imponer a un Presidente que esté comprometido con otro programa político que no es el que el pueblo escogió.

    La Presidenta simboliza la víctima personal, ha sido pisoteado su derecho, su responsabilidad, la que el pueblo le dio conforme a sus propias reglas constitucionales y legales; pero en el trasfondo lo que los golpistas buscan erradicar es el proyecto político de beneficios sociales en soberanía y democracia. Lo que empezamos a ver con el anuncio de medidas contra el pueblo brasileño por el Vicepresidente, es, en esencia, el mismo drama de los países invadidos militarmente, intervenidos políticamente, el mismo drama de un pueblo luego de los viejos golpes de Estado que se ocasionan con fuerzas militares.

    Con asombro presenciamos la negación de la democracia y ejecutarse los diseños de las nuevas formas de quitar gobiernos al margen de la voluntad mayoritariamente de los pueblos, se consolidan los formatos experimentados en Honduras y Paraguay que impulsan las fuerzas oligárquicas, las derechas recalcitrantes, con su dominio de instrumentos modernos como los medios de comunicación, con mayor poder amplificado con las nuevas tecnologías. El tiempo, la profundidad de los daños que causan a nuestros pueblos estará directamente relacionado a la capacidad de resistencia y reorganización de los proyectos progresistas, revolucionarios y transformadores.

    Brasil ha sido profundamente herido, su pueblo, el que rechaza el golpe, el que luchará contra la imposición merece la más amplia solidaridad de los pueblos. La presidenta Dilma Rousseff es una mujer de enorme valor y sabiduría, es clara su expresión de luchadora de todos los tiempos cuando afirma que ha sentido el dolor de la cárcel, el dolor de la enfermedad y ahora el de la injusticia que es el que más duele. Ha invitado a la lucha y sin duda esta está ya desplegada.

    Qué bueno que el Presidente Salvador Sánchez Cerén haya sido tan claro en desconocer un gobierno que no surge de la voluntad democrática del pueblo brasileño. Identifica la manipulación política para deponer a una Presidenta electa con el voto popular y sin que exista motivo alguno. Esta postura es un bálsamo en la herida que del pueblo brasileño se extiende a todos los luchadores y luchadoras de nuestra América.

    Licda. Norma Guevara @guevara_tuiter

  • 14 de mayo: Primer año de la última legislatura

    11051605El Artículo 124 de la Constitución establece que los miembros de la Asamblea Legislativa se renovarán cada 3 años y que el período de sus funciones iniciará el 1 de mayo del año de su elección; ocurrió en el año 2015 que la Sala de lo Constitucional impidió que este mandato se cumpliera; mandó a recontar los votos del departamento de San Salvador cuando la máxima autoridad en materia electoral (Art. 209) había declarado firmes los resultados electorales y había entregado las credenciales a las y los diputados electos.

    Este acontecimiento sin precedentes en la historia, dejó al país sin Asamblea Legislativa los primeros 13 días del mes de mayo y fue hasta el 14 de mayo que la Asamblea pudo constituirse como tal, e iniciar el mandato para el cual el pueblo eligió.

    Entre el 14 de mayo de 2015 al 30 de abril de 2016 nos acercamos a los 300 decretos aprobados, entre ellos 22 leyes nuevas, de importancia para el desarrollo del país como Ley Especial de Adopciones, Ley de Probidad, Ley de Reparación por Daño Moral, Ley de Firma Electrónica, Ley del Premio Nacional de Juventud, Ley de Presupuesto General de la Nación, Ley de Salarios, Ley Transitoria para Facilitar el Asentamiento de Partidas de Nacimiento a Personas Adultas Mayores, Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana, entre otras.

    En este lapso la Asamblea autorizó 9 negociaciones de préstamos y sólo aprobó dos. El de 32 millones para construir un edificio sede de la Asamblea y el de 144 millones de dólares para la construcción de los puentes de Las Chinamas y Anguiatú; un tramo de carretera entre Zaragoza y Puerto de La Libertad. Unas 40 veces se reformaron las leyes de Presupuesto tanto la de 2015 como la de 2016. Unas 40 excepciones de pago de impuestos a entidades no gubernamentales y gubernamentales.

    Seis procesos electivos de funcionarios tuvieron lugar en este año: El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, 5 Magistrados de ese órgano correspondientes al período 2015 – 2024, al Presidente del Tribunal de Servicio Civil, el Fiscal General de la República, y a la Procuradora General de la República. En este sentido la Asamblea Acumula una deuda en la elección de integrantes del Consejo Nacional de la Judicatura.

    Más de 70 leyes han sido reformadas para adecuarlas a las necesidades actuales, se destacan entre ellas las relacionadas a la seguridad pública, el ramo de defensa nacional, el área financiera, electoral, educativa, de familia, penitenciaria, de partidos políticos, tributaria, del FONAT, para cancelar deuda agraria, para desafectar calles en desuso y línea férrea en beneficio de familias que las habitan, reformas a leyes de transporte y muchos campos más.

    Se han ratificado importantes convenios internacionales como el Tratado de Roma, se autorizaron canjes de nota, convenios y acuerdos que facilitan las relaciones internacionales y el comercio internacional. Se han definido límites entre municipios, establecido reconocimientos a lugares y personas, títulos a poblaciones y fechas conmemorativas.

    Cada evento reviste significado para cada grupo social o para toda la colectividad salvadoreña, demuestra que más allá de las diferencias naturales de las posiciones políticas incluso contrapuestas entre distintas fracciones legislativas, la Asamblea cumple una función de servicio al país como Órgano de Gobierno.

    Es importante destacar que el posicionamiento político del Grupo Parlamentario de oposición más numeroso ha bloqueado la adquisición de créditos importantes para el impulso de la inversión pública lo cual es reforzado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la medida que privilegia ésta, los intereses de los grupos económicos más favorecidos en detrimento de las finanzas públicas y la capacidad financiera de los municipios. Una de las más recientes medidas de la Sala es un amparo a favor de un ciudadano que lo convirtió irregularmente como inconstitucionalidad de un artículo de la Ley de Arbitrios de San Salvador. Esa resolución deja sin capacidad de cobro de los impuestos municipales a la actividad económica al municipio mientras no se emita una nueva ley.

    En el Grupo Parlamentario del FMLN, tenemos conciencia de los déficit frente a necesidades como la seguridad alimentaria, el agua, la minería, el financiamiento del desarrollo social; y pese al ambiente y la retórica de confrontación que a veces inunda a la Asamblea, pondremos el conocimiento, la relación con la gente, la energía y la tolerancia para seguir luchando por soluciones. Esas necesidades son y serán guía y método para servir al pueblo como se lo merece. Ese y no otro es nuestro compromiso social y político, es lo que manda nuestra identidad y nuestros valores, nuestras convicciones orientadas a la transformación de nuestra patria.

    Licda. Norma Guevara @guevara_tuiter

  • Institucionalidad y transparencia

    19041612La clase trabajadora, las fuerzas revolucionarias y progresistas de El Salvador hemos abierto la puerta de la democracia, de las transformaciones sociales, la inclusión y la transparencia en el ejercicio de gobierno. Desde las denuncias sobre el papel nefasto que en el pasado se hacía de instituciones como la extinta ANTEL (Asociación Nacional de Telecomunicaciones) para realizar fraudes electorales, hasta la batalla por un sistema judicial independiente y una Ley de Acceso a la Información Pública, han requerido muchas batallas. El ideal es que todas las instituciones cumplan su mandato constitucional y legal, y que, todas sus acciones sean puestas en función de las necesidades y derechos del pueblo.

    La lucha contra quienes han hecho del Estado, y de los fondos públicos, un espacio para su enriquecimiento o beneficio de sus empresas es la lucha de la clase trabajadora y de la izquierda, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN. La respuesta del sistema de justicia y de control a lo largo de décadas ha sido insuficiente, quedaron sobrepasadas y dejaron mucho que desear. Los fondos robados al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), al Fondo de Inversión Social (FISDL), a la Administración de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) ocurridos en los años 90 se quedaron sin respuesta y sin cuestionamiento de los medios de comunicación de la derecha, se quedaron en el olvido.

    Las pérdidas de fondos provenientes de préstamos para obras como la carretera Ex Diego de Olguín, del Hospital de Maternidad y para mejoras de otros hospitales ocurridos en la primera década de este siglo; siguen sin ser sancionados.

    Los casi dos centenares de denuncias interpuestas por funcionarios y funcionarias del gobierno del Presidente Mauricio Funes, sobre hechos que contienen claros indicios de corrupción, siguen esperando la acción de las instancias del sistema judicial, muchas otras denuncias de delitos ambientales cometidos por funcionarios y empresarios y que fueron reclamados en su momento como la tala con permisos ilegales en la Finca El Espino, en Santo Tomás y otros, o la destrucción ambiental en San Juan Opico, San Luis Talpa, o San Miguel, para recordar algunos de tantos casos, la justicia es completamente ausente y es el Estado el que ha de cargar con los costos financieros y la gente con la destrucción de sus habitas y deterioro de su salud.

    Esos silencios de las instituciones de justicia y mediáticos, esa capacidad de invertir la responsabilidad y condenar a la generalidad de lo que han hecho funcionarios o empresarios concretos, es la manifestación del aplastamiento de las instituciones en beneficio de intereses de grupos con poder fáctico, esa lógica es la que debe ser desmontada, esa lógica se desmonta desde el interior mismo de las instituciones y con la vigilancia de la ciudadanía honrada.

    Con la llegada del FMLN a la Presidencia de la República, las y los funcionarios, dejan de tener que responder a las tradicionales presiones del poder económico, de esos poderes fácticos que hacen uso patrimonial del Estado. No es casual que los mecanismos para responder a la ciudadanía desde las instancias estatales, es hoy una obligación. Es por eso, que surgen o refuerzan instituciones como: el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), el Instituto de Acceso a la Información pública (IAIP) y se reforman mecanismos claves, en el Código Tributario, para informar al pueblo sobre los deudores de la hacienda pública, o se ponen en marcha mecanismos que siempre fueron parte de la ley pero insuficientemente utilizados como las Comisiones Especiales de Investigación que pusieron los puntos sobre las íes en el contrato CEL-ENEL o los fondos donados por Taiwán que fueron a parar al partido ARENA.

    Cuando ANEP dedica su petitorio al Estado (eso han sido todas las jornadas de ENADE) a la corrupción y la impunidad, pareciera que se convencen que deben ser parte de esta batalla que hace décadas libramos los sectores populares. Dos ideas surgen para recomendarles: que sea una jornada de autocrítica y un compromiso de responsabilidad ciudadana y empresarial.

    Las instituciones salvadoreñas han venido experimentando un cambio positivo, a la base está el desarrollo de una ciudadanía más vigilante que asume a fondo su derecho a participar, criticar y demandar cambios. Es deber de todas y todos ayudar a su fortalecimiento para que la transparencia de las mismas sea garantía de mejor desempeño en función de la gente, del soberano pueblo que tiene derecho a una transformación para su bienestar.

    Fortalecer las instituciones requiere de una cultura participativa que es lo que fomenta la inclusión y el servicio de los últimos dos gobiernos electos por el pueblo, de respeto a la Constitución y al rol que cada una tiene como mandato.

    Licda. Norma Guevara @guevara_tuiter

  • ¿De verdad queremos que la gente tenga agua?

    07041605Hace más de 20 años un Panel Internacional de Científicos advirtió a la humanidad sobre los efectos del cambio climático, los gobiernos y una gran parte de la humanidad parecía incrédula; con el correr de los años pero en relativo corto tiempo hemos visto y seguimos apreciando que las advertencias tienen razón. Sequías, inundaciones, pérdidas de cosechas, deterioro de los suelos, deterioro de la calidad del aire, disminución de caudales en los ríos, agotamiento de los mantos freáticos, escasez de agua y muchos otros problemas que se traducen en sufrimiento humano, pérdida de vidas, disminución abrupta de condiciones de vida de millones de seres humanos.

    El papa Francisco en su encíclica "Laudato-si" ha señalado los patrones de consumo como una de las causas de la destrucción del planeta, que perjudica a todos pero especialmente a los más pobres; ha invitado a salir de la espiral de autodestrucción con un cambio de rumbo, ha señalado como camino la construcción de un consenso por una agricultura sostenible y diversificada, promover una gestión más adecuada de los recursos forestales y marítimos y a asegurar a todos el acceso al agua potable. Esas consideraciones científicas y éticas deben mover a la acción responsable en todas partes.

    La realidad y la conciencia creciente de los problemas presentes y futuros sobre la situación del agua en nuestro país deben llevarnos a actuar, todos en consecuencia con la necesidad de asegurar que este valioso elemento para la vida exista.

    Las autoridades de medio ambiente, el gabinete de sustentabilidad con participación de las organizaciones ambientalistas y comunitarias, amparadas en estudios serios produjeron ya una Política Hídrica que debe servir de marco para actuar con la mayor responsabilidad; en ella se identifican los problemas, las medidas y las inversiones imprescindibles para compensar las deficiencias en la producción de agua potable y para alimentar la infiltración en época lluviosa, pues está claro que es en el ciclo de la naturaleza que se produce agua y no en el chorro o la botella de donde la tomamos.

    Desde hace 3 años ANDA viene informando al país y a la Asamblea Legislativa del estado en que se encuentran las plantas potabilizadoras desde las cuales se provee agua a la región metropolitana, del vencimiento de equipos y de las condiciones de deterioro tecnológico, con las cuales los trabajadores han sacado adelante el servicio en los últimos años. Ha planteado las soluciones de corto y mediano plazo y las inversiones necesarias para evitar pérdidas de agua, gastos excesivos en la potabilización y para disminuir el consumo energético. Está claro además el impacto de 4 años consecutivos de sequía que han provocado reducción en el nivel freático de entre 3 y 26 metros y en algunos casos los pozos se han secado; esto afecta los sectores que se abastecen a partir de pozos como en La Chacra que luego de las sequías han bajado su nivel.

    Otros factores que vienen afectando la reserva de agua es la impermeabilización de suelos por las construcciones de vivienda, fábricas, oficinas, carreteras y en general la disminución de la cobertura vegetal. El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Gobierno de Francia han ofrecido apoyo financiero para realizar las inversiones que permitan mantener el abastecimiento de agua y esto requiere de la aprobación de créditos con voto calificado (56 votos) que hasta la fecha, aunque la mayoría de diputados las apoyamos, no se aprueban porque faltan los votos del partido ARENA.

    El déficit es creciente, y genera reclamos de sectores sociales más afectados en la región metropolitana, reclamos que requieren respuesta no solo señalando la razón del mismo sino apoyando las soluciones que ya están identificadas. Alta Vista, San Martín, Apopa, San Marcos y otros requieren de atender la causa del problema. Es la reparación de la Planta de las Pavas, la conducta del NO al financiamiento es una condena a la vida de la gente y por eso hay que demandarle a ARENA aprobar los créditos que su negativa mantiene estancados.

    En la Política Hídrica se prevé la importancia de otras fuentes además de la del Río Lempa, se señala la urgencia de hacer obras que permitan la potabilización del agua del Lago de Ilopango. El país debe saber que los problemas son serios pero es posible resolverlos con la contribución de todos, sin boicot y con un cambio de conducta que requiere de todos, mayor conciencia en el uso racional del agua, un cambio de cultura, como dice el Papa Francisco, una verdadera revolución.

    Licda. Norma Guevara @guevara_tuiter

  • Hechos irrefutables en sistema de pensiones privatizado

    15031605El Ministro de Hacienda Carlos Cáceres fue invitado al seno de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto para explicar las razones y el alcance de las reformas propuestas al actual sistema de pensiones. Fueron varias horas de intercambio con información constatable que a lo largo de años se ha ocultado, se ha deformado y sustituido por mitos propagandísticos engañosos a favor de un sistema que solo beneficia a las Administradoras de Fondos de Pensiones.

    Algunas afirmaciones presentadas por escrito y ampliadas en la presentación por el Ministro, representan el abc de cualquier sistema de pensiones; el deber ser. Otras revelaciones demuestran los efectos desastrosos de un manejo irresponsable por quienes privatizaron. Un tercer aspecto es la solidez de las propuestas para reformar el sistema.

    En este tema del que frecuentemente he compartido algunos datos de la historia de la privatización y de sus resultados, es necesario aunque parezca reiterativo insistir, en esta ocasión deseo referirme a algunos aspectos de la presentación del Ministro de Hacienda.

    Según el Ministro todo sistema previsional se debe considerar en equilibrio, es decir que el total de los ingresos producto de las cotizaciones y de la rentabilidad de las mismas debe ser igual a los gastos que ocasiona brindar los beneficios y su administración. Si este es un principio a observar significaría que quienes tienen pensiones derivadas de un sistema de capitalización individual tendrían que tener una pensión basada en sus cotizaciones y en el rendimiento de las mismas. Si le preguntáramos ahora mismo a un pensionado de las élites que reciben tres o cuatro mil dólares mensuales si cotizó lo suficiente para gozar de esa pensión tendría que aceptar que no.

    Lo mismo para quienes tienen pensión mínima, cuyas cotizaciones son el reflejo de los precarios salarios percibidos a lo largo de la vida, lo ahorrado es siempre insuficiente para sostener una pensión. Esto indica que las pensiones tanto mínimas como máximas que hoy reciben, están subsidiadas por el Estado; ese subsidio se ha pagado con deuda pública y erogaciones presupuestarias cada año. Esto quedó demostrado en la Comisión de Hacienda con datos irrefutables presentados por el Ministro Cáceres. Esta verdad es harto conocido por quienes planearon la privatización y la han ejecutado a lo largo de 18 años; pero propagandísticamente la ocultan mienten y crean afirmaciones que repiten millones de veces para crear una percepción contraria a la realidad.

    El Ministro reiteró que al momento de la privatización, a finales de 1997 el costo de la privatización era de 7,745 millones de dólares; las reservas eran de 338 millones de dólares, se las terminaron en el año 2001; para pagar las pensiones entre 2001 y 2005 endeudaron al país con 1,232 millones de dólares en eurobonos y en 2006 crearon el mecanismo de endeudamiento con el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales que obliga al Fondo de Pensiones prestar de las cotizaciones para el pago de pensiones. Este simple recuento demuestra que la privatización ha sido y es insostenible, que el Estado subsidia el modelo privatizado que se propagandiza como eficiente porque con ello intentan justificar las ganancias de los únicos beneficiarios, las AFP que han tomado entre un 36% en los primeros años, hasta el 17% actual.

    El Ministro demostró que el primer regalo a la privatización fue la sobrevaloración de las cotizaciones de los obligados y optados, es decir de los trabajadores que pasaron por ley a cotizar en las AFP menores de 35 años y los que fueron empujados a irse con ellas cuando tenían entre 36 y 55 años. Luego otras decisiones en tiempos de Francisco Flores y Antonio Saca que aumentaron la deuda y los compromisos estatales que el señor Chussi ha reconocido, que es un subsidio al sector privado superior a los 14 mil millones de dólares.

    Además del efecto perverso contra la hacienda pública del modelo privatizado en 1996, la incidencia de la economía, la precariedad de los salarios, la dolarización, y de la Ley del Fideicomiso han tenido su peso en la crisis del sistema que hoy debe enmendarse. Solo un 24% de la población económicamente activa cotiza, de los que cotizan por la irregularidad de los empleos menos de la mitad llega a cumplir los requisitos para obtener una jubilación. El 78% de quienes cotizan tienen salarios iguales o menores a dos salarios mínimos. A quienes se les devuelve lo ahorrado quedan desprotegidos en su salud por el Seguro Social.

    Reconocer el problema es el inicio para enfrentarlo, esto suponía desnudar la realidad; la propaganda sucia contra la reforma opera como un ruido para evitar que se entienda el problema y acepte la solución.

    Licda. Norma Guevara @guevara_tuiter

     

  • Salarios justos y pensiones dignas, merece la clase trabajadora

    16021605En Guatemala el salario mínimo es igual en el campo y la ciudad, $320.70; en Honduras el trabajador agrícola recibe como mínimo $257.08 y en la ciudad $357.36. Dos países vecinos son suficientes para demostrar que en ellos se pagan salarios más justos que los que reciben las y los trabajadores salvadoreños en sus 11 modalidades de salario mínimo, siendo el más alto el que recibe el empleado de comercio y servicios $251.70.

    Las demandas actuales de un salario mínimo de 300 dólares en la ciudad y 250 en el campo sin distinguir el tipo de labor agrícola están justificadas. El partido Arena en la campaña de diputados demagógicamente dijo que el salario mínimo debía ser equivalente a dos canastas básicas, en números eso sería más de 400 dólares. Pero llegada la hora de la verdad guardan silencio, mientras sus patrocinadores de la ANEP proponen aumentar el 3%, es decir, unos 4 dólares al mes. Esto es lo que la ciudadanía debe valorar.

    Para opacar esta batalla por simplificar el salario mínimo y dejarlo en dos modalidades que beneficiarían ante todo a la población rural, la derecha apunta con toda su energía a distraer y opacar el debate por el salario mínimo, acudiendo a piqueteros que presentan otro tipo de reclamos y dejan fuera de las noticias la batalla por un salario justo en el campo y la ciudad.

    Esto ocurre de modo simultáneo con la preparación por parte del Órgano Ejecutivo, de una propuesta que busca dar sostenibilidad al sistema de pensiones, pues a nadie escapa que la privatización lo único que asegura es la ganancia de las AFP y sus empresas de seguros que a lo largo del tiempo, desde 1998 han sustraído del total de cotizaciones más de 1,500 millones de dólares. Sistema hecho para que se socialicen las deudas y los riesgos entre el Estado y el trabajador mientras las empresas se hacen de jugosas ganancias.

    La derecha económica y política guarda silencio en el tema del salario mínimo y alza el grito en el cielo ante el riesgo de disminuir las comisiones que le aseguran la ganancia por solo llevar la cuenta de las cotizaciones de los trabajadores; pero se presentan en la campaña sucia como los interesados en mejores pensiones. ¿Acaso no saben los empresarios, la derecha política y las AFP que la jubilación en un sistema privatizado depende de la calidad del salario?.

    Cuando la privatización se impuso en 1996, el salario mínimo más alto era de $132. Todavía en el año 2008 era de $192.3 el más alto, el de comercio y servicios. Si del monto total del salario el trabajador aporta el 6.25% y el patrono el 6.75% para hacer un monto del 13% como cotización para la seguridad social, cómo es que no pueden comprender que a mejor salario las cotizaciones y en consecuencia el ahorro para la vejez será mayor. Y por el contrario si pagan y han pagado a lo largo de la historia y en los últimos 25 años salarios bajísimos, ¿cómo es que se presentan como abogados de mejores pensiones?.

    El salario más bajo en el Estado por disposición del primer gobierno ganado por el FMLN es de $300 dólares. Si un trabajador gana este salario su cotización (entre patrono y trabajador) es de 39 dólares al mes, de ese monto la AFP se lleva $6.60 y 32.40 van al ahorro de la persona cotizante. Si este salario no variara y cotizara 25 años, el ahorro sería de $9,720.00 dólares. La AFP se ha llevado líquido $1,980.00.

    Una pensión mínima para una persona que logra el requisito de edad y años de cotización es hoy $207.70. Hagamos la cuenta, ¿para cuánto dura lo ahorrado? La respuesta es 46 mensualidades; es decir menos de 4 años. La ley privatizadora dice que cuando lo ahorrado por el trabajador no ajusta para el pago de la pensión mínima, el Estado debe complementarla. Esto es que cuando se termina el ahorro, el fondo general del Estado, lo que se capta de todos los contribuyentes, debe responder por esa pensión.

    Si la AFP se lleva 17% de lo cotizado (eso es $6.60 de $39.00) ninguna tasa de interés compensa lo que la AFP se lleva, cuando en 1996 se privatizó, el interés bancario era alto, ahora con la dolarización es menor, por eso es un vulgar engaño afirmar que las pensiones son bajas debido al bajo interés que el gobierno paga por lo adeudo para pagar las mismas pensiones.

    Acepten, paguen mejores salarios y en el futuro mejorarán las pensiones. El solo sacrificio del Estado para compensar el ahorro es insuficiente e insostenible.

    Licda. Norma Guevara @guevara_tuiter

  • Es hora de tomar en serio el problema del agua

    27011601 La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA ha presentado ante la Asamblea Legislativa una solicitud de préstamo para financiar la rehabilitación de la planta de tratamiento de agua potable de Las Pavas. El monto solicitado es de 53 millones de Euros y sería otorgado por una agencia del gobierno de Francia. La sola solicitud ha obligado a poner en blanco y negro el grave problema para producir y distribuir agua potable a los hogares, a las empresas del gran San Salvador y a todo el país.

    Ha quedado claro que desde 1988 fue previsto que la planta potabilizadora de Las Pavas se debía abastecer de agua potable a la región metropolitana, ello suponía producir medio millón de metros cúbicos de agua al día; y el abandono al mantenimiento de esa planta la llevó una situación de casi destrucción y a producir con esfuerzo en los últimos 6 años la mitad de lo proyectado, cuando la población del área metropolitana aumenta. La planta se diseñó para ser operada automáticamente y por el abandono y destrucción a que fue sometida hoy es operada manualmente, lo cual encarece la potabilización y genera desperdicio.

    El plan de ANDA supone reponer la capacidad de producir agua potable con lo cual se podrá abastecer las zonas que hoy se ven afectadas en los municipios de Apopa, Ayutuxtepeque, Nejapa, Tonacatepeque, Mejicanos, Soyapango, Ciudad Delgado, Cuscatancingo y San Salvador. Más de medio millón de personas se verán beneficiadas y muchos desarrollos industriales también podrán realizarse con factibilidad de agua para funcionar.

    El financiamiento solicitado, ha sido autorizado por la Asamblea Legislativa sin los votos de los diputados de Arena, pero requerirá en su aprobación de 56 votos, lo que supone que diputados de ese partido apoyen el financiamiento de la rehabilitación de Las Pavas.

    Si la necesidad es clara y si los beneficios para la gente son evidentes; ¿Por qué los diputados de ese partido arman pretextos para negar sus votos? Públicamente han sostenido que condicionan sus votos a la revisión del pliego tarifario recientemente aprobado por ANDA conforme a su ley, y que disminuye los subsidios a las personas y empresas que consumen más de 20 metros cúbicos de agua al mes. El Estado subsidia a más del 70% de la población, eso significa que se disminuye el subsidio a quienes tienen alto consumo, pues lo necesario para un consumo familiar de acuerdo a parámetros internacionales es de 6 metros cúbicos al mes.

    Si en la solución de un problema de enorme magnitud de la población de la región más poblada del país la derecha arenera muestra su mezquindad, cómo no será en el abordaje a fondo del problema del agua que debe ser abordado consignando en nuestra Constitución que el acceso al agua y a la alimentación es un derecho humano, o en el abordaje de una ley marco para regular el agua y sus usos diversos (consumo humano, agropecuario, industrial y comercial entre otros).

    El problema global del agua demanda un cambio cultural y fortalecimiento institucional de fondo para asegurar a las presentes y futuras generaciones el líquido vital, es decir contribuir todos a realizar un uso racional del agua y asegurar que se asuman políticas de protección de las fuentes, evitar la deforestación que provoca la pérdida de infiltración de las aguas lluvias a los mantos acuíferos, reforestar las cuencas y una serie de otras prácticas que protejan la vida futura en nuestra patria.

    Se nos ha demostrado por parte de geólogos contratados por ANDA la disminución de agua en pozos desde los cuales actualmente se bombea y potabiliza para abastecer de agua, esto es resultado del cambio climático, de las sequías y de las prácticas que depredan nuestros recursos naturales.

    La población salvadoreña debe estar en conocimiento de esta realidad, debe exigir responsabilidad de los funcionarios que estamos obligados a responder a las necesidades del pueblo. Los diputados y diputadas tenemos el deber de legislar y las instituciones ejecutivas como ANDA de velar por el servicio de agua hoy y prever las necesidades del futuro. La población debe saber quiénes son los que se niegan a apoyar la solución de sus problemas y demandarles un cambio de conducta.

    Aprobar el préstamo solicitado por ANDA, aprobar la Ley de Agua y ratificar la reforma constitucional que establezca que el agua es un derecho humano, sería apenas empezar a tratar en serio el problema del agua. Ojalá exista la voluntad de dar un paso adelante y dejar atrás la mezquindad que sacrifica a las presentes y futuras generaciones.

    Licda. Norma Guevara @guevara_tuiter

  • 24 Aniversario de los acuerdos de paz ¿Qué tanto ha cambiado el país?

    18011602El 16 de enero de 2016 se cumple el 24 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, de estos 18 los dirigió el partido ARENA aplicando políticas neoliberales y los últimos 6 los dirige el FMLN realizando cambios sustanciales de beneficio a la gente históricamente excluida y marginada (jóvenes, mujeres, indígenas, comunidad LGBTI, adultos mayores, madres solteras, veteranos y veteranas de guerra del FMLN y de la FAES)

    La firma de los acuerdos de paz supuso la adopción de acuerdos y compromisos para consolidar la democracia y generar un clima de tolerancia entre las partes que se enfrentaron por más de 12 años en una guerra que dejó más de 75 mil muertos y 25 mil desaparecidos. Entre eso compañeros podemos mencionar indiscutiblemente al compañero líder histórico Schafik Jorge Handal, Chano Guevara, a los migueleños Gabriel Quintanilla, Francisco manzanares alias paco Cutumay, Dagoberto Soto, y a muchos hombre y mujeres, como no recordar a los padres Jesuitas y al beato Oscar Arnulfo Romero.

    Después de más de dos décadas de firmados los Acuerdos y con la consolidación de la izquierda en el gobierno se han dado importantes avances en el país, poco a poco se han ido reconociendo los errores del pasado y, aunque a paso lento, se va conociendo la verdad de las terribles violaciones a los derechos humanos que en su gran mayoría fueron cometidos por los gobiernos de derecha que estuvieron al frente del Estado salvadoreño durante la guerra y la posguerra utilizando Escuadrones de la Muerte y otros mecanismos de terror al pueblo.

    Aún ahora, quedan deudas pendientes, sobre todo con las miles de familias que sufrieron la muerte o desaparición de algún ser querido y que por años han estado buscando que se les haga justicia, por lo que es importante el esclarecimiento de los crímenes efectuados durante el conflicto armado en la década de los ochenta y principios de los noventa, para poder así afirmar que los acuerdos de paz no quedaron nada más en un documento sino que son compromisos cumplidos que permitirán la consolidación de un mejor país.

    En materia de las condiciones de desigualdad que generaron el conflicto, si bien en los últimos dos gobiernos se han dado importantes avances y se ha iniciado un camino para lograr ser una sociedad inclusiva y con igualdad de condiciones para todas y todos, aún queda mucho camino por recorrer para consolidar lo establecido en estos Acuerdos de Paz, sobre todo en temas como la distribución de la riqueza, la calidad de la educación, bajar la pobreza, el desempleo, la seguridad, la justicia, entre otros.

    El presidente Salvador Sánchez Ceren en su discurso de conmemoración de este 24 aniversario de la Firma de los Acuerdos celebró la aprobación de la ley de beneficios y prestaciones sociales para los veteranos de la fuerza armada y ex combatientes del FMLN, asegurando que su gobierno "está comprometido en dar fiel cumplimiento a este ley, pues creemos que constituye una parte fundamental del proceso de paz y reconciliación que vivimos". Esto no lo pudieron hacer los gobiernos anteriores.

    Tanto el Gobierno central como nuestros gobiernos locales, así como el FMLN celebran el 24 aniversario de los Acuerdos de Paz de Chapultepec, firmados entre el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), con lo cual se puso fin no solo a 12 años de conflicto armado y sino a 60 años de Dictadura Militar, de muchas violaciones a los Derechos Humanos, a los fraudes electorales para tener hoy un régimen democrático que avanza a pesar de las resistencias de la derecha y de los poderes facticos.

    A 24 años de la firma de los Acuerdos de Paz, se tiene muchos desafíos y retos por resolver, entre estos: controlar la delincuencia, mejorar el salario mínimo de la clase trabajadora, ampliar las fuentes de empleo, mejorar la calidad de la educación, es decir, hacer de el salvador un país más productivo, educado y seguro para alcanzar el buen vivir.

    Es importante destacar que, el Presidente Salvador Sánchez Cerén instó hoy en el Acto del 24 aniversario de la firma de los acuerdos al partido ARENA a reintegrarse al seno de la mesa Interpartidaria, instancia conformada por los diferentes partidos políticos que tienen representación en la Asamblea Legislativa y donde se debate sobre los temas prioritarios para el desarrollo económico y social del país que es una de las grandes deudas de los Acuerdos. Y dijo además, que "los Acuerdos de Paz nos enseñaron que las mejores conquistas son las que se alcanzan con el trabajo de todos", por lo cual desde el inicio de su mandato estableció la búsqueda consensuada de soluciones como una de sus principales políticas de trabajo.

    Estas celebraciones son importantes en tanto ayudan a las nuevas generaciones a conocer el pasado para entender el presente y predecir el futuro, son importantes porque permiten tener memoria histórica y valorar que el país que tenemos es el resultado de las luchas históricas del pueblo y de la sangre derramada de muchos hombres y mujeres que ofrendaron su vida para tener un nuevo El Salvador.

    Hoy vivimos en democracia, pero esta hay que construirla y perfeccionarla todos los días utilizando el dialogo, la concertación y el consenso como mecanismos que permiten entendimientos cuando se tiene voluntad política y cuando se deponen los intereses particulares por lo de nación, no cabe duda que la lucha continúa por un El Salvador en Paz con esperanza hacia el buen vivir y por un país en que todos y todas vivamos dignamente, la guerra social debe terminar y la paz entre nosotros debe imperar.

    Para el FMLN "Luego 24 años de firmar los Acuerdos de Paz podemos decir que en El Salvador hay elecciones libres y periódicas, que hay libertad de prensa, que hay respeto a los derechos humanos, que hay derecho a la educación y de expresarse, y todo eso fue conquistado luego de una dura guerra civil y no podía ser de otra manera".

    Nelson Quintanilla

  • La probidad que quieren los consentidores de la corrupción

    18011601La Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, que recién se derogó por la nueva Ley de Probidad, nació de la dictadura militar, era 1959. La encargada de su aplicación era la Corte Suprema de Justicia, era esta la encargada de darle las facultades a la Sección de Probidad, pues estas no estaban bien definidas por Ley.

    Pasaron los dictadores militares y la Corte nunca enjuició a alguien; pasaron los gobiernos de ARENA y la Corte le quitó la facultad de investigación a la Sección de Probidad, justo cuando se investigaba al ex presidente Francisco Flores y a los hombres fuertes de su gabinete (Juan José Daboub, Miguel Lacayo, Aldo Parducci, Carlos Quintanilla Schmidt , Guillermo Sol Bang, entre otros), y le devolvió dicha facultad, una vez el FMLN estaba en el gobierno.

    Cuando es la Corte Suprema de Justicia la responsable de la casi nula depuración judicial, con más de mil casos sin resolver, incluyendo denuncias de hace más de 20 años; cuando es esta Corte la que ha servido de guarida a los militares implicados en el asesinato de los jesuitas, reclamados por la justicia española; pues hace fácil entender el por qué se le quitó arbitrariamente la facultad de investigar, el por qué apenas se han iniciado 2 juicios en los 56 años de vigencia de la anterior Ley. Lograr el consenso mínimo de 8 de las 15 voluntades dentro la CSJ, les ha sido muy difícil para sacar la deuda histórica que tienen con la ciudadanía, y la mora sigue creciendo.

    La nueva Ley de Probidad busca corregir los vicios que han impedido la aplicación de la anterior Ley y adecuarse a los tiempos y legislación actual, además de ampliar su ámbito de aplicación, por lo que sí será un instrumento legal importante para el combate, la prevención y detección de la corrupción. Con la nueva Ley, cuando la Sección tuviere conocimiento de alguna infracción, iniciará de oficio el procedimiento correspondiente (art. 33). De tal manera que atenderá las denuncias ciudadanas.

    Es una Ley con más garantías, pues las facultades que ahora tendrá la Sección de Probidad son más y están definidas por Ley, es decir tiene más dientes y son permanentes, nadie las puede quitar discrecionalmente como ya pasó en 2005, cuando la CSJ le quitó la facultad de pedir informes a la Sección.

    En ese sentido el art. 22 de la Ley de Probidad, establece que: "... las facultades de verificación del patrimonio o de la subsanación de errores, inconsistencias u omisiones de las declaraciones,... es una facultad permanente de la Sección.". Así mismo, el art. 26 habla sobre la comprobación de las declaraciones: "...la Sección está facultada para pedir a todos los funcionarios y empleados públicos, personas naturales y jurídicas, la información que estime pertinente, inclusive aquella que goce de calificación legal de reservada, secreto bancario, declaraciones de impuestos...".

    La Ley establece un procedimiento sancionatorio moderno y eficaz, en la que en distintas instancias participan la Sección de Probidad, la Sala de lo Civil y la Corte Suprema de Justicia. Se establece el recurso de apelación y se dan mecanismos para evitar conflictos de interés entre salas, es por ello que conoce la Sala de lo Civil, para que sus actuaciones administrativas puedan ser controladas por la Sala de lo Contencioso Administrativo o la constitucionalidad de sus actos por la Sala de lo Constitucional, esto además del recurso de apelación, en el que conoce en 2ª instancia la CSJ.

    El procedimiento cumple con lo estipulado en el 2º inciso del art. 173 de la Constitución, que reza: "La ley determinará la organización interna de la Corte Suprema de Justicia, de modo que las atribuciones que le corresponden se distribuyan entre diferentes Salas." Por eso es preocupante cuando se escuchan posiciones que tratan de darle el monopolio de la investigación a la Corte en pleno, casualmente manejando la misma posición que utilizó la CSJ el 2005 para no investigar a Francisco Flores. Esas posiciones son, casualmente, de los que callan y consienten la corrupción del aún presidente honorario de ARENA.

    Son sinvergüenzas. FUSADES y ANEP son ya reconocidos por nuestro pueblo como herramientas de la ultraderecha salvadoreña, utilizadas para defender los intereses de la minoría oligárquica. En un pasado reciente han actuado bajo el nombre de "Aliados por la Democracia", hoy confabulan bajo el nombre de "Equipo Gestor". Ellos, con total desfachatez presentaron una demanda de inconstitucionalidad, alegando que en la ley aprobada había omisión del juicio civil, a pesar que en el proyecto de ley que ellos impulsaron bajo la iniciativa de ARENA (pueden constatarlo aquí: probidadelsalvador.org), no hay referencia expresa al juicio civil, es decir, es la misma omisión que ellos aducen. Aunque usted no lo crea.
    Y es que el artículo 240 de la Constitución tampoco hace referencia expresa al juicio civil, más bien se refiere a la obligación de restituir al Estado lo adquirido ilegítimamente. Es en ese sentido en que la Ley de Probidad se desarrolla, su art. 44 dice: "La aplicación de las sanciones previstas en la presente ley se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles, administrativas o de otra índole a que hubiere lugar.". En consecuencia, la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen o Destinación Ilícita, se aplicaría para la restitución de bienes al Estado, dando así estricto cumplimiento a la Constitución.

    Sin embargo la aún más sinvergüenza Sala de lo (In)Constitucional, admitió la demanda a pesar de evidentemente carecer de fundamento alguno. En su admisión, la Sala adelantó criterio y regresó a la vida la obsoleta ley anterior, justamente la ley que permitió la corrupción arenera y con la que anhelan darle una aplicación discrecional para perseguir a sus detractores. Es por ello que la derecha recalcitrante celebra regresar a la ley de la dictadura, esa es la probidad que quieren los consentidores de la corrupción.

    Víctor Suazo @suazohugo

  • Un aniversario más de la firma de los Acuerdos de Paz

    12011602El próximo 16 de enero se cumplirán 24 años de la firma de los Acuerdos de Paz entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN y el gobierno de entonces, encabezado por Don Alfredo Cristiani. Es preciso recordar y valorar la importancia de la gesta del pueblo salvadoreño que permitió abrir paso a un proceso democrático en nuestra patria luego de enormes sacrificios de sus hijos e hijas que lucharon abnegadamente para abrir paso a un país diferente.

    Fue una lucha de todo el pueblo, a lo largo de su historia, la que fue permitiendo la organización, movilización y lucha por erradicar un régimen de dictadura militar y la violación sistemática de los derechos humanos de la población que clamaba por justicia, por democracia y por el respeto a sus derechos. Fue una lucha en la que actuaron factores de distinto tipo, siendo los últimos años entre 1980 y 1992 el factor de la lucha armada el dominante, más este era la maduración de lucha política reivindicativa de obreros, campesinos, estudiantes, profesionales, de fuerzas políticas no armadas.

    La alianza del Frente Democrático Revolucionario FDR y del FMLN cruzó todo el conflicto; la iglesia católica, las iglesias cristianas fueron espacios en los cuales la conciencia social sobre la injusticia que vivía nuestro pueblo encontró aliento, consuelo y solidaridad activa. Por eso entre los mártires de nuestro pueblo encontramos al más grande de entre los grandes, a Monseñor Oscar Arnulfo Romero, cuyo asesinato el 24 de marzo de 1980 representó la advertencia de las fuerzas que negaban el cambio de estar dispuestos a todo tipo de sacrificio para impedir un cambio. La vida de Monjas, sacerdotes, catequistas, sindicalistas, estudiantes, empresarios progresistas y políticos llenan el altar de mártires y héroes sin cuyo sacrificio y entrega difícilmente hubiéramos alcanzado la paz. Los sobrevivientes de aquél tiempo y las nuevas generaciones de salvadoreñas y salvadoreños debemos reconocer su valor y rendirles tributo.

    Mario Zamora, Enrique Alvarez Córdova, Héctor Oquelí Colíndres, Guillermo Manuel Ungo, Manuel Franco, Ignacio Ellacuría, Magdalena Henríquez, Marianela García Villas, representan personas que sin pertenecer a movimiento armado alguno, entregaron todo en favor de un cambio justo. Miles y miles de hombres y mujeres de todas las edades, con convicciones revolucionarias y alta generosidad, ofrecieron su vida por un país libre de la dictadura y por la edificación de una patria nueva en la que se respete la vida, la dignidad humana y se permita la libertad para todos y todas: Lil Milagro Ramírez, Luis Díaz, Felipe Peña Mendoza, Rafael Aguiñada Carranza simbolizan las fuentes y partes de la unidad revolucionaria construida como FMLN.

    Los Acuerdos negociados con apoyo del Secretario General de Naciones Unidas tuvieron de marco una ofensiva en la que el pueblo salvadoreño, sus organizaciones sociales y el FMLN demostraban al mundo que el conflicto en El Salvador tenía raíces propias y requería de una solución propia. Y esa solución fue el cambio institucional del país, nuevas entidades, la reforma constitucional de 1991 en la que se derogaron las bases jurídicas de la dictadura, pues uno de los viejos artículos de la carta magna dejaba en manos de las Fuerzas Armadas velar por el cumplimiento de las leyes, los derechos humanos y el sufragio, además de prohibirse en ley la existencia de organizaciones políticas que no correspondieran al pensamiento único de la derecha oligárquica.

    Los Acuerdos de paz crearon instituciones que hoy tenemos y debemos fortalecer, eso resulta más práctico apreciar; pero sobretodo sacaron del juego político la legalidad de prácticas aberrantes de fraude y violencia, ejecutada desde las mismas instancias del Estado en contra del pueblo.

    Han pasado 24 años, las nuevas generaciones escucharán de amigos y parientes mayores, relatos de lo que nuestro país sufrió; pero ante todo debemos escuchar a nuestra conciencia el llamado a culminar la edificación de un país mejor, de una nueva Nación democrática, productiva, educada, segura y en paz.

    En el discurso dado en nombre de la Comandancia General del FMLN, el 16 de enero de 1992 en el Castillo de Chapultepec, el compañero Schafik Hándal, además de reconocer el heroísmo del pueblo, la madurez y voluntad de la contraparte, y de agradecer a gobiernos amigos y a la ONU, la solidaridad de los pueblos y movimientos revolucionarios, afirmó: "Las partes en la negociación hemos terminado nuestro trabajo, desde ahora la Nación entera asume el protagonismo de su propia transformación". Es esa la obra que tenemos entre manos y a la cual debemos aportar todas y todos.

    Licda. Norma Guevara @guevara_tuiter

  • El país tiene presupuesto para 2016

    091215-07El 26 de noviembre pasado se aprobó el Presupuesto General de la Nación, los presupuestos de las entidades autónomas y la Ley de Salarios para el año 2016. Es un gran paso en la seguridad jurídica con la cual debe funcionar el Estado salvadoreño en su totalidad. Quienes apuestan y trabajan por la desestabilización y la incertidumbre se quedaron a criticar como ha ocurrido desde 2009 cuando el partido Arena perdió la Presidencia de la República. Es bueno para la gente que se asegure que tendrá con seguridad los servicios y programas que el Gobierno a través de las diferentes instituciones le brinda.

  • Elecciones legislativas en Venezuela

    091215-06Este domingo 6 de diciembre la República Bolivariana de Venezuela acudió a unas elecciones legislativas en las que estaba en juego la continuidad de la Revolución Bolivariana iniciada por el comandante Hugo Chávez Frías y continuada por el Presidente Nicolás Maduro o la recomposición de la derecha para intentar retroceder ese proceso revolucionario al que la derecha y los gringos le llevan hambre.

  • ¿A quién sorprende una reacción reaccionaria?

    201115-05El 6, 7 y 8 de noviembre se clausuró el Primer Congreso del FMLN, un proceso deliberativo que duró meses y alcanzó más de dos mil jornadas de debate entre más de 20 mil integrantes del partido, dentro y fuera de nuestro país. Un congreso que situó en el centro del debate el análisis de la formación económica y social de nuestro país, la visión programática y el partido. Un congreso es esencialmente del interés de quienes asisten, se trata de profundizar conocimiento en un campo determinado, en la cultura de la izquierda los Congresos son comunes porque los partidos de izquierda expresan una visión compartida y una voluntad de trabajar por el logro de cambios, de transformaciones necesarias.

    Los médicos acuden a congresos para reafirmar o descubrir nuevos hallazgos y actuar con mayor certeza en el tratamiento de sus pacientes, por eso es uno de los campos en los que más se usa esta forma de profundizar y avanzar en el conocimiento y la práctica de una disciplina. Que un partido haga lo suyo fortalece la institucionalidad, pues el fundamento constitucional de la democracia reserva a los partidos políticos el rol de ser el único instrumento para el acceso al gobierno por parte de la ciudadanía. La Ley de partido define la misión de un partido como la de tener una visión de país y luchar por ella; ¿Por qué entonces extrañarse que el FMLN haga un Congreso?

    Sin duda para el FMLN su congreso es de un extraordinario valor, el proceso seguido es igualmente de mucho valor para sus miembros, pues nos dota de teoría, información científica, reflexión y nos motiva a actuar conforme a los desafíos de la sociedad de hoy. Un resultado adicional es el estado de ánimo del FMLN, nos da mayor cohesión, mayor conciencia de nuestro papel como sujetos de transformación social, para defender los logros y procurar avance. La construcción colectiva de ese conocimiento es algo que nos enorgullece, porque muestra que cada mujer y cada hombre en el FMLN están interesados en que su partido actúe junto al pueblo por alcanzar una vida digna.

    Ahora bien, si el FMLN se fortalece ¿Es obligado que cause temor en la derecha? No, no debiera ser así; los ataques que llenan páginas de periódicos y declaraciones públicas de personeros de la derecha se explican por el carácter anti democrático y reaccionario que ha caracterizado a la derecha salvadoreña. Jamás olvidemos que la libertad de organización, de expresión y de circulación la hemos ganado con lucha a lo largo de décadas. Esas reacciones fingen temor porque buscan cohesionar a su partidario, fingen temor como parte de su permanente batalla por el dominio ideológico de la sociedad.

    La democracia supone la existencia de pensamiento diverso, no de un pensamiento único, la democracia supone que cada quien lucha por ideas y para el FMLN que surgió del pueblo, de obreros, campesinos, estudiantes, profesionales progresistas, entre otros, es lógico que estemos en favor de más democracia, de un Estado que asegure los derechos de todos y principalmente de quienes más necesidades tienen. Siempre hemos luchado por darle vida a la democracia en su sentido amplio, sin reducirse a votar por un partido o una persona; hemos luchado por abrir espacio a la participación de la gente en las decisiones importantes, porque los derechos tengan mecanismos legales e institucionales que faciliten su exigibilidad.

    El FMLN es constructor de la democracia abierta con los Acuerdos de Paz y en virtud de ella las organizaciones comunales, sectoriales y hasta las empresariales expresan con libertad sus demandas; la ANEP hace anualmente sus ENADE y anuncia las medidas que según ellos debe hacer el gobierno, podemos no compartirlas pero son sus conclusiones, lo ven natural aunque no son partido político. Porque se extrañan que un partido de izquierda reafirme su programa, comprenda que debe defender al gobierno de la desestabilización que ellos promueven y avanzar.
    De la riqueza producida en el país más de la mitad se va a la ganancia, una migaja a los impuestos y otra a los salarios, que expresemos nuestra voluntad de luchar porque esa distribución sea más equitativa, que asegure a la clase trabajadora un salario digno y a los que ganan menos un salario mínimo mayor es lo más natural del mundo.

    Porque extrañarse que evaluemos el impacto del neoliberalismo impulsado por gobiernos de derecha y recordemos el daño que la dolarización y las privatizaciones han causado a la sociedad. Quienes critican el Congreso y acuden al mismo expediente de querer causar temor a una sociedad inteligente y madura que distingue a quien trabaja en su favor y quienes buscan proteger viejos privilegios, solo demuestran intolerancia, posturas reaccionarias y retrogradas.

    Licda. Norma Guevara @guevara_tuiter

  • Un paso adelante por la seguridad de todas y todos

    041115-05Por fin después de semanas de discusión entre los partidos políticos, las fracciones legislativas se decretaron dos contribuciones especiales, ambas para financiar acciones comprendidas en el Plan El Salvador Seguro. Las personas naturales y jurídicas que tengan utilidades iguales o mayores a medio millón de dólares al año, deberán contribuir con el 5% del total de utilidades; y toda compra o servicio de telecomunicación igualmente pagará en concepto de contribución especial el 5%. Se crea una cuenta presupuestaria específica para ese fin a la cual llegarán las retenciones hechas con base a los decretos aprobados.

    Se ha establecido que son 463 las personas naturales y jurídicas que entran en ese rango de utilidades mayores a 500 mil dólares anuales. Quedan pendientes de aprobar otras medidas que a pesar de su carácter simbólico tienen importancia para asegurar los recursos que permitan ampliar la capacidad estatal en el combate de la criminalidad y en la prevención de la violencia. Las decisiones pendientes son la reforma al Código Penal y Procesal penal para establecer la imprescriptibilidad de los delitos que de aquí en adelante se cometan contra la Hacienda Pública y municipal, especificar que ello abarca no hacer enterar de impuestos al fisco, apropiarse indebidamente de ellos y eliminar la excusa absolutoria que por ahora opera cuando se paga lo defraudado, el pago constituirá una atenuante del delito.

    Otras medidas serían el establecimiento de una contribución especial para la misma finalidad a los casinos, y además el establecimiento de un aporte equivalente al 5% del salario de funcionarios de elección popular, los nombrados por el Presidente de la República y los electos por la Asamblea Legislativa que tengan salarios nominales iguales o mayores a $ 2,300.00; la duración de las contribuciones aprobadas y de las que falta aprobar, será de 5 años y, la finalidad exclusiva, financiar acciones comprendidas en el Plan El Salvador Seguro.

    La PNC y los gobiernos municipales en los que se ha iniciado la aplicación del Plan en referencia, tienen absolutamente clara la necesidad de recursos extraordinarios para avanzar en la construcción de mayor seguridad para nuestro pueblo.

    La PNC está demostrando su abnegación y sacrificio en este combate, merece apoyo. La transformación de entornos propicios para la socialización que permita asumir valores y fortalecer el tejido social en comunidades de alto riesgo, requieren inversión que ayude como indica el plan a "dar respuesta a los factores estructurales de la violencia y la criminalidad".

    Desde el 15 de enero del presente año conocimos los salvadoreños el Plan El Salvador Seguro, un resultado de la concertación más diversa que hemos conocido en los últimos años, producto del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. A esas alturas se visualizaba como urgente la necesidad de disponer de recursos extraordinarios para atender con el apoyo de todos y todas las acciones orientadas a atender en el corto, mediano y largo plazo las causas que generan la violencia y la delincuencia. El Consejo afirmó en ese plan: "la sociedad salvadoreña se encuentra afectada por elevados niveles de violencia, criminalidad y miedo que restringen la libertad de las personas, afectando su calidad de vida y la convivencia armónica, limitando sus opciones de desarrollo humano y erosionando el Estado de Derecho y la democracia."

    El plan, es una realidad, incluye acciones a ejecutar por el Estado, por sus tres órganos de gobierno y los gobiernos locales en compañía de las iglesias, las empresas privadas, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional, ha hecho y hace falta la propia respuesta desde el seno de la sociedad salvadoreña para llevarlo adelante.

    Lo principal es la voluntad política de llevarlo a cabo, de apoyar su realización, y una consecuencia de esa voluntad es asumir con valentía las decisiones requeridas para ampliar los recursos financieros que junto a los recursos ordinarios que ya cubre el Presupuesto General de la nación, aseguren la eficacia requerida.

    La aprobación de dos contribuciones especiales es un paso adelante en favor de la seguridad para todas y todos, ha sido dado gracias a la voluntad de diputados del FMLN, GANA, PCN y PDC. El principal partido de oposición, ARENA mantiene su negativa a contribuir en favor de estas decisiones.

    El plan contabilizó requiere de 2,100 millones de dólares en 5 años, y como fuentes posibles definió: Recursos del presupuesto, préstamos ya negociados, nuevos préstamos, contribuciones privadas, cooperación internacional y contribuciones especiales para alimentar el Fondo de Seguridad. Arena y ANEP fueron parte de quienes idearon el plan, pero a juzgar por sus posturas, queda claro que, una cosa es hablar y otra actuar responsablemente frente a las necesidades de la población.

    Licda. Norma Guevara @guevara_tuiter

  • FMLN se fortalece

    271015-08El 7 y 8 de noviembre tendrá lugar la clausura del Primer congreso del FMLN, es la culminación de un proceso de investigación, construcción de pensamiento político y debate sobre la realidad de nuestro país, del contexto regional e internacional, de las ideas que impulsan procesos políticos de cambio en favor de los pueblos y el papel que un partido revolucionario está llamado a jugar en la sociedad salvadoreña.

    El sentido de un amplio debate sobre la realidad y el papel del partido tiene implícito el propósito de fortalecer una institución que ha sido impulsora de cambios en nuestra patria, sería impensable la reforma del Estado desde 1992 a la fecha sin la persistente acción política del FMLN en favor de la democracia, la justicia social y el ejercicio de derechos de la ciudadanía. Y como sujeto de las transformaciones del país, se impone la necesidad de ajustar la visión al momento complejo que vive el mundo hoy.

    En los 14 departamentos y en el exterior las y los integrantes organizaron grupos de debate de tres documentos preparados por la Comisión de Congreso con participación de la Comisión Política, esos documentos fueron referidos a la realidad económica y social de nuestro país bajo el título Formación Económica y Social de El Salvador; un segundo documento fue referido a las estrategias del partido y su visión programática para el impulso de las transformaciones; el tercer documento versó sobre el partido, su historia, su lucha, su organización y las orientaciones necesarias para su fortalecimiento.

    Las jornadas de debate llevaron entre cinco y hasta diez horas y en su inmensa mayoría las y los miembros del partido asistieron a las tres jornadas. El pensamiento debatido y procesado colectivamente estaba llamado a enriquecerse, completarse y eso ocurrió.

    Una vez las asambleas de debate designaron delegadas y delegados, todos los congresistas y las congresistas fueron convocados a Asambleas departamentales para conocer la versión resulta tanto del debate. Hay que decir que quienes hemos tenido la oportunidad de participar en las primeras tres jornadas de debate y luego en las dos jornadas departamentales podemos afirmar que el debate ha enriquecido el pensamiento del partido y sin duda la clausura será un éxito. Una base para las luchas futuras que el FMLN debe librar para mantener y profundizar las transformaciones de nuestro país.

    El I Congreso se da antes de la elección de autoridades en el partido, y de acuerdo a los Estatutos, sus conclusiones constituyen recomendaciones para la dirección del partido. Así es puesta una visión actualizada en condiciones de ser la fuerza política que gobierna el país, que realiza una política de alianzas para asegurar la gobernabilidad democrática y detener los empeños de restauración neoliberal que impulsan fuerzas de la derecha pro oligárquica.

    Sin duda alguna la militancia partidaria adquiere con esta jornada una mayor conciencia de su papel en la sociedad. Sus jóvenes, mujeres, sus miembros que son al mismo tiempo de diversas organizaciones, o que participan en funciones de servicio público sabremos defender mejor el rol constitucional de los partidos y de la organización social en la defensa e impulso de los cambios.
    Los cambios requieren de instituciones sólidas en el Estado y en todos los ámbitos de la sociedad, los partidos son necesarios por cuanto agrupan las expectativas de diferentes sectores y le dan cohesión.

    A la Comisión de Congreso y especialmente a Medardo González quien encabeza, le agradecemos haber organizado adecuadamente este válido mecanismo de fortalecimiento partidario. Estamos todas y todos llamados a poner en práctica las recomendaciones que se oficialicen en la Clausura del Primer Congreso del FMLN.

    Licda. Norma Guevara @guevara_tuiter

  • FMLN sus 35 años de vida, luchas y victorias

    141015-03Felicitaciones a cada integrante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN, al cumplirse 35 años de fundación. Fueron hombres y mujeres del pueblo organizados en sus comunidades, cooperativas, sindicatos, asociaciones, frentes estudiantiles, gremios profesionales y asociaciones campesinas, las que se percataban que la respuesta del régimen político a sus derechos, demandas y aspiraciones era la represión, explotación y fraudes electorales para imponer gobiernos derechistas. Así se formó la convicción de luchar políticamente por un cambio, por la revolución que transforma y cambia; cinco organizaciones dan inicio a un solo frente de batalla, el FMLN.

    El 10 de octubre de 1980, periodistas nacionales y de agencias internacionales fueron voluntariamente llevados a una casa aún desconocida en la ciudad capital para conocer una decisión de enorme trascendencia histórica, la voluntad de cinco organizaciones revolucionarias de unirse para formar al FMLN. Fueron las Fuerzas Populares Farabundo Martí (FPL), el Partido Comunista de El Salvador (PCS), la Resistencia Nacional (RN – FARN), el Ejército Revolucionario del Pueblo (PRS – ERP) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC). Este último culmina su integración en diciembre al establecerse como organización estrictamente salvadoreña.

    Antes en enero del mismo año, todas las organizaciones de masas se habían unido en la Coordinadora Revolucionaria de Masas CRM integrada por el Bloque Popular Revolucionario (BPR), la Unión Democrática Nacionalista (UDN), el FAPU, las Ligas Populares 28 de Febrero y el MPL, cada una de estas agrupaciones políticas tenían incidencia en alguna de las cinco organizaciones revolucionarias político militares que formaron el FMLN. En marzo de 1980 el Frente Democrático se integró con los partidos políticos opositores MNR (Movimiento Nacional Revolucionario), un grupo desprendido de la democracia cristiana, el MSP y el Movimiento Independiente de Profesionales y Técnicos (MIPTES), la CRM y el FD dieron origen al FDR (Frente Democrático Revolucionario) en el mes de abril.

    La enorme ola de organización y lucha del pueblo crecía, los asesinatos cometidos por los cuerpos represivos, la persecución y destrucción de sindicatos no detuvo su auge y el surgimiento del FMLN en ese contexto representó un salto, la expresión más alta de la voluntad de vencer y hacer surgir una sociedad diferente. El FMLN acrisoló esa voluntad popular del pueblo, de su heroísmo y de su confianza en la victoria.

    Fue enorme el sacrificio del pueblo y de la militancia a lo largo de 12 años de lucha revolucionaria en la calle, con las armas, en la solidaridad de los pueblos, en las relaciones diplomáticas con gobiernos del mundo dieron como resultado la firma de los Acuerdos de Paz con lo cual el Estado se refundó, la Fuerza Armada retomó un rol distinto, subordinado al poder civil, el FMLN dejó las armas y se organizó en partido político y a pocos meses participó en las elecciones en 1994.

    La presencia del FMLN cambió el régimen municipal y pronto ganamos el derecho de los gobiernos locales a tener una transferencia de los ingresos tributarios que con el FMLN en el Ejecutivo representa el 8% de los tributos.

    En la legislación se articuló la participación de la gente de modo de reforzar con sus demandas y opiniones el rol representativo de diputados y diputadas, los derechos pasaron a tener exigibilidad. Derechos de las mujeres, de los consumidores, de la juventud, el derecho ciudadano de los salvadoreños en el exterior; disponen de mecanismos de exigibilidad. Derechos no caridad, derechos no favores es la nueva comprensión que gana terreno con el FMLN en las alcaldías y en la Asamblea Legislativa.

    Seis años de los 35 del FMLN hemos ejercido gobierno desde la Presidencia de la República y ha quedado demostrada la voluntad de orientar los recursos públicos en favor de quienes más lo necesitan. Se reduce la desigualdad, la pobreza, se impulsa la agricultura destruida por Arena, la familia que manda sus hijos a la escuela pública, que requiere de hospitales públicos está siendo tratada como sujetos de derecho y tiene apoyo del Estado. La respuesta del conservadurismo y de los intereses de la oligarquía se expresa como esfuerzo de obstaculizar los avances y descrédito a los logros. Allí está el desafío del FMLN y del pueblo hoy.

    Avanzar requiere vencer en las nuevas circunstancias, hacerlo como homenaje a la memoria de los hombres y mujeres visionarios que comprendieron la importancia de la unidad de las fuerzas revolucionarias, de un partido fortalecido y unido al pueblo de todos esos sacrificios. A ellos y ellas nuestro reconocimiento y compromiso de hacer realidad la consigna que el compañero Schafik Hándal nos enseñó: ¡LA LUCHA CONTINUA! ¡Felicidades FMLN!.

    Licda. Norma Guevara @guevara_tuiter

  • 35 años de lucha política y electoral y su incidencia en la democratización del país

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    Este 10 de octubre, el FMLN estará cumpliendo 35 años de su nacimiento con doce años de experiencia político militar y 23 años de vida como partido político legal en la que ha participado en todos los procesos electorales desarrollados en el periodo de postguerra tanto para elegir presidente y vicepresidente, como para la elección de diputados y diputadas al PARLACEN y la Asamblea Legislativa, así como para los Concejos Municipales.

    El FMLN fue fundado el 10 de octubre de 1980 por las Fuerzas Populares de Liberación "Farabundo Martí" (FPL), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), la Resistencia Nacional (RN), el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC) y el Partido Comunista Salvadoreño (PCS). Hubo varios antecedentes de unidad guerrillera al FMLN. El 19 de diciembre de 1979 se formó la Coordinadora Político Militar, integrada por las FPL, la RN y el PCS. El ERP fue excluido, a pesar de que era el segundo grupo con mayor poder y antigüedad, después de las FPL, por exigencia de la RN. En 1975, el ERP se había dividido por discusiones acerca de la estrategia política y militar a seguir, y de allí surgió la RN. La dirigencia del ERP ordenó y ejecutó la muerte de dos de sus militantes: el poeta Roque Dalton y el obrero Armando Arteaga (Panicho).

    La primera acción de peso del FMLN fue el lanzamiento, el 10 de enero de 1981, de una ofensiva final en contra del gobierno salvadoreño, conformado por la llamada Junta Revolucionaria de Gobierno, una alianza de militares y civiles que duró de octubre de 1979 a principios de 1982, en tres etapas. La ofensiva no logró su objetivo y, aunque junto con ella desapareció el auge de la lucha de masas que vivía el país, el FMLN se fortaleció militarmente y condujo la guerra, desde el lado de la izquierda, hasta la firma de los Acuerdos de Paz de enero de 1992.

    El FMLN tomó su nombre del dirigente comunista Agustín Farabundo Martí (fusilado en el levantamiento campesino de 1932 por la Policía Nacional dirigida por Osmin Aguirre y Salinas durante el Gobierno del General Maximiliano Hernández Martínez), delegado del Socorro Rojo Internacional y uno de los organizadores de la insurrección campesina e indígena de 1932. El levantamiento fue controlado por la Guardia Nacional, organismo de represión interna creado en 1912, bajo el gobierno del general Maximiliano Hernández Martínez. Durante las operaciones de represión, miles de campesinos e indígenas fueron fusilados. Los historiadores aún debaten, las cifras de muertos. Éstas difieren según los autores, y van desde 7,000 hasta 30,000 personas.

    El FMLN logró el 26 de agosto de 1981 el reconocimiento de la Declaración Franco-Mexicana como fuerza política legítima y representativa del pueblo salvadoreño. Al interior del FMLN, sin embargo, se había formado una división relacionada a los objetivos y estrategia de la revolución. Esta división estuvo expresada en dos visiones distintas de la guerra: por un lado, Carpio lideraba la posición que planteaba el gobierno de la alianza obrero-campesina y la toma del poder por la vía armada mediante la estrategia militar de la Guerra Popular Prolongada. Handal, por su parte, proveniente de su reciente ruptura con la burguesía liberal del PDC y la UNO, planteaba la formación de una alianza con esas mismas fuerzas de izquierda y la solución político-negociada de la guerra. Entre consensos legítimos y maniobras conspiradoras,* la posición de Handal llegó a predominar en la mayoría de las fuerzas del FMLN y luego influenció a un sector magisterial de las mismas FPL de Carpio*.

    Cuando el FMLN extendió la guerra revolucionaria a todo el país y estableció "zonas bajo control" así como "zonas de influencia" (1983), éste demostró ser una fuerza militar y política de gran peso en el país. El conflicto salvadoreño adquirió las características de una guerra civil, pero ésta no era reconocida de tal forma por el Gobierno, hasta que recibió el reconocimiento de la comunidad internacional.

    El proceso específico que culminó con los Acuerdos de Paz de 1992 firmados en el castillo de Chapultepec, México, fue iniciado por el FMLN con la presentación de su propuesta de negociación del fin de la guerra en septiembre de 1989 en Washington, un mes antes de haber lanzado la ofensiva militar. Anterior a estos eventos, el FMLN había propuesto el diálogo y la negociación a la administración Duarte a través de la alianza FMLN-FDR (Frente Democrático Revolucionario). La opción de ofrecer la propuesta a Washington fue definida cuando el FMLN declaró ilegítimas las elecciones de marzo de 1989 y desconoció al presidente (Alfredo Cristiani de ARENA) resultante de las mismas. Pero no fue hasta que se firma el Acuerdo de Ginebra en abril de 1990 en presencia del Secretario General de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, que el proceso se tornó irreversible al programarse una agenda y calendario del resto del proceso.

    El significado de los Acuerdos de Paz se tradujo en el desmontaje completo de la estructura de la dictadura militar con cara democrática (dictadura de nuevo tipo) que imperó desde la presidencia de 1933 hasta 1992.
    El período de la legalidad institucional del FMLN se inició al serle otorgado por decreto legislativo del parlamento salvadoreño del 1 de septiembre su estatus como partido legal después de la firma de los Acuerdos de Paz en 1992 que pusieron fin a la guerra civil. Su personería jurídica, sin embargo, no fue otorgada hasta el 14 de diciembre debido a los procesos burocráticos que caracterizan la estructura estatal.

    A partir de entonces el FMLN comenzó una intensa jornada de esfuerzos organizativos y de institucionalización del partido, de realización de convenciones municipales y departamentales hasta culminar en la Primera Convención Ordinaria del 4 de Septiembre de 1993. La primera Convención fue una contundente demostración de la vitalidad de que gozaba el FMLN y en ella se aprobó la participación del partido en las elecciones generales de marzo de 1994, se autorizó al Consejo Nacional a concertar coaliciones, pactos y entendimientos políticos que fueren necesarios, se ratificó a los candidatos a la Asamblea Legislativa, aprobó un documento base de plataforma programática y tomó la decisión de apoyar la candidatura presidencial del doctor Rubén Zamora por la Convergencia Democrática y eligió al doctor Francisco Lima como candidato a la vicepresidencia de la República. En suma, la primera Convención Nacional nos preparó políticamente para la batalla electoral de marzo-abril de 1994.

    Luego de dicho proceso el frente a participado en cinco procesos electorales presidenciales en los primeros tres se convirtió en segunda fuerza política y en los últimos dos en la primera fuerza política sacando a ARENA del ejecutivo; en ocho procesos electorales para Diputados y Diputadas a la Asamblea Legislativa y para la elección de Concejos Municipales y en cinco procesos para la elección de Diputados y Diputadas al PARLACEN.

    En cada proceso electoral el FMLN ha ido acumulando experiencia político electoral hasta llegar a dominar las reglas hasta derrotar a la derecha en este terrero, ahora la derecha ocupa a la Sala de lo Constitucional para debilitar o buscar entorpecer el desarrollo del frente para que el pueblo se ponga en contra de este y de esa manera recuperar el poder del ejecutivo y regresar con sus políticas anti populares y de beneficio a la burguesía oligárquica que ha vivido de chupar la sangre del pueblo a través de políticas capitalistas de corte neoliberal generando injusticia y pobreza en los sectores mas vulnerables de la sociedad salvadoreña.

    Nelson de Jesús Quintanilla Gómez, Sociólogo y Diputado de la Asamblea Legislativa de El Salvador periodo 2015-2018

  • Dos víctimas: 900 millones de dólares y diputados suplentes

    081015-01Cuando las personas con responsabilidad de tomar decisiones, con "poder", se obsesionan en un error, son capaces de cometer al mismo tiempo varios errores. Estamos en un momento en el que la Sala de lo Constitucional debe resolver sobre la demanda admitida contra la emisión de 900 millones de dólares autorizados legal y legítimamente por la Asamblea Legislativa en abril pasado. La Sala ha pedido a la Asamblea Legislativa que remita el informe de los diputados suplentes que formaron parte de la aprobación del Decreto 1000 y el video de la plenaria en la cual se tomó esta decisión de mayoría calificada.

    Si los 4 magistrados que admitieron la demanda de un miembro del partido Arena para enjuiciar la supuesta inconstitucionalidad del DL 1000 en el que se autoriza al órgano ejecutivo emitir bonos para ser invertidos en seguridad y programas sociales, se atienen a la Constitución, deberían reconocer la constitucionalidad de la ley; pero la subjetividad e incidencias más frecuentes en esta importante instancia del Estado salvadoreño y las declaraciones públicas de algunos de sus integrantes, da para pensar que el error de admitir la demanda y emitir una medida cautelar que impidió colocar los primeros 100 millones podría persistir y agravarse.

    La reconsideración de un punto discutido en la agenda que es uno de los argumentos del demandante, es una regla parlamentaria universal y de larga data, de modo que en el empeño de estrangular las finanzas públicas es remoto que se asuma este argumento. El voto de un diputado suplente que es el otro argumento cuestionado, tiene antecedente en contrario en sentencias emitidas ya por la Sala de lo Constitucional en años recientes; pero puede llegar a convertirse en la segunda víctima que junto a la negación de los fondos causará daño a nuestro país.

    Evidentemente desde algunos grupos de la derecha activamente obstaculizan la obtención de recursos al Órgano Ejecutivo, y es desde ese círculo que se impulsan estas demandas ante la Sala de lo Constitucional, posiblemente los magistrados comparten ese posicionamiento político y de allí sus declaraciones públicas y la búsqueda de los "pretextos" que faciliten complacer al demandante y a quienes presionan por ello argumentando que el gobierno no necesita más recursos, que tiene recursos de sobra o que los fondos públicos sirven para comprar voluntades, toda la prédica sostenida a lo largo de años.

    Los diputados y diputadas suplentes son ciudadanos que expresan la voluntad soberana del pueblo, son parte de la representación plural de la sociedad, se inscribieron como candidatos por los partidos políticos en cumplimiento de ley y de la constitución que les reconoce cuando en el Artículo 131 de la Constitución que establece como facultad del pleno legislativo llamar a diputados suplentes para sustituir a un propietario.

    Los diputados suplentes en nuestro país son electos conforme a ley, son postulados por los partidos políticos a la par de cada uno de los propietarios, cumplen los mismos requisitos de los propietarios y tienen en consecuencia las mismas potestades cuando ejercen la función de diputado propietario. La existencia de diputados propietarios y suplentes es una realidad que jamás había sido puesto en duda, ni siquiera cuando fueron electos los 4 magistrados que ahora contemplan con su admisión de una demanda, la posibilidad de declarar su existencia como algo inconstitucional.

    Cada diputado suplente electo y electa tienen una acreditación de tal por la autoridad electoral que conforme a los artículos 208 y 209 es la máxima autoridad en materia electoral, emitida por el Tribunal Supremo Electoral, TSE.
    Suplentes que sustituyen a propietarios son parte de la historia de la legislación salvadoreña. Entre 2012 y 2015, en 156 sesiones plenarias, los llamamientos de suplentes fueron 2,832; esto abarca a todos los partidos y prácticamente a todas las sesiones.

    Diputados suplentes sustituyendo a propietarios, fueron parte de la aprobación de 723 decretos legislativos. Muchos de ellos han relevado a propietarios que pasan a ejercer otras responsabilidades en entidades del Estado como Ministros, Vice Ministros, Presidentes de entidades autónomas y hasta de candidatos a Presidente o Vicepresidente de la República, alcaldes y otros. Esto es parte de la historia democrática del país.

    Declarar inconstitucional la existencia de diputados suplentes sería como declarar que la Asamblea como elector de segundo grado no debiera elegir magistrados suplentes. Podría ocurrir que en el afán de desfinanciamiento del gobierno lleve a producir dos daños, anular una emisión de bonos y segundo, anular la existencia de diputados y diputadas suplentes. Deseo de corazón no tener la razón de un supuesto negativo sobre la resolución que se emita por la Sala de lo Constitucional y les pediría disculpas por mal pensada si ocurre lo contrario.

    Licda. Norma Guevara @guevara_tuiter

  • Delitos contra la hacienda pública y municipal, deben tener una sanción penal

    290915-09Diputadas y diputados del FMLN han propuesto al pleno legislativo reformar los Códigos Penal y Procesal Penal con el objeto de dejar claramente establecido que todo delito cometido contra la Hacienda Pública y Municipal sean imprescriptibles, ampliar la noción de "impuesto" contenido en la regulación actual, y eliminar la excusa absolutoria que impide que quienes cometen estos delitos vayan a la cárcel cuando pagan el tributo evadido.

    El Código Penal en su artículo 99, inciso 4, enumera los delitos para los cuales la sanción penal no prescribe, y a él se agregarían con la reforma, los delitos cometidos en perjuicio de la Hacienda Pública. Con la reforma al artículo 249 se ampliaría la noción de "impuesto", que en la ley vigente se limita al impuesto sobre la renta; la reforma, al aprobarse comprenderá, toda forma de defraudación al fisco y a la administración tributaria municipal. Si lo evadido o retenido fuere entre 300 mil y 500 mil colones, la sanción penal será de 4 a 6 años de cárcel, y si es mayor a 500 mil colones, la sanción será de 6 a 8 años de cárcel.

    En el artículo 250 se regula la sanción por la apropiación indebida de retenciones, la reforma amplía el campo para la persecución penal: "El que teniendo, por designación legal de la administración tributaria, o de hecho, bajo su poder o custodia sumas de dinero, de retenciones, percepciones, o anticipos de otro carácter tributario y no los entregue total o parcialmente dentro de los plazos legales, o se apropiare de las mismas, perjudicando al fisco o a la municipalidad..."; y reafirma el valor superior de este artículo por encima de la apropiación indebida regulado en el mismo código.

    Muy importante es la reforma propuesta al artículo 252. Actualmente el pago de lo defraudado extingue la pena; así, la reforma elimina la excusa absolutoria y el pago de lo adeudado, solo reduce la pena a la mitad del mínimo o el mínimo. La reforma al artículo 285, regula la falsedad documental agravada cuando quienes cometen el delito son funcionarios, empleados o notarios; la reforma amplía a otros posibles autores como contadores, auditores o portadores de la fe pública, y cuando ellos cometen los delitos contra la Hacienda Pública y municipal, la sanción penal será mayor.

    Al artículo 32 del Código Procesal Penal se propone volverlo coherente con el 99 del Código Penal, agregando la imprescriptibilidad de los delitos cometidos contra la Hacienda Pública y Municipal.

    Pese a que los Códigos Penal y Procesal Penal son posteriores a los Acuerdos de Paz, los espacios que contienen para eludir y evadir obligaciones son variados; esto es lo que se busca cerrar para estimular una conducta responsable de personas naturales y jurídicas obligadas a tributar. La aprobación de esta reforma demandará de la autoridad hacendaria y la Fiscalía mayor vigilancia.

    El marco en el que esta propuesta ha sido presentada, es el debate nacional sobre la impostergable necesidad de dotar a la Policía, a la Fuerza Armada y a la Fiscalía de mayores recursos para perseguir frontalmente la criminalidad, y para aplicar de modo más amplio las acciones previstas en el Plan El Salvador Seguro que costeará las sumas requeridas para cumplir las metas y objetivos que lleven a nuestro país a tratar integralmente el fenómeno de la violencia, hasta lograr su erradicación y construir un ambiente de sana convivencia y paz en nuestro país.

    El Plan establece que se debe invertir recursos adicionales en la prevención de la violencia, en la persecución del delito, en la rehabilitación de quienes cometen delitos y en las víctimas; se debe además fortalecer las instituciones; ese plan demanda de 2,100 millones de dólares y una acción articulada de las instituciones. 5 años para las acciones claves que frenen la violencia y delincuencia, y otros cinco años para enraizar un tejido social sano y armónico que asegure la paz en nuestro país.

    Las propuestas hechas a la fecha sobre cómo aumentar tributos para este fin específico son variadas, desde una contribución especial a las telecomunicaciones, pasando por una contribución de quienes tienen ganancias superiores a medio millón de dólares anuales, hasta la emisión de bonos o impuesto a casinos. El debate está abierto, las propuestas se complementan y ello implica que debemos escuchar los fundamentos de cada una. Sin embargo es necesario estimular el pago correcto de las obligaciones tributarias, para lo cual la reforma descrita arriba es fundamental. Esperamos el respaldo de la mayoría suficiente, en este nuevo debate sobre Delitos Fiscales.

    Licda. Norma Guevara @guevara_tuiter

  • Educación cívica, conlleva responsabilidad con la colectividad

    220915-04Cuando estamos en el mes de la independencia de Centro América, celebrando el 194 aniversario de nuestra independencia patria, es importante reflexionar sobre la capacidad de convivencia y la enorme importancia de la educación cívica como proceso de formación de nuestras actitudes y sentimientos para con los demás.

  • El sistema de pensiones es para los trabajadores y trabajadoras

    220915-03El Artículo 50 de la Constitución establece que la seguridad social constituye un servicio público de carácter obligatorio, y que la ley regulará sus alcances, extensión y forma. El mismo artículo señala que este servicio será prestado por una o varias instituciones, las que deben guardar entre sí la adecuada coordinación para asegurar una buena política de protección social en forma especializada y con óptima utilización de los recursos.

  • Las pandillas son criminales y actúan como los escuadrones de la muerte en tiempos de guerra

    26081502Los llamados escuadrones de la muerte creados por el fundador del partido ARENA en 1980, el mayor Roberto D'Aubuisson usaron el terror como un arma para impedir las reformas económicas, y una negociación con el frente para poner fin al conflicto armado iniciado a principios de los 80s. Eso mismo ocurre ahora con las Maras y quienes les patrocinan, utilizan el terror y el chantaje para intimidar a la población e impedir el desarrollo normal de la gobernabilidad de la izquierda y un mayor desarrollo de las comunidades, para superar los males del neoliberalismo impulsado por gobiernos de derecha.

    Una pandilla es un grupo de personas que mantienen un vínculo estrecho e intenso. Puede tratarse de un conjunto de amigos cuya relación se basa en el afecto mutuo, pero también de una banda con miembros que se relacionan para realizar actividades delictivas en grupo, convirtiéndose en criminales que infunden el terror y asesinatos al estilo Escuadrones de la Muerte.

    En América Latina y en El Salvador en particular, en los últimos años, la noción de pandilla ha adquirido una connotación negativa. La palabra suele utilizarse para nombrar a las bandas y tribus urbanas que mantienen comportamientos violentos y que suelen dominar ciertos territorios donde siembran el terror.

    Los pandilleros suelen ser adolescentes o jóvenes con problemas de conducta, malas relaciones familiares y adicciones. Por lo general se unen a estos grupos en busca de reconocimiento y sentido de pertenencia. Las pandillas pueden dedicarse al narcotráfico o al robo, a las extorciones, amenazas, chantajes, asesinatos entre otras actividades ilegales.

    La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador dictaminó este lunes 24 de agosto que las pandillas Mara Salvatrucha (MS) y 18, y cualquier banda criminal que arremeta contra la población salvadoreña, sea calificada como grupos terroristas, por sembrar el terror en la población, en la población con todo su accionar delictivo. El calificativo se atribuye a estructuras violentas que cometan "atentados sistemáticos a la vida, seguridad e integridad personal de la población".

    A ello se añaden los actos contra autoridades civiles, miembros de partidos políticos, militares, policiales, penitenciarías, propiedades, extorsiones, amenazas, y otros delitos que obliguen a la ciudadanía al abandono del hogar, paros forzosos de transporte público, y otras acciones planificadas que contribuyen a la desestabilización del gobierno y a crear un ambiente de caos.

    Se estima que en El Salvador hay de 30 mil a 60 mil pandilleros y cerca de medio millón de personas vinculadas a la estructura criminal de las pandillas. Las dos agrupaciones principales son la Mara Salvatrucha y la pandilla Barrio 18 (que está divida en dos grupos: los Sureños y los Revolucionarios). Este fenómeno se debe enfrentar de manera integral y en una misma dirección entre gobierno, partidos políticos, empresa privada, sistema judicial y demás instituciones del Estado y ciudadanía en general.

    Las pandillas se organizan en clicas que son grupos barriales de entre 10 y 60 personas y controlan la actividad criminal en un territorio específico. Las clicas tienen cierta autonomía en el control de su zona, pero los cabecillas responden a liderazgos zonales y nacionales; por lo que se hace necesario que en el territorio haya organización ciudadana muy clara y consciente de trabajar con la familia, las iglesias, la escuela y la comunidad para evitar su desarrollo y expansión.

    Hay que tener presente que, la principal fuente de ingresos de las pandillas es la extorsión. Las pandillas le cobran un "impuesto" a los comerciantes y a los transportistas que funcionan en el territorio que "dominan" (la Asociación de Transportistas de El Salvador estima que en 2014 le pagaron $30 millones a los pandilleros). Además, extorsionan mediante llamadas desde la cárcel en que piden una cantidad de dinero a cambio de protección a cualquier persona independientemente de su condición social o nivel de ingreso.

    No debemos olvidar que el objetivo fundamental de las pandillas es el control territorial y el manejo de los mercados ilegales con la intención de generar recursos. Además, pretenden estar preparados para desafiar al Estado mediante la confrontación violenta.

    Existen fuertes indicios de que las pandillas colaboran con estructuras de crimen organizado locales y transnacionales vinculadas al narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de armas. Sin embargo, la participación de las pandillas se da como un tipo de contratación, es decir, las estructuras del crimen organizado utilizan el control que tienen las pandillas de territorio para su beneficio.

    Las empresas de seguridad privada y los comerciantes de armas son dos de los grupos que más se benefician con la violencia, dichas compañías son cada vez más rentables en El Salvador. Además, existen grupos informales que han vivido de la violencia desde la guerra de los 80, como escuadrones informales de vigilancia.

    Las pandillas son un problema multicausal que no se resolverá en el corto plazo. El fenómeno necesita un trabajo a mediano y largo plazo que incluya al menos los siguientes puntos: Planes de reinserción social, combate a la corrupción en el sistema judicial, mejoras en el sistema carcelario, un reenfoque en el modelo de desarrollo para que se preocupe más por los grandes segmentos de la sociedad y la aplicación de la política nacional de justicia, seguridad pública y convivencia 2014-2019.

    Hay que evitar sacar ventaja política en el manejo y tratamiento del problema de seguridad y de las pandillas, tampoco hay que hacer uso de ellos para beneficio personal o político, más bien hay que contribuir a su tratamiento integral ayudando al gobierno y al pueblo a combatir este flagelo de manera inteligente y avanzar en el proceso de cambios con miras a un El Salvador más productivo, educado y seguro hasta alcanzar el buen vivir.

    Nelson de Jesús Quintanilla Gómez, Sociólogo y Diputado de la Asamblea Legislativa de El Salvador periodo 2015-2018

  • Sitramss es para la gente: las vías son públicas, los buses son privados

    250815-01Es de rigor establecer con claridad la meta de cualquier acción de política pública; pueden ocurrir errores que lleven a confundir el medio con el objetivo; pero en materia de transporte público y en particular con el despegue del sistema de transporte metropolitano, no hay confusión alguna; es la gente, las personas de a pie las que le dan sentido a un medio de transporte masivo y rápido. En otros países ha sido tranvía, tren rápido, metro y aunque a nuestro país le costó mucho emprender esta obra visionaria; ya la tenemos, es de la gente y la cual los viejos intereses intentaron impedirla y ahora quieren afectarla.

    En 20,742 kilómetros cuadrados vivimos unos seis millones de personas, en el último censo de 2007, las proporciones de población urbana y rural se invirtieron, pasó a ser menor la población rural y mayor la población urbana, esto impone aumentar la capacidad de servicios, incluyendo el de transporte de pasajeros. Cuando los gobiernos de San Salvador se han planteado el ordenamiento del Centro Histórico, invariablemente se encuentra la asociación de flujo de personas del área metropolitana con la actividad del comercio informal, por eso se sostiene que el ordenamiento del transporte público es uno de los componentes.

    El territorio de un país no aumenta, y en el caso nuestro, más bien disminuyó con la resolución de límites en tiempos del Presidente Alfredo Cristiani. Las carreteras han aumentado de modo importante en los años recientes, la Longitudinal del Norte es una de ellas; nuevas carreteras, como las que unen la Panamericana y el Litoral, atravesando los pueblos de la Cordillera del Bálsamo; las que unen municipios de Chalatenango a la Longitudinal; el Boulevard Monseñor Romero y más. Pero ocurre que el parque vehicular que circula por nuestras vías crece exponencialmente, sólo en los últimos cinco años pasó de 700 mil a un poco más de 800 mil vehículos, y la mayor concentración de estos se da en las ciudades más pobladas; por eso será de enorme utilidad el By Pass de San Miguel, la remodelación con derivadores en los redondeles de Naciones Unidas, Rancho Navarra y otros.

    Emprender la modernización del transporte público que moviliza a más del 75% de las personas es una imperiosa necesidad, y el SITRAMSS, como sistema está pensado para responder a todas las personas, es decir, a las que se trasladan en buses y a las que usan vehículos particulares; para las primeras, es el sistema de buses articulados, seguro y rápido, y para los segundos, que son menos en relación a los que usan el servicio público de transporte, pero mayor en proporción a las vías de las cuales hacen uso, se contarán con los derivadores y la ampliación de algunas calles.

    Pensando en las personas que hacen uso del transporte público se creó el subsidio, para evitar incremento al pasaje. Para ello se da la compensación a los transportistas. Este subsidio debe tener la mayor rigurosidad y por eso gradualmente se hará con base a cada persona transportada. Este nuevo modo de subsidio hace más evidente que el objeto de una política de transporte es la persona, es la gente.

    El ataque de Arena, sus diputados y algunos empresarios al SITRAMSS, primero buscaba impedir que se concluyera la obra física, luego quisieron que se impidiera su funcionamiento y no cesan de mentir y descalificar, repiten y repiten juicios falsos: que se privatiza un carril para entregarlo a una empresa, que se le concesionó el uso exclusivo de la calle sin permiso de la Asamblea Legislativa, que es un monopolio, etc.

    La verdad debe ser dicha y repetida al pueblo para evitar que sea sustituida por las mentiras que buscan descredito de toda obra del gobierno en beneficio de la población. Las calles por donde circulan los buses, los carros privados, microbuses, y todo vehículo, incluyendo el carril segregado para uso de una modalidad de vehículos, son PROPIEDAD DEL ESTADO, son PÚBLICAS. Los empresarios que han asumido el riesgo de cambiar el medio de transporte por unidades modernas menos contaminantes, son los mismos que siempre tuvieron permisos o concesiones, son los mismos que fueron autorizados en su oportunidad por el Viceministerio de Transporte, para cobrar el subsidio por la prestación del servicio público de transporte.

    Ordenar el sentido de una vía, regular horarios, autorizar o dar concesiones para prestar servicio de transporte de un punto a otro (ruta) es facultad administrativa que la ley le otorga al Vice Ministerio de Transporte. Ningún transportista del país ha pedido concesión a la Asamblea, no hay explotación de suelo, hay ganancia por cobro de pasaje con tarifa autorizada.

    Cosas evidentes, rutinarias, establecidas en leyes se ocultan con malicia para implantar una matriz de opinión hilvanada con los mismos fines desestabilizadores; o a lo mejor para evitar el cambio de modelo de subsidio por algunos que cobran más de lo que les corresponde.

    Licda. Norma Guevara @guevara_tuiter

  • Acciones desestabilizadoras del partido ARENA, como siempre jugando sucio

    020715-03No cabe duda que el partido ARENA realiza una campaña desestabilizadora buscando crear condiciones según ellos para volver al poder criticando y estorbando al gobierno del presidente Salvador Sánchez Ceren y convirtiendo en una posición poco inteligente y sin propuestas de solución a la problemática del país.

    Según la Comisión Política del FMLN, en las últimas semanas han "sido testigos de una agresiva campaña de la derecha oligárquica, partidaria representada por ARENA y disfrazados de pequeños grupos de supuesta sociedad civil, dirigida a desconocer el gobierno constitucional de la República de El Salvador y hasta destituir al presidente Salvador Sánchez Cerén, atentando así contra la institucional democrática de nuestra".

    Y a pesar que el partido ARENA dice no ser responsable de los intentos de golpe de Estado y hace Show diciendo que denunciara y pedirá informe a la OEA sobre tales acusaciones, es evidente que su actitud hacia el ejecutivo y al gobierno en general es de entorpecimiento piden y exigen que se hagan obras sociales, pero nunca votan por el presupuesto, no aprueban los préstamos y le piden a la Sala de lo Constitucional de la CSJ, a través de "su sociedad civil" que se declaren inconstitucionales todas aquellas iniciativas de beneficio al pueblo como los 900 millones, el FONAT, las copras directas en la administración pública, etc.

    Existe un politólogo norteamericano anti izquierda de nombre Gene Sharp que habla del "golpe suave" y que ha publicado un libro sobre de la dictadura a la Democracia en el que sostiene: "La naturaleza de la guerra en el siglo XXI ha cambiado. Nosotros combatimos con acciones psicológicas, mediáticas, sociales, económicas y políticas (...) Estas son ahora las medidas más adecuadas para derrocar gobiernos totalitarios sin tener que recurrir a las armas convencionales".

    En esa perspectiva se inscribe la estrategia del partido ARENA aunque su discurso público es demagógico y muy diferente a lo que en la práctica realizan, son hipócritas con el pueblo, dicen que quieren lo mejor para el país pero se les olvida que ellos arruinaron la vida de la gente con aquel modelo neoliberal que implico tratados de libre comercio, privatización de las instituciones del Estado, dolarización de la economía y una forma corrupta de gobernar apropiándose los dineros del pueblo sin importarles las necesidades de este.

    Comparto con quienes sostienen que el "golpe suave" por el no uso de la fuerza militar implica hacer lo siguiente: generar y promover un clima de malestar en la sociedad, impulsando denuncias de corrupción y difundiendo intrigas y rumores falsos; desarrollar intensas campañas contra supuestos ataques a la libertad de prensa y de los derechos humanos, acusando de totalitarismo al gobierno; promocionar la lucha por las reivindicaciones políticas y sociales, mismas que lleven a los ciudadanos a realizar protestas callejeras como las llamaba la derecha en el pasado susceptibles a ser reprimidas por las autoridades gubernamentales, realizar operaciones de guerra psicológica y desestabilización orientadas a generar un clima de ingobernabilidad y organizar la revuelta callejera permanente y creciente que paralice y aísle internacionalmente el país, debilitando al gobierno al punto de forzar la renuncia del presidente.

    Sin lugar a dudas esa es la estrategia de ARENA ya que por ejemplo en El Salvador se han hecho acciones tales como: pedir que se cree una comisión que se investigue lo de la presa el chaparral por corrupción, hacer que miembros de la PNC se sindicalicen y que protesten por la muerte de policías, hacer que los militares en tareas de seguridad publica hagan manifestaciones para pedir aumento de salario, engañan a los veteranos de guerra que le exijan al gobierno una indemnización que ellos debieron dar en los primeros años de la postguerra entre 1992 y 2009, pero lo exigen después del que el frente llega al poder en el 2009.

    ARENA reclama por la sequía, por la delincuencia expresada en las maras y su accionar, piden que se reparen escuelas, que se hagan nuevas unidades de salud o casas de la salud, piden que se reparen calles, que se tengan medicamentos en los hospitales pero no votan para aprobar el presupuesto y entonces que pretenden, simplemente generar desestabilización.

    Lo que hizo la sala de lo constitucional en relación a ordenar que el TSE abriera las urnas para recontar votos de diputados y diputadas en el departamento de San Salvador en las elecciones del 2015, es parte también de la estrategia de la derecha por desestabilizar al país y es un intento del golpe de Estado por la vía del "golpe suave" y un atentado contra la democracia salvadoreña.

    También el hecho que la sala de lo constitucional declarara inconstitucional la elección del abogado Tito Edmundo Zelada como presidente del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), por su falta de independencia y su militancia partidaria. Y declaración improcedente la nominación, por parte de este Consejo, de 15 candidatos a magistrados, porque salieron de un procedimiento anteriormente declarado inconstitucional.

    El frente conoce la estrategia de la derecha, del partido ARENA y ha manifestado que realizará diversas acciones para defender al gobierno del presidente Salvador Sánchez Ceren, y lo hará por los constantes ataques que según el FMLN, reciben de ARENA, grupos afines a la derecha e instituciones gremiales que representan al gran capital de El Salvador.

    No cabe duda que a la derecha no le pasa el triunfo del FMLN en las urnas y así como de la derecha a nivel internacional está preocupada por el avance de gobiernos progresistas en América Latina, por eso su nueva estrategia de tumbarlos, se puede ver en Venezuela, Ecuador, Bolivia, en realidad sus objetivos son los gobiernos de izquierda, no los de derecha, es El Salvador su objetivo, deben saber que aquí existe un partido dispuesto a defender a Salvador y Oscar, en este caso el FMLN como vanguardia del pueblo.

    Nelson de Jesús Quintanilla Gómez, Sociólogo y Diputado de la Asamblea Legislativa de El Salvador periodo 2015-2018

  • Si a los cambios, no a la Desestabilización!

    210715-02La desestabilización la realizan por diferentes vías: rumores orientados a crear incertidumbre y desesperanza en la gente, desinformación, demandas ante la Corte Suprema de Justicia. La negatividad es una regla en esa conducta, igual que la desvalorización de logros.

    La actividad de la fracción legislativa de Arena coadyuva en ese espíritu en una permanente desfiguración de procesos de cambio, son lectores de los mensajes de periódicos y sus expresiones hechas al amparo de la inmunidad, son tomadas como fuente de los mismos y en esa retroalimentación constante, no ayudan al país. De allí sus constantes ataques a proyectos emblemáticos como el SITRAMS, la recuperación del recurso geotérmico, ver como inseguridad jurídica la judicialización de quienes propiciaron la entrega del recurso energético a una empresa extranjera.

    No es una simple oposición, o simple ejercicio de la libertad de expresión, es un conjunto de actividades, especialmente desde que se convocara a la marcha por la Paz el 26 de marzo pasado; han estado inscritas en una lógica de provocar creciente inestabilidad; curiosamente en aquél momento, con tal de estar en contra del Presidente, coincidieron con las maras para desconvocar una movilización en favor de la Paz.

    Es importante que la población en general sepa de la existencia de esos objetivos de invalidar su voluntad expresada en las urnas, demandando renuncias que echarían por traste un proceso democrático que lleva más de dos décadas y que es el resultado de la lucha del pueblo.

    Posiblemente los instigadores crean que otras experiencias de "botar" gobiernos que en otros países se han puesto en marcha, como ocurrió en el Medio Oriente, suscitando descontento y desencadenando acciones de calle puede ser un expediente a experimentar en nuestro país, pero para quienes sabemos lo que ha costado recuperar el rumbo democrático de nuestra nación, incluso la capacidad de hacer respetar la voluntad popular expresada en las urnas en favor de un proyecto de cambio, tenemos claridad que aquí no hay espacio para esos experimentos, siempre que el pueblo esté claro y alerta.

    Nuestro Secretario General del FMLN lo ha afirmado, no somos calco de otros procesos ni de izquierda ni de derecha, tenemos capacidad de imaginar y construir nuestro propio proceso y también de defenderlo.

    Licda. Norma Guevara @guevara_tuiter

  • Guatemala y El Salvador: vecinos y hermanos pero diferentes

    130715-05En los últimos días se han vuelto frecuentes las comparaciones mecánicas entre países, algunos comparan Grecia y El Salvador para sostener que estamos llegando a donde llegó Grecia; o que si en Guatemala se creó una Comisión Internacional Investigadora de Crímenes (CICIG) en nuestro país se debe crear un mecanismo similar.

    Se supone entonces que en Guatemala donde funciona desde hace 8 años ese mecanismo no debiera haber impunidad ni violencia; pero la evidencia que no es así, está en que los tres países del así llamado "Triángulo Norte", vienen coordinando esfuerzos para enfrentar el flagelo de la violencia. México y Estados Unidos se interesan en que existan estrategias complementarias para enfrentar el tráfico ilegal de personas, de armas y de drogas con toda su secuela de descomposición social y violencia.

    Se ha afirmado con razón que si en el norte se compra y consume droga, se produce y se venden armas, el tráfico entre sur y norte nos afecta a la región centroamericana. Nuestras instituciones requieren entonces ser fortalecidas para defender a la sociedad de los efectos del flagelo de violencia que generan las empresas del crimen.

    Pese a la cercanía de nuestros países, sus instituciones y su historia revisten importantes diferencias. El Salvador para arribar a los Acuerdos de Paz en 1992 requirió del apoyo de Naciones Unidas, esa presencia que supuso la existencia de comisiones investigadoras de la verdad, de investigaciones sobre la oficialidad de las Fuerzas Armadas y de grupos criminales, fueron sin embargo respetuosas de las instituciones salvadoreñas, de las existentes, y de las que se fueron poniendo en pie como la Policía Nacional Civil, la Academia de Seguridad Pública, el Tribunal Supremo Electoral, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y otras. Los mecanismos internos de verificación y apoyo al cumplimiento de los acuerdos como COPAZ proveyeron los proyectos consensados de importantes leyes y reformas de leyes necesarias.

    El FMLN se manifestó siempre reconociendo los avances y señalando los aspectos rezagados o incumplidos, y las violaciones de los mismos que representaron incluso pérdidas de vidas como la de Mario López y Francisco Veliz. En Guatemala acuerdos importantes firmados entre la ex guerrilla y el gobierno requirieron de validarse por consultas que no siempre resultaron favorables para el cambio, en materia fiscal, en reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas, y en el sistema político, la propia existencia de partidos políticos fue debilitada, no experimentó el influjo positivo que supone el arribo a un consenso nacional. En ese marco y hace 8 años, el gobierno guatemalteco solicitó la creación de esa comisión que es ahora puesta de moda (CICIG) y convertida en receta por terceros.

    Pero El Salvador no es Guatemala, la presencia externa para luchar por una pronta y cumplida justicia no puede depender de actores externos; sí compartimos la urgente necesidad de alcanzar mayores niveles de eficacia en el Órgano Judicial y el Ministerio Público; por eso es preciso recapacitar y trabajar en favor del fortalecimiento de nuestras instituciones. Los acuerdos dieron incluso recursos para asegurar la independencia judicial, se estableció en la Constitución que seis centavos de cada cien que son captados como tributo, deben asignarse a la Corte Suprema de Justicia.

    El órgano ejecutivo en los últimos seis años ha presentado más de 150 demandas por actos de corrupción que el sistema de justicia debe esclarecer, juzgar y castigar. La Asamblea Legislativa ha creado comisiones especiales cuyas investigaciones contribuyeron a esclarecer las actuaciones irregulares, se entregaron evidencias a la Fiscalía para deducir responsabilidades en el caso de los contratos entre CEL y la empresa ENEL. Este caso ventilado en tribunales internacionales y nacionales ha permitido la recuperación por el Estado de su recurso geotérmico; pero queda la inconformidad por el manejo del caso en favor de los ex funcionarios involucrados, evidencia pues el torcimiento de la justicia, la impunidad.

    El Caso del juzgamiento del ex presidente Flores se originó en la denuncia del ex Presidente Mauricio Funes y en los resultados de la comisión especial investigadora del destino de los fondos donados por Taiwán a El Salvador. Quedando claro por confesión del propio Francisco Flores y de otros involucrados, que sí fueron recibidos los fondos millonarios por el ex presidente y entregados al partido Arena.

    Las instituciones deben fortalecerse, y a sus funcionarios se les debe demandar cumplir sus responsabilidades; pero sería un retroceso propiciar una yuxtaposición de mecanismos externos que ni siquiera en la vigilancia de los Acuerdos tuvimos como país. Las recetas y copias mecánicas, peor si son inducción interesada para asegurar formas nuevas de intervencionismo, deben ser rechazadas.

    Licda. Norma Guevara @guevara_tuiter

  • El pueblo griego le dijo NO a la Troika, golpe al capitalismo mundial y a sus organismos financieros

    080715-06¿Qué es troika?

    El término "Troika" se refiere originalmente a la palabra rusa con la que se designa a un carruaje tirado por tres caballos, pero también puede utilizarse para describir cualquier tarea realizada de a tres. En el marco de la crisis europea, la Troika engloba a tres instituciones: la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), a lo que el pueblo Griego le dijo no en el referéndum de este domingo 5 de julio.

    Básicamente, la Troika supervisa a los países con graves problemas económicos que reciben préstamos financieros de la UE y el FMI. A pesar de tener una tasa de interés inferior comparados con los del mercado de capitales, estos préstamos no ayudan a que las economías de los países afectados se recuperen, más bien los hunden cada día más en la crisis.

    Si bien hay razones para las dificultades económicas a nivel nacional de esos países como la corrupción e impuestos extremadamente bajos que no deberían ser subestimadas, la Troika sólo se concentra en las causas nacionales; sin embargo, los asuntos sistémicos a nivel europeo y mundial son más importantes. Además, los blancos preferidos por la Troika son los sueldos, las horas laborales y los gastos sociales, preservando, una vez más,, sólo los intereses de los más adinerados, de los capitalistas.

    Hay que decir que la Troika actuó por primera vez en Grecia en el 2010. Resultó ser que la situación económica y financiera de Grecia no era tan próspera como se creía y, como resolución final, el país solicitó asistencia financiera a las instituciones internacionales en mayo de 2010. La CE, el BCE y el FMI emprendieron una misión a Atenas y, unos días después, se acordó un paquete financiero junto con el primer Memorando de Entendimiento (MdE). Esto dio inicio a una espiral descendente de reducciones de sueldos y jubilaciones, aumento de impuestos, despidos y privatizaciones: la Troika había tomado cartas en el asunto.

    Luego de lo ocurrido en Grecia, otros tres países europeos fueron objeto de escrutinio por parte de la Troika: Irlanda en diciembre de 2010 (abandonando formalmente el programa de la Troika en diciembre), Portugal en mayo de 2011 y Chipre en abril de 2013. España tiene un Memorando de Entendimiento que sólo incluye condiciones para el sector bancario, pero también se ve forzado a la austeridad por otras medidas. Otros países, como Italia, no están oficialmente bajo el yugo de la Troika, es decir, no cuentan con un MdE, pero también se ven seriamente presionados para sacar adelante reformas y medidas de austeridad.

    Fundamentalmente, la Troika garantiza que las personas comunes (el pueblo) sean las que paguen por los problemas sistémicos de la economía y los errores cometidos por las instituciones financieras, que son las causas reales de la crisis. Al mismo tiempo, en los últimos años, los legisladores europeos han ido disminuyendo continuamente las normativas y controles de esas instituciones financieras y grandes empresas. ¿Parece ilógico? Claro que sí. No obstante, desde el punto de vista neoliberal, tiene mucho sentido.

    Por lo tanto, es importante ver a la Troika y a sus políticas neoliberales no como un asunto aislado, sino como un instrumento en tiempos de una crisis sistémica que encaja en una tendencia general de reformas y medidas neoliberales en toda Europa. Estas medidas y reformas, definidas por el término "gobernanza económica", cada vez imponen más control neoliberal, lo que favorece a las grandes empresas y a los mercados financieros y pone en peligro los valores democráticos y derechos sociales obtenidos a base de lucha y sangre de la clase trabajadora.

    ¿Qué paso el 5 de julio en Grecia?

    Grecia en su referéndum ha votado no a la troika y sí a Alexis Tsipras. Ha votado no a las políticas de austeridad aplicadas en los últimos años como única receta para salir de la crisis. Y ha votado para reforzar a su Gobierno ante las instituciones europeas: Tsipras consiguió el 35% de los votos hace cinco meses, el no ha cosechado más del 61%.

    Los griegos han votado no a los recortes en pensiones y servicios sociales. Y han votado a favor de lograr un acuerdo con Europa que pase por reestructurar la deuda y pasar de los ajustes a los incentivos para la economía. El 61,5% del no reclama una enmienda al discurso hegemónico en el continente y, con ello, concede oxígeno a un discurso alternativo sobre el modelo de construcción europea, del cual Tsipras es el único exponente entre los socios comunitarios.

    El referendo fue convocado el fin de semana pasado por el Gobierno del primer ministro Alexis Tsipras, tras recibir el visto bueno del Parlamento. La decisión de la consulta popular responde a las infructuosas negociaciones entre Atenas, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea.

    ¿Qué pasará este lunes 6 de julio en Grecia? De momento, el control de capitales seguirá vivo. La incógnita sobre el sistema financiero del país seguirá existiendo. Por eso, en su discurso de celebración de la victoria, Tsipras dijo que la prioridad era "poner en marcha el sistema financiero" y reclamar la ayuda del BCE, al que le dijo que debe "comprender la dimensión humanitaria de esta crisis".

    Los griegos han votado contra el memorándum de la troika. El discurso hegemónico en las instituciones europeas y en los dirigentes comunitarios de que la salida de la crisis pasa por la senda de la troika seguirá sin ser el único. Y, a partir de ahora, volverán las negociaciones sabiendo Tsipras que ha ganado holgadamente el referéndum y, Europa, que Grecia quiere una salida a su crisis que pase por reestructurar la deuda, que alcanza el 177% de su PIB.

    Nelson de Jesús Quintanilla Gómez, Sociólogo y Diputado de la Asamblea Legislativa de El Salvador periodo 2015-2018

  • La América latina de la esperanza

    060715-03Hubo un tiempo no muy lejano que en nuestro continente latinoamericano surgían pocas noticias, porque una buena parte de países vivía bajo regímenes dictatoriales, y hacia fuera las dictaduras parecían quietas, sin movimiento; aunque quienes vivimos en esos países y en esas épocas sabemos que la quietud no existe para los pueblos que las padecen, el sufrimiento se oculta y las noticias negativas tampoco están en medios de comunicación. Pero esa etapa quedó atrás, un proceso político esperanzador se abrió paso, cambio y democracia van de la mano en nuestros países, aunque cada vez más las fuerzas reaccionarias se articulan buscando un regreso al pasado.

    Los gobiernos revolucionarios y progresistas han transformado en mucho la realidad de sus países: Millones de habitantes de nuestra América han salido de la pobreza, del analfabetismo, han registrado crecimiento de sus economías aún en el tiempo de la mayor crisis del capitalismo (2008-2009); se han recuperado para sus pueblos importantes recursos naturales, se han articulado alianzas que impulsan la cooperación para el desarrollo como CELAC, MERCOSUR, UNASUR, PETROCARIBE y más. Los procesos de decisión democrática se han afirmado, dando lugar a una mayor inclusión y participación política de segmentos de población en otros tiempos excluidos, como los pueblos indígenas, las mujeres y la juventud.

    En Sur América hay tres mujeres en la Presidencia, Argentina, Brasil y Chile; ha crecido la representación femenina en la vida pública, por todo ello, de ser un continente que miraba hacia Europa, ha pasado a ser una referencia en otras latitudes. Son grandes aún los desafíos, pero el movimiento indica que nuestra América Latina está labrando un propio camino en el que se busca el bienestar de la mayoría. Muchos de sus gobernantes asumen con firmeza y patriotismo los desafíos de una relación con el mundo de manera nueva con brillo de soberanía.

    Desde otra perspectiva, y por primera vez en la historia de la iglesia católica existe un papa latinoamericano, progresista que promueve cambios importantes en la iglesia; algunos salvadoreños y salvadoreñas pensamos que ha sido providencial su nombramiento y que gracias a ello, Monseñor Oscar Arnulfo Romero fue proclamado Beato y sin duda será reconocido como Santo. Ahora su Santidad el Papa Francisco, nacido en Argentina, visita Latino América, llega a "la mitad del mundo", a la República de Ecuador, país que ha tenido un impresionante cambio económico, cultural y político; visitará Bolivia y Paraguay. Esto ocurre en un momento importante, cuando se extiende una suerte de amenazas en contra de esta corriente progresista.

    La visita del papa al continente que lo vio nacer, crea una expectativa positiva sobre sus mensajes, por cuanto se ha apreciado de él, una visión coherente con el cambio y la esperanza que debe movernos a actuar para preservar la vida; así se comprende su defensa del planeta, su exhortación a la juventud, su conducta en contra de la violencia dentro de la propia iglesia, en favor de la solución de conflictos, de solidaridad con quienes sufren hambre, epidemias o violencia. Es ampliamente conocido el papel jugado por Su Santidad en el diálogo abierto entre Cuba y Estados Unidos, que ojalá produzca el levantamiento del bloqueo injusto contra el pueblo cubano.

    Nuestro país tiene la dicha de que el papa declarara "Mártir por odio a la fe" a Monseñor Romero y con ello facilitar el proceso de beatificación, el 26 de mayo recién pasado tuvo lugar el acto maravilloso de beatificación de Monseñor Romero con presencia de delegaciones de gobiernos y de la jerarquía católica; entre los acompañantes especiales estuvo con nosotros el Presidente Rafael Correa de Ecuador.

    Los cambios que hasta hoy hemos logrado en nuestro continente han estado, están y sin duda seguirán estando amenazados por quienes se niegan a ver la relación directa existente entre desigualdad y subdesarrollo, estarán amenazados por quienes creen haber perdido privilegios y buscan afanosamente recuperarlos. Así surgen acciones desestabilizadoras contra la revolución ciudadana en Ecuador y contra la revolución venezolana; o se explica el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras.

    Desde nuestro terruño debemos contribuir a que esta tendencia de cambio y esperanza se afirme, se convierta en la palanca que permite el despegue del desarrollo humano, social, democrático y económico. Trabajar por disminuir la desigualdad, erradicar la pobreza y el analfabetismo, eliminar la impunidad son tareas que nos colocan y mantendrán en esa corriente de cambio positivo de nuestra América Latina. Deseamos que la visita del Papa Francisco, fortalezca a todos los pueblos, y especialmente a los que recibirán su visita. La esperanza y el cambio, deben seguir siendo determinantes en Latinoamérica para más de 500 millones de habitantes.

    Licda. Norma Guevara @guevara_tuiter

  • Probidad, Corrupción, Transparencia y Rendición de cuentas

    020715-03La probidad, en términos generales, es la rectitud y moralidad a la que tiene que ajustarse la conducta humana, y en lo público, la que debe observarse en el ejercicio de funciones públicas. La probidad es la honestidad y rectitud de las personas. En una palabra es la honradez de una persona; es la integridad y honradez en el actuar del ser humano.

    También puede decirse que la probidad "implica una conducta funcionaria moralmente intachable"; "una entrega honesta y leal al desempeño del cargo" y en éste "una primacía del interés público sobre el privado"; es sinónimo de honorabilidad.

    La probidad, vista desde la perspectiva del sector público es el cumplimiento de los fines del servicio público, evitando cualquier desviación de recursos hacia fines ajenos a estos fines sociales. En El Salvador existe una historia que raya con la probidad en la administración pública: casos del ex presidente Francisco Flores, Carlos Perla ex presidente de ANDA, Norma de Dowe ex presidenta del FISDL, Jorge Nieto ex Ministro de obras públicas, etc. Todos funcionarios de las administraciones del partido ARENA.

    La negación de la probidad pública es la corrupción política y administrativa, que ocurre cuando los recursos públicos son desviados a fines particulares ajenos al objetivo del servicio público; los ejemplos anteriores son típicos en esta aseveración.

    La corrupción en una primera acepción es la acción y efecto de corromper o corromperse; Una segunda acepción la hace sinónimo de alteración o vicio. Una tercera, la explica como vicio o abuso introducido en las cosas inmateriales, corrupción de costumbres, de voces. Es lo contrario a probidad.

    La corrupción es la amenaza más grande para el desarrollo de los pueblos ya que los recursos que debieron invertirse en las comunidades, en programas de desarrollo social o en situaciones de vulnerabilidad ambiental se desvían a otros destinatarios que normalmente nunca se sabe quiénes son, sino es por una investigación seria y responsable con los intereses del pueblo.

    Hay que tener presente que la falta de información, no sólo impide la participación sino que es la base de la corrupción administrativa, porque ésta sólo se desarrolla en la oscuridad y bajo la opacidad mayor posible, por ello es importante hacer uso de la Ley de Acceso a la Información Pública para conocer la información de cómo se desarrolla la función pública y de esta forma establecer la probidad o corrupción de los funcionarios públicos.

    La transparencia está referida a lo que es "claro, evidente, que se comprende sin duda ni ambigüedad". La transparencia consiste entonces en que todos sepan los hechos, especialmente la comunidad u opinión pública; no hay razón para esconder la información de cómo se hace la cosa pública y como se utilizan los recursos del pueblo, para ello la rendición de cuentas es un aspecto importante de la transparencia. La importancia de la transparencia es fundamental, tanto para la participación como para la probidad.

    La transparencia es decir verdad de los hechos acaecidos en un escenario y tiempo determinado. En los órganos de la administración, consiste en situar la información a disposición de los ciudadanos interesados en la gestión de un servicio público. La transparencia no implica rendir cuentas a un solicitante especifico, sino que consiste en el hecho de que la sociedad en su conjunto puede tener libre acceso a la información de los órganos públicos, pudiendo consultarla, revisarla, analizarla, y en el caso de advertir irregularidades, usarla como mecanismo de sanción. Obviamente sin perjuicio de los derechos de los funcionarios correspondientes.

    La difusión de la información no sólo es básica para la participación y la probidad. Con base a la democracia y transparencia, se da a conocer si el gobierno está haciendo correctamente lo que difunde y publica a la ciudadanía y se deja constancia de cómo se administran los recursos del pueblo.

    Ahora bien la rendición de cuentas consiste en informar y explicar a los ciudadanos las acciones realizadas por el gobierno de manera transparente y clara para dar a conocer sus estructuras y funcionamiento, y por consecuencia, ser sujeto de la opinión pública. A través de la rendición de cuentas, los ciudadanos pueden estar informados de las acciones del gobierno y la manera de realizarlas.

    También es importante decir que la Rendición de Cuenta es la acción, como deber legal y ético, que tiene todo funcionario o persona de responder e informar por la administración, el manejo y los rendimientos de fondos, bienes o recursos públicos asignados y los resultados en el cumplimiento del mandato que le ha sido conferido.

    Es importante destacar que en la administración del ex Presidente Mauricio Funes se expresó su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción, es por ello que en su Plan Quinquenal de Gobierno se definió la política nacional de transparencia y anticorrupción como prioridad estratégica para el país. Como muestra de ello, en el año 2010, 37 entidades del Órgano Ejecutivo realizaron actividades de rendición de cuentas por primera vez en la historia del país. La intención de este gobierno fue que dicha práctica se mejorara continuamente y se institucionalizara en todos los niveles de las estructuras del Estado, de forma que se convirtiera en un compromiso para los siguientes gobiernos y así lo ha asumido el profesor Salvador Sánchez Ceren en su mandato.

    En el caso salvadoreño, todas las entidades del Órgano Ejecutivo están llamadas a realizar por lo menos un ejercicio anual de rendición de cuentas que comprenda el período de gestión desde junio del año anterior al mes de mayo del año actual. Los eventos para presentar los informes se realizarán entre los meses de junio a agosto de cada año, después de la presentación del informe anual de gestión del Señor Presidente ante la Asamblea Legislativa.

    Nelson de Jesús Quintanilla Gómez, Sociólogo y Diputado de la Asamblea Legislativa de El Salvador periodo 2015-2018

  • ¿Porqué algunos embajadores se meten en política salvadoreña y porqué a los salvadoreños les prohíben en sus países hablar de política?

    300615-07En reiteradas ocasiones la Sala de lo constitucional de la Corte suprema de Justicia emite sentencias o admite demandas de inconstitucionalidad con medidas cautelares que afectan al gobierno o al sistema de partidos políticos y particularmente al FMLN sin ningún fundamento jurídico, sino atendiendo a agendas políticas de la derecha política, empresarial y de la embajada de los EE.UU.

     

    La Sala hace y deshace lo que quiere y nadie le debe decir nada, eso quieren algunas organizaciones sociales de fachada de la derecha y algunos embajadores que no ocultan su ideología derechista e intervencionista en asuntos internos de la política salvadoreña, siguen creyendo que El Salvador es el patio trasero de su poderío imperial, porque pisotean la soberanía nacional, creen que el país es su colonia como en el pasado o "porque se meten en lo que no les interesa".

    Es repugnante que un extranjero con el respeto que nos merece por ser del cuerpo diplomático, se meta en la política salvadoreña y más si opina inclinando la balanza a favor de determinados intereses que bloquean y entorpecen el normal funcionamiento del gobierno y la estabilidad del sistema político, cuando un salvadoreño va a otro país le dicen Ud. no tiene que dar opinión sobre la política de este país y ¿por qué algunos embajadores acreditados en El Salvador tienen que opinar sobre asuntos de política interna?, creen que pueden irrespetar a nuestro pueblo o creen que porque representan países poderosos económicamente hablando pueden decir lo que quieran o deberían ser respetuosos de nuestra soberanía.

    Cuál es el interés de un diplomático acreditado en El Salvador al opinar sobre la política salvadoreña, ayudar al país, favorecer determinados intereses, mostrar que son poderosos y que pueden decir lo que quieran, creo que se equivocan y abusan cuando inclinan sus opiniones a defender acciones de un órgano de Estado desconociendo las razones de los conflictos o los intereses políticos que mueven decisiones que afectan el funcionamiento de otro órgano de Estado, en este caso las decisiones de la Sala de Constitucional en detrimento del Ejecutivo y del sistema de partidos políticos y en especial del FMLN, es recomendable que respeten nuestra soberanía y cumplan con su papel para el cual han sido acreditados en el país como diplomáticos.

    La embajadora de EEUU y el embajador de Alemania se han atrevido a dar puntos de vista sobre las opiniones del ciudadano presidente sobre las actuaciones de la Sala que bloquean las finanzas del Estado y con ello afectan que el gobierno pueda resolver diferentes problemas relacionados con la seguridad, la salud y la educación, ¿acaso ellos tienen algún interés de por medio, es ese su papel o creen que por ser representantes de países poderosos económicamente hablando pueden pisotear la soberanía nacional y la autodeterminación de nuestro pueblo?, se equivocan es bueno que revisen su papel como diplomáticos y que respeten a nuestro pueblo.

    O su interés es ayudar al imperio en su estrategia de "golpe suave" para estorbar el normal funcionamiento del gobierno y crear un ambiente de caos a lado de la derecha que pretende bloquear al gobierno y las transformaciones impulsadas desde la izquierda y terminar con derrumbar al gobierno, creen que nuestro pueblo se lo va a permitir, se equivocan, este pueblo reconoce su enemigo y sabe dar respuestas en los momento más indicados.

    Medardo González, Secretario General del FMLN, lanzó el día lunes 22 de junio cuestionamientos al embajador de Alemania en El Salvador, Heinrich Haupt. El también primer designado de la Presidencia consideró que el diplomático había irrespetado al presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, cuando calificó de incongruente que el mandatario critique por un lado a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y por otro esté llamando al diálogo. Como si fuera pecado cuestionar a los magistrados desestabilizadores, como si fueran dioses que no se equivocan, ellos tienen una agenda política internacional de sabotear al gobierno del profesor Salvador Sánchez Ceren.

    Debo recordar que el papel de una embajada es el de proteger los intereses de su país en el país receptor; negociar con el gobierno del estado anfitrión lo que su propio gobierno demanda o espera; enterarse, por vía legal, de las condiciones y desarrollos del estado receptor y reportarlos al gobierno de su país; promover las relaciones amistosas entre ambos estados y fomentar su crecimiento económico, cultural y científico. En ningún caso dice que se debe meter en la política nacional y estos señores (embajadora de EEUU y Embajador de Alemania) hablan de la política salvadoreña como si estuvieran en sus países.

    Es importante que el pueblo salvadoreño conozca que los diplomáticos acreditados en El Salvador no tiene el derecho de meterse en política interna a menos que sus países se vieran involucrados por asuntos de cooperación o de agresión, solo así pudieran opinar en función de apoyar al Estado donde están acreditados o de rechazar acciones que atenten contra sus países, de otra manera ellos no deben opinar sobre diferencias entre órganos del Estado o la manera de actuar del gobiernos y menos descalificar o criticar las opiniones del presidente, se vuelven irrespetuosos y violan la auto determinación del pueblo.

    Si los salvadoreños respetamos sus países y sus gobiernos por qué ustedes se atreven a meterse en asuntos propios de los salvadoreños, es bueno que sepan que nuestro pueblo no les aplaude esas acciones, más bien se les pide cumplan con su papel y dejen que los salvadoreños resolvamos nuestros problemas, a menos que sus opiniones sea para resolver y no para ser parte de un plan de desestabilización del gobierno, respetamos su ideología aunque no la compartimos, respeten nuestra soberanía.

    Nelson de Jesús Quintanilla Gómez, Sociólogo y Diputado de la Asamblea Legislativa de El Salvador periodo 2015-2018

  • La respuesta al proceso de inconstitucionalidad de $900 millones.

    300615-06La Presidenta de la Asamblea Legislativa presentó en nombre del Pleno, las respuestas requeridas por los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional en el proceso de inconstitucionalidad del Decreto que autorizó al Órgano Ejecutivo a emitir hasta 900 millones de dólares en bonos para cubrir distintas necesidades en materia de seguridad y política social. La opinión de la Asamblea es de rigor en la ventilación de cualquier proceso de inconstitucionalidad, aunque a lo largo de la historia la Sala ha demostrado que muy pocas veces toma en cuenta las opiniones de la Asamblea Legislativa y la de la Fiscalía General de la República.

    Por supuesto que la Asamblea responde sobre el fundamento constitucional, legal y de procedimiento de un hecho público, pues el Órgano Legislativo actúa sin esconderse; sus Comisiones al reunirse lo hacen bajo la presencia de periodistas de distintos medios y sus deliberaciones son transmitidas por la televisión legislativa. Las sesiones plenarias además de ser públicas y transmitidas por la televisión, son grabadas; todos sus incidentes quedan en actas, en transcripciones taquigráficas. Sus actas son aprobadas por el pleno, previa lectura de las mismas por parte de los grupos parlamentarios. ¿Cómo esconder lo actuado? Si lo actuado fue correcto y apegado a la Constitución.

    Si una Ley vigente sirve de base para las actuaciones de cualquier funcionario, y luego por simple disgusto o por intereses económicos, un grupo político cuestiona la Ley buscando invalidarla para anular lo actuado o aprobado, estaríamos en una incertidumbre, sería como vivir al margen de la ley, es tener leyes por gusto. No olvido los aplausos de los diputados de Arena cuando el 23 de abril se sometió a votación el dictamen y el Decreto en referencia porque se obtuvieron únicamente 55 votos, rebozaban felicidad porque el gobierno no podría tener una disponibilidad para reforzar presupuesto y financiar necesidades sociales que las circunstancias imponen.

    Es obvio que la definición del decreto con 56 votos se alcanzó como lo manda el mismo Reglamento Interior, dentro de una misma sesión plenaria, en la capacidad del Pleno de reconsiderar un punto antes que la sesión finalice. Nunca el decreto fue enviado al archivo como lo afirma el señor René Alfonso Guevara Aguilar, quien por cierto es un reconocido miembro del partido Arena y ex integrante del Batallón Atlacatl, como bastantes personas lo saben. Él como todo salvadoreño, tiene derecho a presentar una demanda, pero tiene la obligación de sustentar con hechos su postura.

    Si los hechos reales, y no los supuestos consignados en la demanda de inconstitucionalidad son tomados en cuenta por los magistrados, lo que se debiera esperar es declarar sobreseimiento a la Asamblea Legislativa y la validez del Decreto 1000. Pues a los que impulsan lo contrario les mueve el interés de que el gobierno no cuente con recursos para hacer frente a necesidades urgentes de la sociedad salvadoreña. Ese es el efecto buscado.

    Tan rebuscados son los argumentos para aparentar "buen derecho", que cuestionan la reconsideración de un punto por el pleno y la participación de un diputado suplente en la votación calificada.

    La respuesta ha sido dada, y cuando los diputados y diputadas del partido Arena opinan que la aprobación fue irregular, lo que hacen es confirmar y hacer público su interés para que los 4 magistrados declaren la "inconstitucionalidad" alegada por su compañero Guevara Aguilar. Pues su visión partidista está orientada a entorpecer al gobierno de Salvador Sánchez Cerén.

    La valides de integrar el pleno legislativo con un diputado o diputada electo como suplente cuando un propietario está ausente es algo incuestionable. La Constitución de la República en su artículo 131 al definir las atribuciones de la Asamblea (vale decir, el pleno reunido con 43 integrantes o más), establece que puede llamar a suplentes a conformarlo y la sentencia del año 2000, por cierto, firmada por otro magistrado miembro del partido Arena, René Hernández Valiente, reconoce la validez de que esta sustitución proceda con un suplente electo a propuesta del mismo partido del propietario que está ausente. Eso es lo que ocurrió al momento de la aprobación del Decreto 1000. Si se estableciera que toda ley en que un suplente ha votado sin ser el electo junto al propietario se estaría negando que todos y cada uno representamos al pueblo entero como lo estableció la sentencia del año 2000 y lo dice el artículo 125 de la Constitución.

    Si los llamados a la reflexión hechos a los magistrados tienen eco en su razonamiento, es posible esperar que se evite el daño a la sociedad que unos cuantos quieren producirle, anulando la validez de un decreto que da derecho a proveer recursos para atender necesidades del pueblo.

    Licda. Norma Guevara @guevara_tuiter

  • ¿Cuánto les cuesta la Sala de lo Constitucional a los trabajadores?

    220615-05La intención de esta nota no es hablar sobre el costo que le implica el mantenimiento del Órgano Judicial y en concreto la Sala de lo Constitucional, aunque sí vale mencionar lo oneroso que es al tener asegurado el 6% de los ingresos corrientes del Estado (que crecen cada año), a pesar de sus pobres resultados, ser el Órgano donde se consolida la impunidad y dicho sea de paso, la poca transparencia con la que maneja los recursos, pues incumple la Ley de Acceso de Información Pública al no publicar la información oficiosa de manera completa y actualizada, omitiendo por ejemplo la publicación de sus asesores y sus salarios, tal como sí lo ha hecho el Legislativo de forma ejemplar.

    En esta nota se pretende contabilizar el costo que han tenido las sentencias dirigidas a boicotear las finanzas públicas, en perjuicio de los trabajadores salvadoreños, por cuatro de los magistrados de la Sala de lo Constitucional (dos de ellos electos sin observar los requisitos que ellos mismos, le exigen a los funcionarios que les parecen incomodos), pues con su poder discrecional de interpretación, tuercen a más no poder el desarrollo jurisprudencial de la Constitución, privilegiando preceptos constitucionales en detrimento de otros y hasta de la misma Constitución, a modo de hacer llegar su criterio a la conveniencia y pedido de la oligarquía.

    El Estado obtiene sus ingresos principalmente por dos vías: los tributos y la deuda. Mientras crecen las necesidades de la población de más seguridad, más educación y más salud, se vuelve una consecuencia ineludible el que el Estado busque los mecanismos para un cobro eficaz de los impuestos, establezca tributos a quienes tienen mayor capacidad  y no están contribuyendo lo que deben o se contrate deuda. A sabiendas de esto, la Sala de lo Constitucional con sus sentencias golpea estas dos vías de ingresos, lo que implica cuantiosas pérdidas en los ingresos necesarios para satisfacer las demandas de la población.

    La evasión fiscal en El Salvador es alarmante, son más de $1,000 millones al año los que se pierden por grandes contribuyentes que evaden el pago de sus impuestos infringiendo la Ley, y no es que el Ministerio de Hacienda (MH) no quiera cobrarles, es que el marco jurídico que heredó la ultraderecha no le da herramientas efectivas a la administración tributaria para fiscalizar y a esto hay que sumarle que el fiscal, quien es el representante legal del Estado, está más preocupado en defender al presidente honorario de ARENA, Francisco Flores, que en cobrar a los deudores del Estado.

    Ante esto, el gobierno no se ha quedado con los brazos cruzados y desde el 2009 se han presentado reformas legales encaminadas a fortalecer el papel fiscalizador del MH y  cerrar portillos de evasión. En ese sentido se aprobó el pago mínimo del Impuesto Sobre la Renta, destinado solamente a las empresas que fingen pérdidas para no pagar este impuesto, gravando con el 1% a la renta obtenida, y la renta neta, posteriormente; se aprobó una amnistía fiscal que les permitía a los contribuyentes honrar sus deudas con el fisco. Sin embargo, estas medidas fueron declaradas inconstitucionales por la Sala, generando pérdidas de $64.7 millones a la fecha, según datos de esa cartera de Estado.

    Pero los golpes de la Sala de lo Constitucional continúan y a petición del arenero, ex vicepresidente de la República Enrique Borgo Bustamante, se ha admitido una demanda contra las reformas al Código Tributario que le permiten al Ministerio de Hacienda tener mayor control sobre la determinación de los “precios de transferencia” (mecanismo frecuentemente utilizado por los grandes evasores que fingen pérdidas), tener la facultad de publicar el listado de los deudores del Estado y mayor fiscalización sobre las cajas registradoras, “POS” y/o equipos electrónicos. Los efectos negativos de esta sentencia aún no han sido cuantificados.

    Por si no es suficiente con debilitar el papel del MH, la Sala de lo Constitucional también ha expulsado del ordenamiento jurídico dos tributos. Son más de $59 millones los que se han dejado de percibir a la fecha por la inconstitucionalidad de la contribución especial dirigida al Fondo para la Atención de Víctimas de Accidentes de Tránsito, y el Impuesto específico de las llamadas telefónicas provenientes del exterior, favoreciendo así a las grandes telefónicas.

    A pesar de esta cuantiosa reducción de ingresos, la necesidad de financiar el “Plan El Salvador Seguro” persiste y el gobierno no desiste en su afán de cumplir a la población. En ese marco, es que se hizo necesaria la autorización para que el Ejecutivo pueda emitir $900 millones en bonos, lo cual fue aprobado por la Asamblea Legislativa por mayoría calificada. Esto no le ha caído en gracia a la derecha recalcitrante, que en su lógica perversa de perjudicar y boicotear al gobierno, para según ellos, recuperar así sus privilegios y control del gobierno. Es por ello que uno de los militantes de ARENA, basando su demanda en hechos falsos, ha pedido a la Sala la inconstitucionalidad de esta aprobación legislativa y que increíblemente esta Sala ha admitido.

    De consumarse las peticiones hechas por ARENA a los cuatro magistrados, el costo de sus sentencias sería de más de $1,023.7 millones. Pero hay más costos para los trabajadores salvadoreños aun no cuantificados, los costos de oportunidad, los costos de no poder invertir esos fondos oportunamente, ¿cuántos empleos se han perdido por falta de inversión pública? ¿Cuántos delitos pudieron y podrían prevenirse? ¿Cuántos crímenes podrían haberse investigado a fondo? ¿Cuántas emergencias dejaron de atenderse por falta de patrullas y equipo adecuado?

    Han sido varios los golpes a las finanzas públicas asestados por esta minoría, pero esto no es excusa para desatender las necesidades de la población. Los trabajadores salvadoreños deben estar vigilantes de sus gobernantes y diputados, pero además apoyarlos en la búsqueda de soluciones y acompañamiento en la cruzada por lograr una justicia fiscal que garantice los recursos para el pueblo salvadoreño. Quienes ostentan la opulencia se resisten, pero no podrán contra el pueblo y su partido.

    Dip. Víctor Hugo Suazo @suazohugo

  • Maestros y maestras, felicidades en su día

    220615-02¿Qué sería de la humanidad sin maestros y maestras? Pensémoslo un momento y vendrán a nuestra mente varios maestros y maestras, principalmente quien nos enseñó desde las vocales hasta la lectura de nuestros primeros cuentos. Una misión y una vocación que se cumple en todos los tiempos y latitudes, la de aprender, la de enseñar, la de contribuir a la propia instrucción, la de cultivar la curiosidad, la creatividad, la invención y la experimentación. Es, en contacto con ese profesional, hombre o mujer, que desarrollamos nuestra propia lengua, la comunicación y la divulgación. Por eso a todos los maestros y maestras, felicitaciones en su día.

    Maestras y maestros salvadoreños, en este mes de junio se cumplen 50 años de la fundación de una Asociación de educadores que a su vez se tomó en serio la responsabilidad de enseñar, además de la lectura, la escritura, los números y las ciencias, el deber y la capacidad de luchar para dignificar la noble labor del magisterio; se trata de la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños, ¡ANDES 21 de Junio!

    A inicios del siglo pasado, los nombramientos de maestros eran escasos, se puede ver en los diarios oficiales de las primeras décadas la notificación de los nombramientos. La cobertura se extendió con la formación de maestros en las Escuelas Normales; aún ahora se reconoce la calidad profesional y humana de quienes tuvieron esa formación y a ella llegó asociada la exigencia de los mismos, al ejercicio efectivo de la libertad de cátedra, de los derechos del magisterio y de allí que muchos de los derechos ahora consagrados en la legislación sean el resultado de luchas de un gremio que ha hecho historia en nuestra patria. Similares recorridos se registran en otros países.

    Las primeras luchas del magisterio ocurridas a finales de los años 60 y 70 del siglo pasado representaron sacrificio de una generación de profesionales de la educación, acompañamiento de estudiantes, padres de familia y de obreros organizados, algunos de los cuales perdieron su vida producto de la represión a esas batallas del magisterio nacional. En los años más difíciles y al mismo tiempo de heroísmo, la huelga fue un recurso para hacer oír las demandas justas de estabilidad, remuneración justa, salud para el maestro y su familia y un sin fin de condiciones que representarían el reconocimiento social y legal de la noble función de educar.

    Varios centenares de maestros fueron asesinados por razones políticas, otros fueron perseguidos, encarcelados y desaparecidos, pero nunca cesaron en su lucha que era vista más allá de logros personales, para buscar el engrandecimiento de la escuela como Institución formadora de generaciones. En la década de los 90, ANDES protagonizó una dura batalla para evitar la privatización de la educación y por la nivelación salarial que le llevó incluso a una huelga de hambre.

    Las leyes que ahora existen para regular el desempeño docente, su sistema de protección a la salud, son compactación mejorada de decretos logrados en el pasado a fuerza de presión de las maestras y maestros. ANDES como organización expresa un recorrido de luchas y victorias junto al pueblo, y por eso la Asamblea Legislativa decidió reconocerle de manera especial. A su vez decidió saludar al magisterio nacional, en todos los niveles educativos, por su aporte al desarrollo de nuestra sociedad, sean o no miembros de alguno de los gremios magisteriales existentes.

    Hoy día, la maestra y el maestro, pueden encontrar políticas que apoyan al estudiante y su familia, que abre espacio a la capacitación en servicio en las diferentes disciplinas, se ha logrado la estabilidad laboral unificando los sistemas de nombramiento al pasar a quienes se desempeñaban en modalidades de contrato anual (EDUCO). Se ha fortalecido a Bienestar Magisterial, pero los desafíos existentes para que estas condiciones se conviertan en potenciadores de nuevos niveles educativos de país, son muchos y el principal está en la violencia social que fija su blanco en niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Por eso más que nunca se requiere conjuntar el esfuerzo de la familia, la comunidad y la escuela con los empeños para combatir la delincuencia y asegurar un desenvolvimiento tranquilo de nuestro país.

    Sin indiferencia frente a los problemas y necesidades existentes, sin olvido de las gestas magisteriales y sus logros que debemos cuidar; y con la mente positiva, y certeza de que juntos podemos hacer de nuestro país, un país justo, educado y seguro; celebremos todos este DÍA DEL MAESTRO Y LA MAESTRA. ¡FELICITACIONES!

    Licda. Norma Guevara @guevara_tuiter

  • ¿Porque bloquear las finanzas del Estado?

    160615-08En democracia, la Constitución y las leyes son el marco para actuar, las decisiones legislativas de mayoría se reconocen porque reflejan también a la mayoría de la sociedad. El 1 de marzo pasado la ciudadanía se expresó de modo que en la Asamblea Legislativa potencialmente se pueden tomar decisiones con el concurso de diputados de dos, tres, cuatro o cinco representaciones grupales. El FMLN o Arena por sí solos no constituimos mayoría, pero con el resto de representaciones ambos podemos lograr la mayoría simple; y sin una de las dos mayores minorías, es imposible alcanzar decisiones que la constitución manda que se tomen con mayoría calificada.

    Esta realidad incomoda al bloque político de ultra derecha, al bloque integrado por grupos que concentran mayor capacidad económica, sus entes creados por ellos mismos como FUSADES, ANEP y sus empresas de comunicación. Pareciera que a este bloque desestabilizador el destino del país no le importa, han actuado en el pasado para defender intereses de esos segmentos minoritarios que en el pasado imponían su voluntad a la Presidencia de la República, determinaban el quehacer legislativo y siempre tuvieron el silencio y tolerancia del sistema judicial.

    Si no dominan la Presidencia de la República ni la Asamblea Legislativa, hay que impedir su funcionamiento y trasladar el centro de las decisiones a los 4 leales Magistrados, eso parece ser la lógica política con la cual se "cambia el rumbo del país".

    El funcionamiento de las instituciones y los recursos financieros son los ejes que atacan con supuestas interpretaciones extensivas de la carta magna, contradiciéndose e ignorando el propio texto constitucional para resolver los pedidos de ese bloque desestabilizador. Los más recientes golpes muestran la importancia que para ese grupo de poder fáctico representan los Magistrados que integran la Sala de lo Constitucional desde 2009. Los primeros 3 años de esa sala, los 5 magistrados resolvían los golpes de manera unánime, cuando por unanimidad se eligió a Salomón Padilla como Presidente y no pudieron someterlo a su agenda, declararon inconstitucional su elección.

    Veamos una vez más el golpe a las finanzas del Estado con lo cual le cortan oportunidades de mejora a la sociedad en su conjunto y atropellan atribuciones propias de los órganos ejecutivo y legislativo: Declararon inconstitucional el impuesto de 4 centavos de dólares por llamadas telefónicas desde el exterior, las partidas de gastos imprevistos en el Presupuesto General de la Nación, las transferencias de fondos de un ministerio a otro, el impuesto de 1% de retención a empresas que declaran pérdidas por tres años consecutivos; declararon inconstitucional la contribución específica con la cual se otorgan compensaciones a familias de fallecidos en accidentes de tránsito.

    La Sala de lo Constitucional con los mismos cuatro Magistrados, Belarmino Jaime, Rodolfo González, Sidney Blanco y Florentín Meléndez, detienen la amnistía fiscal mediante la cual se buscaba estimular el pago de deudas con el fisco dispensando intereses y multas; este año declaran inconstitucional el artículo de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones que daba facilidades al Ministerio de Salud para compras de medicamentos. Admiten dos demandas de inconstitucionalidad que retratan de mejor manera el uso que hace el gran capital para bloquear las finanzas del Estado apoyándose en esos funcionarios. Por un lado decretan una medida cautelar que impide emitir bonos hasta por 900 millones de dólares aprobados en abril pasado, y admiten una demanda contra reformas al Código Tributario que establecieron medidas de transparencia, como publicar la lista de los deudores del fisco, fiscalizar las cajas registradoras, aplicar normas de la OMC para rastrear los precios de transferencia (recurso usual de empresas para eludir el pago de impuestos). De paso para que suene otra cosa y se eclipse la protección a los evasores, buscan declarar la inexistencia legal de diputados suplentes.

    El mismo día, se bloquea el financiamiento de necesidades urgentes de la sociedad en materia de seguridad y educación entre otras; por otra parte, se dan pasos para proteger a los evasores y la elusión fiscal. Quienes cobran IVA y no lo entregan al Estado, o fingen pérdidas, o transforman precios para no pagar impuestos serán los beneficiarios de estas acciones de la Sala. ¿Cómo entender de otro modo las acciones con las que hablan los jueces de lo constitucional; son Arena y los grupos del gran capital a quienes favorecen sus acciones y a quien afectan es a la sociedad en su conjunto, limitando el desarrollo de políticas públicas?

    Lo menos que debe saber la ciudadanía es que con esas resoluciones se causa grave daño a la sociedad, se está cambiando el sistema político y se está impidiendo que ejerzan sus atribuciones los funcionarios electos legal y legítimamente.

    Licda. Norma Guevara @guevara_tuiter

  • Existe una agenda política de la sala de lo constitucional en contubernio con el partido ARENA que golpea la democracia

    160615-07Lo que ha detonado el ambiente es que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió el miércoles 10 de junio, una demanda de inconstitucionalidad contra la autorización otorgada por la Asamblea Legislativa para que el órgano Ejecutivo emita títulos valores de crédito hasta por la cantidad de $ 900 millones. Los magistrados de la Sala consideraron que contraviene los artículos 131 ordinal 4°, 143 y 148 inciso 2° de la Constitución, pues se vulneró la exigencia constitucional según la cual el proyecto de ley desechado o no ratificado no podrá ser propuesto dentro de los próximos seis meses, y por infracción al proceso de formación de ley, esta aseveración no es cierta y por tanto no existe fundamento jurídico alguna para admitir dicha demanda.

    Ese argumento deja claro la intencionalidad política de la Sala, puesto que lo único que hace es daño a las finanzas del gobierno y por tanto, se deja de golpear la delincuencia a partir de que el gobierno no puede hacer trámites de vender dichos Letes en tanto existe medida cautelar sobre este aspecto relacionado con los 900 millones aprobados legalmente por la legislatura recién pasada.

    El demandante también señala que existieron anomalías en la aprobación del dictamen, ya que en la primera votación –cuando se rechazó la iniciativa– la diputada Sandra Salgado no votó. Fue sustituida por el diputado suplente José Wilfredo Guevara Díaz, quien sí votó a favor de la aprobación del decreto. No obstante, sostiene que "aunque ambos son del mismo partido político (GANA), Guevara no es el diputado suplente de la diputada propietaria Salgado García. De manera que Guevara Díaz únicamente podía suplir al señor Gallegos Navarrete; no a otro. Esto es la peor aberración que se puede cometer cuando no se sabe cómo es la forma de funcionamiento de la Asamblea, ese argumento no tiene base jurídica ni en la Constitución de en el Reglamento Interno de la Asamblea, por tanto queda clara la jugada política de la Sala.

    El FMLN ha argumentado que no hay fundamento jurídico alguno para admitir la demanda como tampoco existen elementos que le den a la Sala razones de peso para declarar dicha inconstitucionalidad, de hacerlo quedaría demostrado su interés político por dañar las finanzas del Estado y por consiguiente el daño que se le hace a la sociedad en general, sin embargo ARENA aplaude estas decisiones de la Sala y dice se deben cumplir y que hay razones jurídicas para hacerlo.

    En la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa del día jueves 11 de junio la Diputada Milena Calderón de Escalón dijo sentirse satisfecha por la resolución de la Sala y dijo que ahora el FMLN tendrá que negociar con ARENA varios puntos a fin de obtener los novecientos millones. Como puede verse, está clara la relación de la Sala con ARENA, es decir que la Sala es ahora el despacho jurídico del partido ARENA, hay contubernio que se llama agenda política para golpear la Gobierno y por tanto al FMLN, pero en realidad golpean al pueblo.

    La subjefe de fracción del ARENA, Milena de Escalón, se mostró complacida por la medida cautelar emitida por la Sala de lo Constitucional a la aprobación de $900 millones en bonos y reiteró que de ser declarado inconstitucional, el FMLN se verá obligado a negociar con el principal partido de oposición, entonces está claro que ARENA está detrás de esas sentencias, existe un poder factico detrás de las resoluciones políticas de la Sala de lo constitucional.

    El Secretario General del FMLN, Medardo González, ha sostenido que los cuatro magistrados que integran la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) estarían respondiendo a ideologías políticas con la medida cautelar que suspende la colocación de bonos por $900 millones, que serían utilizados para programas sociales.

    Según la Jefa de Fracción del FMLN, existe un grupo político de ultra derecha que concentra la mayor capacidad económica que se apoya en entes creados por ellos mismos como la ANEP, FUSADES y sus empresas de comunicación, este grupo es el principal desestabilizador y buscan defender sus intereses a toda costa y que antes imponían su voluntad a la Presidencia de la República, determinaban el quehacer legislativo y siempre tuvieron en silencio y tolerancia al sistema judicial. Ahora no dominan la Presidencia de la República ni a la Asamblea Legislativa, por ello buscan impedir su funcionamiento y trasladar el centro de las decisiones a los 4 leales Magistrados, eso parece ser la lógica política con la cual se "cambia el rumbo del país".

    Sin duda la agenda política de los 4 magistrados tiene a la base golpear al pueblo con sentencias tales como: "el impuesto de 4 centavos de dólares por llamadas telefónicas desde el exterior, las partidas de gastos imprevistos en el Presupuesto General de la Nación, las transferencias de fondos de un ministerio a otro, el impuesto de 1% de retención a empresas que declaran pérdidas por tres años consecutivos; declararon inconstitucional la contribución específica con la cual se otorgan compensaciones a familias de fallecidos en accidentes de tránsito".

    También y siempre de acuerdo, a lo expresado por Norma Guevara, estos 4 magistrados "admiten una demanda contra reformas al Código Tributario que establecieron medidas de transparencia, como publicar la lista de los deudores del fisco, fiscalizar las cajas registradoras, aplicar normas de la OMC para rastrear los precios de transferencia (recurso usual de empresas para eludir el pago de impuestos). De paso para que suene otra cosa y se eclipse la protección a los evasores, buscan declarar la inexistencia legal de diputados suplentes". Sin duda alguna existe una intromisión en los demás poderes del Estado, lo cual golpea la democracia representativa.

  • Pensiones a debate

    090715-08El 5 de junio recién pasado, diversas organizaciones de trabajadores desarrollaron un foro situando en el centro del debate los problemas del sistema de pensiones. Es una buena señal que los trabajadores creen espacios para discutir un tema que directamente afecta a los ex trabajadores ahora jubilados, a los trabajadores activos y a las futuras generaciones de trabajadores. Igualmente el problema afecta a la generalidad de la población, pues es con fondos del público que se hace frente a la enorme e interminable deuda heredada de la privatización de pensiones y por los derechos otorgados a minorías sin el sustento de una base financiera. Lo menos que se debe esperar de estos debates es una apreciación más completa del fenómeno, es un esclarecimiento que cada jubilado y cada trabajador debe tener de la situación general y de su propia situación.

    En el informe del Presidente de la República el 1 de junio ante la Asamblea Legislativa, también se planteó el compromiso de buscar un camino para atender y resolver este viejo y complejo problema. Varios centenares de expedientes pidiendo reformas puntuales a las leyes relacionadas al sistema de pensiones se acumularon desde los años 1998 hasta 2009; eso ha llevado a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto a programar el abordaje integral del tema como una de sus prioridades en la legislatura que inició el 14 de mayo pasado.

    Nadie discute que la privatización de las pensiones en 1997 amerita una reforma, pero el abordaje pone de manifiesto diferentes posicionamientos políticos que al mismo tiempo reflejan la defensa de intereses. El titular del foro de los trabajadores situaba la pregunta clave: ¿Las pensiones son un derecho o un negocio? Ese enfoque es explicable viniendo desde el verdadero dueño y destinatario de un derecho, pues con poca información se puede sacar en claro que desde 1998 que se aplicó el sistema privatizado, las Administradoras de Fondos de Pensiones y las aseguradoras, han ganado decenas o cientos de millones de dólares, mientras que el Estado ha pagado la mayor parte de las pensiones, acumulando deuda creciente y la mayoría de los trabajadores enfrentan una amenaza permanente.

    Una reforma debe orientarse a poner en claro la magnitud y naturaleza del problema, buscar caminos que permitan viabilizar el pago de pensiones de manera sostenible, disminuir el déficit fiscal agrandado por la privatización; generar condiciones en la economía que faciliten resolver los problemas del empleo y su baja remuneración que en tiempos pasados y en el presente son los responsables de las limitaciones financieras de cualquier sistema de pensiones con las consecuentes afectaciones a la vida de la persona trabajadora y su familia.

    Debemos reconstruir el camino que nos llevó hasta la forma actual de la crisis de pensiones, empezando por la baja cobertura, pues solo cotiza un 25% de la población económicamente activa; todo el sector informal no cotiza a la seguridad social y existen pensiones de pequeños grupos con un sesgo regresivo, la pensión promedio es de $300 dólares, algunos estudios indican que la insuficiencia de ahorro personal dejaría sin posibilidad de pensión al 62% de los cotizantes.

    El sesgo de las pensiones se origina en reformas realizadas en 2003 y 2006 que las hicieron en los gobiernos de Francisco Flores y Antonio Saca, que se crearon derechos a cotizantes y pensionados, esto lleva a una desigualdad que se agrega a la desigualdad salarial, en 2011 ya era evidente en las proporciones de la masa monetaria que se paga en pensiones; el 90% de las personas reciben el 66% de las pensiones y el 10% reciben el 33% de las pensiones.

    El gobierno de Calderón Sol, que fue el iniciador de la privatización afirmaba que el sistema solidario estaba en crisis; en aquél tiempo la cotización era menor. En el sector público se pasó de cotizar el 2.5% del salario por parte del trabajador al 7%, y en el sector privado se pasó de cotizar el 1% del salario al 6.25%; en vez de tener tres aportes, el del trabajador, empleador y el Estado, se pasó a dos aportes, el del empleado y el del empleador. Si tres gobiernos consecutivos del partido Arena privatizaron, se dieron cuenta que no había capacidad de pago y en vez de corregir aumentaron el problema, es explicable que ahora sea un grave problema. La solución requiere de debate que incluya a todos los sectores y todos los puntos de vista antes de tomar las medidas que permitan su sostenibilidad en el tiempo. Por eso es bienvenido el debate de las organizaciones laborales, ojalá esta dinámica continúe y pronto encontremos una solución a la crisis de pensiones.

    Licda. Norma Guevara @guevara_tuiter

  • Trabajemos todos por un país productivo, educado y seguro

    050615-05La invitación es del Presidente Salvador Sánchez Cerén, para alcanzar el buen vivir para todas y todos se requiere trabajar unidos en una sola dirección: Dinamizar la economía y volver al país productivo, hacer de la educación una palanca para el desarrollo personal, familiar, nacional y desmontar los factores estructurales generadores de violencia para que vivamos seguros.

    Este horizonte nos incluye a todos, requiere de nuestro sacrificio y a lo mejor por eso algunos sectores minoritarios, pero con mucho poder económico y mediático se empeñan en negar que existe un rumbo de país al servicio del cual se realiza la actividad del gobierno y al cual ellos están invitados a concurrir con sus esfuerzos. Es necesario reconocer el empeño de micro, pequeñas y medianas empresas y de algunas grandes, que han desplegado su actividad productiva aprovechando las políticas del gobierno en materia de crédito; apoyo y fomento a las micro, pequeñas y medianas empresas y asistencia técnica para encontrar mercado a sus productos; sin duda a ellos se debe la proyección de crecimiento de la economía por encima del 2% y de la estimación de organismos internacionales en la subregión.

    A través del Banco Hipotecario y Banco de Fomento Agropecuario, se han otorgado créditos productivos por un valor de 452 millones de dólares, beneficiando a 1,900 empresas; 12,600 productores agrícolas y 15,700 microempresarios. En materia de crédito se destaca el programa de Banca Mujer que además de fomentar la autonomía económica de las mujeres promueve su formación y liderazgo. Más de 2,000 empresarias han aprovechado estas oportunidades.

    Se apoya desde el Estado a las empresas para formalizarles, en la búsqueda de mercado, creación de nuevas empresas, con capital semilla y créditos. Más de 200 iniciativas empresariales han logrado financiamiento no reembolsable para fortalecer las MIPYMES representando una erogación superior a 3 millones de dólares.

    A los caficultores a través de la banca de desarrollo se les aperturaron líneas de crédito y con ello se han otorgado más de 24 millones de dólares en créditos. De todos es conocido el apoyo a los productores de maíz y café con el objeto de incrementar la producción de granos básicos y disminuir la dependencia externa en materia de alimentación.

    El Estado además es generador de obras y empleos en menor magnitud, pero siempre importante a través del desarrollo de obras públicas. En el primer año del Presidente Sánchez Cerén se han realizado 448 obras de inversión por un monto aproximado de 362 millones de dólares, lo que incluye carreteras, caminos rurales, obras de protección y de paso, puentes, señalización y mantenimiento de más de 6 mil kilómetros de carretera. Igualmente que en construcción, mejora de vivienda, especialmente para sectores más necesitados.

    Estos y muchos logros para la sociedad salvadoreña son ocultados en los espacios noticiosos dedicados prioritariamente al drama de la inseguridad y en ese modelo informativo existe un cálculo político de promover desesperanza. Es cierto que necesitamos avanzar en el combate a la criminalidad, y más cierto es que la impunidad a la que contribuye la ineficiencia de la Fiscalía y los jueces, constituye también una de las causas estructurales de ese flagelo. Para desmontar ese factor perverso, creador de muerte es preciso que las instituciones del Estado más allá del Órgano Ejecutivo actúen con verdadero patriotismo, liberados de las presiones de poderes fácticos que pretenden a toda costa recuperar el control del gobierno explotando el dolor de la gente.

    El 26 de marzo en la calle, vestidos de blanco hicimos la demostración de que somos más los que queremos la unidad para el bien común, que creemos en que es posible un país pacífico y sin violencia, que podemos lograr que nuestros niños y jóvenes eviten caer en la manipulación promovida por quienes comercian con droga, lavado de dinero y otros delitos presentándose ante la sociedad como honorables señores. Ese sentimiento es de gente diversa y con lealtad a ellas y ellos debemos trabajar sin desmayo, aún sabiendo que a veces tenemos a la par a quienes les mueve otro interés diferente, el de aquéllos que creen y se pronuncian abiertamente en favor de que el partido ARENA aproveche políticamente la inseguridad.

    Al finalizar el primer año del Presidente Salvador Sánchez Cerén al frente de la Presidencia podemos decir con claridad que está haciendo frente a la criminalidad y que merece el apoyo en ese combate frontal; que ha privilegiado la educación, la salud y las políticas sociales que disminuyen inequidad.

    Un segmento importante de empresarios comprende y apoya el caminar hacia el desarrollo económico incluyente. Es oportuno apoyar este proceso; demandarles a la Fiscalía y a los jueces aportar en este rumbo de país.

    Licda. Norma Guevara @guevara_tuiter

  • Y ahora ¿qué pretexto inventarán para paralizar a la Asamblea?

    110515-04Pasaron los primeros 10 días de mayo y aunque la Constitución de la República establece que la Asamblea Legislativa se instala el 1° de mayo del año de su elección, la que fue electa el 1° de marzo pasado, sigue sin instalarse por una medida adoptada por la Sala de lo Constitucional, que violando disposiciones expresas ordena excluir a la representación legislativa del departamento más grande del país San Salvador, y con ello impide su conformación y consiguiente organización.

    La Sala es una de 4 de la Corte Suprema de Justicia, la integran 5 magistrados y con esas cuatro letras SALA, cuatro magistrados se han convertido en un efectivo mecanismo, casi una lámpara maravillosa, que puede y hace lo que al poder económico y su partido preferido les interesa, conviene o les gusta. Esta resolución emitida inicialmente el 14 de abril declarando provisionales las credenciales entregadas por el Tribunal Supremo Electoral y luego el 27 de abril ordenando la exclusión de 24 diputaciones correspondientes a San Salvador, es algo inédito.

    El Presidente de la Sala de lo Constitucional, el Doctor Armando Pineda Navas, emitió un voto en contra de la medida, igual que lo hizo cuando en noviembre pasado ordenaran aplicar el voto cruzado. En ambas ocasiones el Presidente de la Sala ha mostrado la importancia de que los jueces apliquen el principio de la ponderación en sus resoluciones, algo que 4 magistrados ignoran. Belarmino Jaime, Rodolfo González, Sídney Blanco y Florentín Meléndez parecen disfrutar de poder hacer cosas que a otros les parezca imprudente, inoportuno, desproporcionado y sin duda están dispuestos a llevar su agenda a las últimas consecuencias.

    Sus defensores políticos aseguran que "ellos no tienen la culpa de que la Asamblea Legislativa sea mala, que hace mal las cosas". Esto mismo afirman ahora del Tribunal Supremo Electoral, y lo han sostenido del Presidente de La República; todos los demás son malos, los buenos son los 4 magistrados. En sus casi 6 años de elección por la Asamblea, han declarado inconstitucionales a un Fiscal, a Magistrados de la Corte de Cuentas, a un Ministro de Justicia y Seguridad, a un Presidente de la Corte Suprema de Justicia, a 10 Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al Presidente del Tribunal Supremo Electoral, al Presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, tienen en proceso de declarar inconstitucionales a los actuales miembros de la Corte de Cuentas de la República y al Tribunal Supremo Electoral.

    En el campo financiero han declarado inconstitucional el impuesto a las llamadas telefónicas desde el exterior, la contribución especial para compensar a víctimas de accidentes de tránsito, disposiciones del Presupuesto General de la Nación, a la retención del 1% de los activos de empresas que declaran pérdidas por 3 años consecutivos, al 1% de activos netos; tienen en proceso quitar el impuesto a las transferencias bancarias mayores a mil dólares y ya tienen en sus manos anular la emisión de bonos aprobada para hacer frente a la seguridad y programas sociales.

    Sin duda declararán que la dolarización fue bien hecha, que el TLC es conforme con la Constitución y que el sistema de distribución del espectro radioeléctrico es correcto y justo. Y como no se para la gente a quemar llantas por la falta de una Asamblea Legislativa, nadie se muere por eso, la mantendrán sin funcionar y sin poder elegir a 5 magistrados de la misma Corte Suprema de Justicia, porque también anulan una lista que no le gusta a los 4 señores, casi Dioses.

    Esto último recuerda la crisis que la Sala antecesora dejó en 2009, al ordenar a la Asamblea no elegir magistrados hasta resolver un amparo, eso creó una verdadera crisis y en la búsqueda de su solución el Presidente Mauricio Funes ofreció apoyo y mediación para que las fuerzas políticas encontraran una solución. Emergió así la causa y la solución. Los dirigentes del bloque de derecha entonces conformado por Arena, PCN y PDC afirmaron que ninguno les daba confianza y pidieron incluir 4 nombres, dos de esos nombres fueron Belarmino Jaime y Rodolfo González. Sin examen alguno de sus antecedentes el mismo bloque pidió al CNJ retirar la lista y rehacerla incluyéndoles a ellos y la "mala Asamblea", les eligió.

    Aquella "solución" la pagamos ahora con un grupo de abogados empoderados y endiosados que aceleradamente promueven la inseguridad jurídica, desestabilizan del país política y financieramente; y son pieza clave para un zarpazo del cual la modalidad de los nuevos golpes contra gobiernos progresistas. No puede descartarse que la ausencia de una Asamblea sea útil para ese fin.

    Aquella "solución" la pagamos ahora con un grupo de abogados empoderados y endiosados que aceleradamente promueven la inseguridad jurídica, desestabilizan el país política y financieramente; y son pieza clave para un zarpazo del cual la modalidad de los nuevos golpes contra gobiernos progresistas. No puede descartarse que la ausencia de una Asamblea sea útil para ese fin.

    Licda. Norma Guevara @guevara_tuiter

  • Sala de lo constitucional burla la voluntad del soberano

    300415-01Comparto con el presidente de la Asamblea legislativa, compañero Sigfrido Reyes, que está llegando a su fin y que es un momento adecuado para echar una mirada atrás, observar lo actuado a lo largo de tres intensos años de actividad parlamentaria y ofrecer a la ciudadanía no solo un resumen de nuestra labor sino, sobre todo, un rápido recuento de lo que la Asamblea Legislativa hereda al pueblo salvadoreño en cuanto a normativas que apuntan a la construcción de una sociedad más democrática, justa, inclusiva y respetuosa del Estado de Derecho.

    A lo largo de estos tres intensos años según el compañero Reyes, se ha trabajado para promover leyes que fomenten la justicia social y la igualdad de oportunidades, que contribuyan a eliminar la discriminación de todo tipo para, en definitiva, promover una vida digna y la construcción de una sociedad basada en el valor de la tolerancia y el respeto a los derechos que nuestra Carta Magna garantiza y también atendiendo a las expectativas del pueblo salvadoreño y en algunos casos atendiendo a sentencias de la Sala de lo constitucional muchas de las cuales han sido sin ningún fundamento jurídico, sino político.

    Se ha promovido avances importantes en materia económica, política, social y medio ambiental y de manera particular en el desarrollo e inclusión social para impulsar la equidad de género, reconocimiento de los pueblos originarios, mayor participación ciudadana y mayor control de la ciudadanía en la gestión pública; también se ha promovido el desarrollo económico que estimula la empresa pública y privada a la inversión pública, además se ha promovido el desarrollo del sistema democrático con leyes y decretos que amplían derechos de la población y una mayor participación en el poder local.

    La Asamblea Legislativa es uno de los tres órganos fundamentales del Estado salvadoreño; es un cuerpo colegiado integrado por 84 diputadas y diputados electos mediante voto popular en 14 circunscripciones departamentales según el número poblacional, con atribuciones y competencias indelegables, establecidas por la Constitución de la República y desarrollada en su Reglamento Interior. Su principal función es legislar, decretar, interpretar auténticamente, reformar y derogar las leyes secundarias, en ningún momento corresponde a los legisladores y legisladoras hacer carreteras, construir escuelas, hacer canchas de futbol, poner energía eléctrica, agua potable o cualquier otro servicio básico, eso sí, se debe representar al pueblo y acompañarlo en la gestión de determinadas necesidades ante diferentes instituciones del Estado o privadas.

    También es función de los diputados y diputadas decretar impuestos, el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Administración Pública; elegir a los Presidentes y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Cuentas de la República, así como al Procurador General de la República, al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y a los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura.

    Dentro de la comisión de Reformas Electorales y Constitucionales se aprobaron importantes leyes y decretos legislativos así como reformas constitucionales muy importantes entre las que destacan: ley de partidos políticos, ley especial para el ejercicio del voto desde el exterior en las elecciones presidenciales, nuevo código electoral, decreto para la creación de Concejos Municipales plurales, reforma constitucional al artículo 124 y 202 para ampliar los periodos de funciones de los diputados y diputadas y de los Concejos Municipales a partir del 2022 siempre que esta sea ratificada por la legislatura de 2015-2018.

    En la comisión de Trabajo y Previsión Social se crearon leyes y decretos tales como: reformas al código de trabajo en su artículo 29 numeral 6 adicionando el literal “d” licencia al padre de familia cuando nace un hijo; reformas al artículo 198 relativo a un aumento escalonado del aguinaldo en el sector privado; se crearon las leyes siguientes: ley de incentivos para la creación del primer empleo de las personas jóvenes en el sector privado; ley reguladora de la prestación económica por renuncia voluntaria que tiene aplicación en el sector público, municipal y privado y finalmente se hicieron reformas a la ley de asuetos, vacaciones y licencia de los empleados públicos, también se reformo la ley de servicio civil con el objeto de no exigir prueba de VIH para ingresar a un trabajo, en este mismo orden también se reformo la ley de la carrera administrativa municipal.

    Otra normativa importante que aprobamos es la ley de desarrollo y protección social y cuyo objeto era establecer el marco legal para el desarrollo humano, protección e inclusión social, que promueva, proteja y garantice el cumplimiento de los derechos de las personas, además con esta ley se convierten las políticas de gobierno del presidente Funes en políticas de Estado, lo que implica que nadie podrá quitar estos beneficios sociales a menos derogue la ley.

    También se aprobó la ratificación de la reforma constitucional del artículo 63 para reconocer los pueblos indígenas, la cual establece que el país adoptara políticas a fin de mantener y desarrollar la identidad étnica y cultural de los pueblos indígenas, así como también su cosmovisión, valores y espiritualidad, con esta reforma constitucional se salda una deuda histórica y garantizarles su inclusión como verdaderos ciudadanos salvadoreños.

    Como parte del grupo parlamentario del FMLN he contribuido con mi voto al nombramiento de magistrados de la CSJ, de la CCR, del TSE, al procurador de DH, a la procuradora GR, al FGR y otros funcionario que la constitución establece para ser electos por la Asamblea legislativa; también hemos aprobado en tiempo oportuno el presupuesto general de la nación y la ley de salario para el pago oportuno de los empleados y empleadas públicos de El Salvador y finalmente hemos aprobado préstamos para apoyar la educación, la seguridad pública, la salud, al ministerio de trabajo, el emprendedurismo, agricultura y apoyo a las comunidades migueleñas.

    Nelson de Jesús Quintanilla Gómez, Sociólogo y Diputado de la Asamblea Legislativa de El Salvador periodo 2012-2015

  • Una Ley contra las extorsiones

    240315-04La Asamblea Legislativa aprobó el Decreto 935 que contiene Ley Especial contra el delito de Extorsión. La iniciativa provino del Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, fue presentado con sentido de urgencia semanas antes de las elecciones, y pese a reconocerse su importancia, algunos grupos parlamentarios pidieron dejarlo para después de las elecciones creyendo, que de hacerlo antes tendrían una respuesta electoral de quienes se dedican a cometer este delito. En la plenaria del miércoles 18 de marzo con los votos de todas las fracciones la ley fue aprobada.

    La ley contiene consideraciones que señalan la importancia de ajustar el concepto del delito a las circunstancias actuales, advirtiendo que el cometimiento de este delito produce afectaciones diversas a las personas, las familias, la comunidad y a la economía. El objeto de la ley es prevenir, investigar, enjuiciar y sancionar el delito de extorsión, tanto a los autores materiales como a los cómplices. Cuando se cumplen condiciones agravantes la pena será de una tercera parte adicional.

    Entre los agravantes de este delito se definen que se cometan desde los centros penales, que participen parientes o personas afines por la relación laboral, que participen funcionarios o empleados y que se cometan contra funcionarios. La ley manda a que este delito se investigue de oficio, bastara con que se dé aviso para el inicio de una investigación.

    Los tribunales ordinarios conocerán y juzgarán a quienes cometan este tipo de delitos, podrán dar valor de prueba a bitácoras de llamadas telefónicas y a declaraciones que den agentes encubiertos, esto además de la prueba científica o de otras pruebas.

    La ley contiene regulaciones especiales en materia de telecomunicaciones. Obliga a las empresas a aportar soluciones técnicas que impidan el tráfico de telecomunicaciones desde los centros penales; la Super Intendencia de Telecomunicaciones estará obligada a vigilar la aplicación de esta prohibición.

    En los casos de violaciones a la prohibición se aplicarán sanciones patrimoniales independientemente de otro tipo de sanciones penales.

    La multa por violar la prohibición por parte de las empresas de telecomunicación será de 500 salarios mínimos mensuales del sector comercio, no podrán prestar servicios desde los espacios en los que funcionan los centros penales, granjas penitenciarias o centros de internamiento de menores. Esta prohibición no aplica para los servicios que pueda contratar el Ministerio de Justicia.
    Sin lugar a dudas este delito es uno de los que mayor perturbación provoca en la sociedad y pone en manos de las instituciones estatales, Fiscalía, jueces y policía una herramienta legal nueva que facilita el combate efectivo de este delito; permite fortalecer la eficacia de las instituciones, la ley por sí sola será como cualquier ley insuficiente si la conducta de los aplicadores la dejara de lado como ha ocurrido con otras leyes. ¡Ahora el órgano judicial y el ministerio público tienen el deber de apropiarse de esta nueva herramienta para prevenir, investigar, juzgar y sancionar la extorsión!.

    Es bueno que la totalidad de fuerzas políticas con representación legislativa la apoyaran y ahora toca divulgarla para que la sociedad sepa también aprovecharla. La marcha por la Vida, la Paz y la Justicia es un buen escenario para anunciar al país la voluntad de las instituciones; de poner en práctica y con valentía los mandatos derivados de esta nueva ley especial.

    Es la complementariedad de esfuerzos de la sociedad y de sus instituciones, orientadas a una misma finalidad, la que permitirá al país superar este momento crítico que afecta la vida y la tranquilidad de miles de familias; es aportando y confiando como vamos a superar esta realidad que afecta no sólo a nuestro país sino a una región.

    Este es un paso adelante en el cual el primer órgano del Estado da una respuesta positiva, quedan por cubrir otros como, dotar de recursos pendientes para la prevención de violencia aportados por Alemania, préstamos para seguridad otorgados por el BID, recursos que eleven nuestra capacidad de desarrollo y emprendimiento empresarial turístico, entre otros.

    La Ley es una herramienta legal y respaldo político, la marcha debe ser respaldo social y voluntad de acción conjunta.

    Licda. Norma Guevara @guevara_tuiter

  • Campaña plena: Concejos Municipales, Diputaciones a la Asamblea y Parlacen

    030215-03

    Llegó el momento de una campaña electoral plena, en la que se juntan la propaganda electoral para los 262 concejos municipales, las 20 diputaciones al Parlamento Centroamericano PARLACEN, y los 84 escaños para diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa. Todos y todas actuando al mismo tiempo para obtener el suficiente respaldo de la ciudadanía y alcanzar una responsabilidad desde la cual servir al pueblo dentro de una visión de país.

    El FMLN ha presentado candidaturas en todas las circunscripciones. Son 2,991 personas para Concejos Municipales de los cuales 933, es decir el 31% son menores de 31 años. La participación de mujeres en los concejos propuestos por el FMLN alcanza el 40.2%. En las 84 fórmulas de candidaturas propietarias y suplentes a la Asamblea Legislativa el FMLN incluye el 44% de mujeres y en el PARLACEN un 50%. El país, gracias a la nueva Ley de Partidos Políticos dará un paso importante al hacer exigible a todos los partidos políticos incluir mujeres en sus propuestas; pero el FMLN que ha sido pionero consecuente con el principio de incorporar mujeres "en posiciones ganadoras", está dando un paso todavía más avanzado con la participación de mujeres.

    Adicionalmente el FMLN por principio, da espacio y formación a jóvenes, algo en lo cual la ley no establece ninguna cuota, solamente obliga a que los estatutos de los partidos establezcan normas para propiciar la participación de jóvenes. El FMLN incorpora al menos el 25% de personas menores a 31 años, estamento que asegura la incorporación de este segmento y en concejos municipales esta cuota alcanza un 31%.

    Son 3,199 personas de todos los departamentos, municipios y del exterior quienes compiten bajo la bandera del FMLN en las tres elecciones que tendrán lugar el 1 de marzo, muchas de ellas, en el caso de los concejos municipales, son representativos de sectores y aunque su afiliación sea inmediata para la participación electoral, sustentan valores y principios; trabajan por el bien común y se identifican con el FMLN como un sujeto partidario desde el cual ese servicio a la sociedad puede ser mayor.

    Nayib Bukele lo decía uno de estos días, la elección no es en sí el objetivo, hay que participar para llegar a un cargo, pero el verdadero objetivo es que desde esas posiciones impulsemos el cambio, la justicia social; por la que se ha luchado a lo largo del tiempo. De allí la diferencia entre el FMLN y otros partidos, apostar por un sueño, trabajar por una visión de país productivo, educado y seguro. Trabajar para potenciar logros ya evidentes que derivan del ejercicio de responsabilidades públicas, como una Santa Tecla que salió de los escombros de dos terremotos a ser una ciudad ejemplar por su promoción de la cultura, por su dinamismo; un Suchitoto transformado en centro que convoca al mundo para reunir pasado y futuro con especial belleza, o un Jiquilisco en avance productivo y tantos otros municipios donde se siente la presencia de un gobierno del pueblo, un gobierno del FMLN.

    La Constitución y las leyes nacionales son un marco para la inspiración sobre las formas de hacer positivo y tangible el bienestar, la realización de los derechos. Avanzar con soluciones, una tras otra. Un día un periodista ante quien se hacía un recuento de logros obtenidos en leyes y programas que identifican la obra del FMLN me decía: Entonces todo está bien, o la ironía de quienes quieren opacar los logros del país diciendo que vivimos en otro mundo; de lo que se trata es de identificar un rumbo asumido democráticamente por las y los salvadoreños; el camino del cambio. Cuando a una familia desesperada por que su ingreso es insuficiente tiene asegurado el acceso a la escuela para sus hijos, a la salud para su familia; se está en camino de construir su bienestar, se avanza a una mayor calidad de vida. Ese es el sentido de servir dentro de una perspectiva de desarrollo humano, del buen vivir como lo expresa el Presidente Salvador Sánchez Cerén.

    La plena campaña, la acción de todas y todos los candidatos de un partido como el FMLN debe ser empleada para construir conciencia, reflexión, racionalidad, esperanza y voluntad de seguir aportando y apostando por los cambios justos. Lo decía nuestro candidato a alcalde por Santiago Texacuangos de una manera sencilla: Cerrar la puerta a la corrupción y abrir la puerta a la participación.

    Para el FMLN este es un trabajo de decenas de miles de activistas formados en el compromiso con los avances de nuestra patria. Es un ineludible deber cívico, llevar al FMLN a una nueva VICTORIA, que mantenga y profundice el camino iniciado.

    Licda. Norma Guevara @guevara_tuiter

  • Enero en la memoria para construir un país mejor

    270115-02Muchos acontecimientos esperanzadores han tenido lugar en este mes de enero. Quiero referirme a uno de ellos que inevitablemente vincula a los demás. El Seminario Internacional sobre el Pensamiento de Schafik Hándal en el Siglo XXI desarrollado por el Instituto Schafik Hándal y el Centro de Estudios de El Salvador entre el 23 y 25 de enero. El evento se desarrolla en el marco del IX aniversario de la desaparición física de Schafik, un patriota y líder indiscutible de la izquierda salvadoreña, un revolucionario abanderado dela democracia, la justicia social y la soberanía nacional.

    Desde el cono Sur, el Caribe y Centroamérica, intelectuales y militantes revolucionarios acompañaron la reflexión sobre la vigencia de las ideas y del ejemplo que Schafik aporta a la lucha actual y futura de nuestros pueblos en la edificación de una Latinoamérica nueva. Entre ellos los cubanos Roberto Regalado y Orlando Cruz, el boliviano Hugo Moldiz, el brasileño Ricardo Gebrin, el colombiano Marcelo Caruzo, el uruguayo Aram Aharonian y muchos otros y otras.

    El seminario fue antecedido por la tribuna de rendición de cuentas que el partido dedica a Schafik cada aniversario de su fallecimiento. Los alcaldes del FMLN, diputados y diputadas del Parlamento Centroamericano, la fracción legislativa y la dirección del Partido informan al pueblo los logros alcanzados; porque el mayor tributo a un Líder como él, es trabajar en favor de la gente, defender sus intereses, entender y atender las necesidades de los segmentos más vulnerables. El pueblo y su sed de justicia fueron inspiración, motivaron su fecunda actividad política y teórica hasta el último día de su vida física.

    La mañana del 24 de enero rendimos homenaje a Schafik, en el mausoleo donde descansan sus restos, con guardia de honor, cantos y flores. Sabemos que permanece con nosotros en la lucha, en los logros y avances de nuestro país y de pueblos hermanos. En esta ocasión el Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén y el Vice Presidente Oscar Ortiz acompañaron a la militancia en el cementerio los Ilustres, lugar en el que el año pasado nos comprometimos a ganar la Presidencia de la República por segunda vez. Podemos afirmar entonces, que hemos cumplido y estamos cumpliendo al dedicar los mayores esfuerzos en favor de nuestro pueblo.

    Schafik nos vincula a otras luchas: a) La insurrección de 1932 en la cual los pueblos indígenas se alzaron reclamando sus tierras; sólo que esta vez, esa conmemoración de la insurrección y el subsecuente genocidio perpetrado contra nuestra población campesina e indígena, está acompañada de un acto de justicia: la aprobación de la reforma constitucional que reconoce los derechos de los pueblos indígenas; b) la marcha gigantesca del 22 de enero de 1980 convocada por la Coordinadora Revolucionaria de Masas constituida el 11 de enero del mismo año, levantando un programa de cambio, que fuera reprimida por la dictadura; y c) La firma los Acuerdos de Paz el 16 de enero de 1992, que dieron un vuelco a la historia de nuestro país.

    La jefatura de la negociación por parte del FMLN fue encomendada a Schafik Hándal por la comandancia General; duró dos años y contó con la intermediación de la ONU. Justamente para celebrar y revalorar semejante gesta del pueblo nos visitó el Secretario General de la ONU, don Ban Ki Moon y compartió la importancia que este acontecimiento tuvo en la propia organización internacional. La Paz es valiosa, la Paz es posible, nos ha dicho el Secretario General de la ONU al invitarnos a mantener el espíritu de la Paz, pues somos vistos como un pueblo con capacidad de comprometerse con esa causa tan noble y necesaria en un mundo lleno de conflictos.

    Por eso se puede afirmar que los salvadoreños requerimos autoafirmarnos como pueblo capaz de dar soluciones a sus problemas usando el diálogo y poniendo por encima de todo el interés del pueblo. Para esa autoafirmación, el FMLN como principal fuerza política debe fortalecerse con un conocimiento, estudio y recreación del pensamiento y práctica transformadora que caracterizó a Schafik Hándal. Ese espíritu está presente en los avances logrados en el segundo mandato presidencial que el pueblo dio al FMLN, el método de incluir, escuchar, abrirse a la cooperación de diversos sectores está dando buenos resultados, los vemos en el Plan Quinquenal, el Plan de Seguridad y Convivencia, en acuerdos sectoriales como el del Café y otros.

    Debemos felicitar el surgimiento del Centro de Estudios de El Salvador (CES) y el relanzamiento del Instituto Schafik Hándal; el cumplimiento de la misión que se han establecido, ayudará para llevar adelante los cambios en nuestro país con claridad y certidumbre de que podemos y vamos a salir adelante.

    Licda. Norma Guevara @guevara_tuiter

  • A las puertas de otra elección legislativa

    140115-04El próximo uno de marzo, la ciudadanía deberá ejercer el derecho político del sufragio sobre la base del artículo 72 de la Constitución de la República.

    Desde el uno de junio de 2009, el gobierno del FMLN ha tenido que enfrentar desafíos y obstáculos para poder iniciar los cambios profundos que necesita El Salvador y a los que se opone la derecha política y económica; esta situación se ha puesto de manifiesto de manera más marcada con el actual gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén, ya que el poder Oligárquico ha ordenado al partido Arena obstaculizar y asfixiar los ingresos fiscales desde la Asamblea Legislativa, para impedir la inversión pública y el funcionamiento del Ejecutivo con fines electoreros para crear la percepción en la opinión pública de un gobierno ineficiente.

    Por ello el FMLN deberá contar con una bancada legislativa mayoritaria, ya que debe darle estabilidad y gobernabilidad al Presidente así como garantizar la profundización de los cambios iniciados.

    Además de los logros alcanzados por los gobiernos del FMLN, desde la Asamblea Legislativa, hemos contribuido al desarrollo económico, social y político de nuestro país.

    Es importante que la gente conozca las leyes más importante impulsadas y aprobadas por nuestro partido a fin de concientizarse sobre la importancia de esta próxima elección y tener una bancada mayoritaria que pueda construir un país diferente, con una institucionalidad fortalecida y que apoye el Plan Quinquenal de Desarrollo: "El Salvador un país productivo, educado y seguro" anunciado el 13 de enero por nuestro presidente y que marca la visión estratégica de El Salvador para los próximos 20 años.

    En el periodo legislativo 2012-2015 aprobamos leyes que dan un marco logístico adecuado a la inversión nacional y extranjera y un clima de confianza a efecto de favorecer el crecimiento económico y la generación de empleo decente, entre las cuales se encuentran:

    1. Ley del Fondo de Inversión.
    2. Ley de Promoción y Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana empresa.
    3. Ley de Asocio Público Privado.
    4. Reformas a la Ley de Servicios Internacionales.
    5. Reformas a la Ley de Zonas Francas.
    6. Ley de Creación de Promocion de Inversiones y Exportaciones (PROESA).
    7. Ley de FOMILENIO II.
    8. Ley de Estabilidad Jurídica para las Inversiones.
    9. Garantizamos en tiempo la aprobación del presupuesto general de la nación.

    En el área social promovimos mejorar la calidad de vida de la población y apoyamos a los más vulnerables con la creación de un Sistema de Protección Social que no existía en el pasado potenciando la salud, la educación, la vivienda, el medio ambiente y centrado en la persona humana como sujeto de derechos, así también buscamos la protección de la mujer contra la violencia y fomentamos la igualdad de género:

    1. Ley de Medicamentos.
    2. Ley de Promoción Protección y Fomento a la Lactancia Materna.
    3. Ley de Vacunas.
    4. Ley de Desarrollo y Protección Social que le dio marco jurídico a los programas sociales como paquete escolar, Programa de Alimentación y Salud Escolar, Ciudad Mujer, programa PATTY, Comunidades Solidarias Rurales y Urbanas, Pensión Básica Universal para mayores de 70 años, Paquete agrícola e incremento a la cobertura de salud.
    5. Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra la Mujer.
    6. Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia contra la Mujer.
    7. Ley para la Protección de la Persona Migrante y su Familia.
    8. Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo.
    9. Prorroga a la Deuda Agraria y Agropecuaria.
    10. Suspensión de Juicios Mercantiles.
    11. Creacion del Fideicomiso del Café.

    En cuanto a la creación y reforzamiento de leyes en el área política y democracia, el FMLN ha impulsado:

    1. Nuevo Código Electoral.
    2. Consejos Municipales Plurales.
    3. Ley Especial para el Ejercicio del Voto desde el Exterior.
    4. Ley de Partidos Políticos.

    En el área de seguridad-democracia, la bancada legislativa del FMLN ha impulsado las siguientes leyes:

    1. Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones.
    2. Reformas al Código Penal.
    3. Reformas a la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos
    4. Ley de Extinción de Dominio.
    5. Reformas a la Ley de Armas y Explosivos.
    6. Ley de Acceso a la Información.

    En materia de corrupción se han impulsado las siguientes medidas:
    Formamos las Comisiones Especiales para investigar los Fondos de Convenio de Donación para las Víctimas del terremoto 2001 en la Colonia Las Colinas de Santa Tecla, bajo la presidencia de Francisco Flores, que derivo en la judicialización del caso de desvío de fondos y la Comisión de Investigación CEL-ENEL GREEN POWER, que pretendía entregar la energía geotérmica a una empresa italiana, por la cual estan siendo juzgadas 17 personas imputadas.

    La derecha continuara con su eje de ataque ARENA-ANEP-FUSADES-FUNDE –algunos medios de comunicación- tratando de descalificar y desacreditar al gobierno para buscar percepción de opinión publica negativa para nuestro partido y gobierno, por lo que hoy más que nunca se hace necesario una votación masiva por la bandera del FMLN para continuar con los cambios y las transformaciones.

    Seguiremos legislando para el país y especialmente para favorecer a las mayorías históricamente excluidas e impulsar el desarrollo de la clase media, combatiendo la pobreza, la desigualdad en sus distintas manifestaciones y creando nuevas normativas para un mayor crecimiento económico en armonía con la naturaleza, empleo, prosperidad, educación, salud y seguridad buscando una redistribución equitativa de la riqueza que permita el fortalecimiento de las instituciones y de la democracia.

    Dr. Guillermo Mata Bennett @DrMata1

     

  • Época nueva, es fruto de una lucha que finalizó con acuerdo de paz

    060115-02PLas generaciones de salvadoreños y salvadoreñas nacidas en la década de los ochenta y después, están marcados por una historia cambiante, dinámica y positiva. Entre 1980 y 2015 han pasado apenas 35 años, quienes tienen esa edad pueden ser papás y mamás, algunos hasta abuelos y les ha tocado vivir un cambio de época, que fue más que una entrada a un nuevo siglo y hasta un nuevo milenio, fue y es, el comienzo de una nueva nación. Muchos tendrán que reclamar las restricciones que impuso el conflicto interno que vivimos para dejar atrás un sistema de dictadura, pero tienen la fortuna de ser protagonistas de la construcción democrática que es uno de los principales resultados de una larga y abnegada batalla librada por generaciones anteriores.

    En esta nueva época, se habla y se defienden derechos a libertad de expresión, de organización, a profesar y practicar la religión que le conforte a cada quién. Antes, tener una imprenta que permitiera divulgar ideas diferentes a las del gobierno era motivo de persecución y hasta muerte; portar un libro que el poder de entonces creyera inconveniente podía llevar a la cárcel, ser catequista, predicar la palabra llevó a muchos a la muerte y en ese camino la dictadura con sus sistema oprobioso no perdonó ni a catequistas, ni a maestros, ni monjas, ni sacerdotes ni periodistas, ni estudiantes, ni obreros sindicalizados y ni campesinos organizados; en esa comprensión de lo que el Estado debía ser y hacer perdimos a personas tan grandes como Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Rutilio Grande.

    Radios como la emisora YSAX de la iglesia católica fueron objeto de colocación de bombas, periódicos como el Independiente corrieron la misma suerte y hasta intentos de ser diferentes en la televisión padecieron el bloqueo económico como le tocó al canal 12. La resistencia popular a esa manera de ser y hacer gobierno llevó a una larga y dolorosa lucha que logró sus primeros y más grandes frutos en la firma del Acuerdo de Paz, o como mejor se le conoce, los Acuerdos de Paz.

    Estamos llegando al 23 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, de aquél emocionante 16 de enero de 1992, cuando en el palacio de Chapultepec y bajo la presencia del gobierno mexicano, de la ONU y de tantos representantes de pueblos hermanos se suscribió el histórico acuerdo. Fueron 10 dirigentes del FMLN, el entonces Presidente Alfredo Cristiani. Los 10 dirigentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional fueron Schafik Hándal, Salvador Sánchez Cerén, Joaquín Villalobos, Francisco Jovel, Fermán Cienfuegos, Salvador Samayoa, Dagoberto Gutierrez, Ana Guadalupe Martínez, Nidia Díaz y Roberto Cañas. Su contenido en sí mismo amerita estudio, para comprender el joven origen de algunas instituciones que sólo existen gracias a esos acuerdos y a la continuada lucha popular por hacerlos cumplir. Entre ellas están el Tribunal Supremo Electoral, La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Policía Nacional Civil.

    Pero su comprensión más profunda la debemos buscar en la forma de vida que impuso la dictadura militar como modelo político de la oligarquía criolla y la vida de hoy. Como dicen los salesianos, la grandeza está en esas pequeñas cosas, además agrego, en la lealtad que debemos guardar a la verdad, a la historia de nuestra patria.

    Como sobreviviente de aquélla época invito a la juventud de hoy a decidirse recorrer ese pasado reciente de nuestra historia, hurgando en él con interés patriótico. Es nuestra memoria la que explica el presente, como ocurre cuando un médico busca en los antecedentes familiares, la explicación a padecimientos que tengamos y para orientar los empeños que debemos hacer para mejorar nuestra salud y nuestra vida.

    Vivimos una época nueva, la democracia vista en profundidad la debemos construir pensando y actuando con sentido de inclusión de las mayorías a las oportunidades de desarrollo, a la edificación del auto sostenimiento como personas, como familias, como nación; debemos pues celebrar, conmemorar, recordar gestas de nuestro país pero proyectándonos con esperanza a construir un buen vivir para todas y todos.

    Elegir gobiernos locales, parlamentarios y parlamentarias debe hacerse sin los vicios del pasado de fraudes que entre otros, fue motivo de sublevación. Ya nada es igual a aquella época, la debemos recordar para evitar que se repita, igual que, nada es igual para las mayorías una vez que estas decidieron usar su determinación para elegir por dos veces consecutivas al FMLN para la Presidencia de la República. Reafirmar ese rumbo positivo de país, es el desafío de hoy, el que está implícito en las próximas elecciones del 1 de marzo.

    Licda. Norma Guevara @guevara_tuiter

  • Más que un acuerdo, hechos que cambian relación entre Cuba y Estados Unidos

    221214-05El pueblo cubano celebró con regocijo el regreso de sus héroes a la patria. René González y Fernando González habían cumplido sentencias y aunque se encontraban en Cuba afirmaban que seguían siendo "Los Cinco" incompletos hasta que se lograra la liberación de sus hermanos detenidos injustamente. Ahora con la liberación y retorno de Ramón Labañino, Antonio Guerrero Rodriguez y Gerardo Hernández, Los Cinco" están completos, libres y en el seno de su familia. Ha triunfado la dignidad, ha triunfado la lucha tenaz del pueblo heroico de Cuba y la solidaridad que fueron capaces de movilizar todos estos años y en todos los continentes. Llegó el fin de una prisión injusta que sufrieron desde el 12 de septiembre de 1998.

     

    Ese solo hecho representa un cambio importante para un pueblo que anhelaba su libertad y que jamás descansó en demostrar los vicios que se cometieron para condenarles incluso a dos cadenas perpetuas en el caso de Gerardo Hernández. Siempre estuvo claro que el Presidente de los Estados Unidos tenía en sus manos la posibilidad de su liberación como efectivamente ocurrió. El Acuerdo entre Cuba y Estados Unidos que sirvió de marco para esta liberación es un acontecimiento sin precedentes que sin duda admite un análisis desde distintos aspectos; este, el del logro de la libertad de sus héroes, los que contribuyeron a salvar vidas evitando la consumación de actos terroristas en Cuba, marcará a generaciones con la lección más preciada, la consecuencia con la vida y con el derecho de un pueblo a la autodeterminación.

    También triunfa la dignidad y la racionalidad en la valentía del Presidente Obama al asumir este paso, mismo que sus antecesores se negaron a dar porque representa una ruptura de política exterior hacia Cuba y un desafío a quienes hicieron del bloqueo una palanca con la cual amenazaban en elecciones estatales en EEUU. Reconocer ante el mundo que esa política ha fracasado y que es mejor emprender otro camino es un gesto valiente, escuchar al mundo que año con año lo reitera en resoluciones de la Asamblea de las Naciones Unidas es un mérito y a la vez un paso importante para el levantamiento del bloqueo unilateral que sostienen desde 1961.

    Seguramente las implicaciones del Acuerdo entre el Presidente Raúl Castro y el Presidente Obama abarcan variados aspectos dentro de las relaciones diplomáticas que se reabren, es de esperar que los dos pueblos se beneficiarán con ello. Se ha señalado en los discursos que simultáneamente fueron transmitidos el 17 de diciembre, un reconocimiento a la mediación del Papa Francisco y de Canadá lo que reafirma que esas relaciones restablecidas eran deseadas y esperadas por todos y quienes hicieron labor de medicación interpretan un sentimiento universal.

    El estadounidense Alan Gross, que guardaba prisión en Cuba desde hace cinco años también fue liberado. Ahora llega la etapa del levantamiento del bloqueo en el nivel legislativo de EEUU. La solidaridad y la discusión del tema adquiere un sentido de urgencia, será necesario el acompañamiento de gobiernos y pueblos para que ese proceso concluya bien y lleve por fin a las relaciones civilizadas entre EEUU y Cuba.

    La claridad con la cual habló el Presidente Raúl Castro no deja lugar a engaños, se parte del reconocimiento de las diferencias de fondo en aspectos importantes como la política exterior, democracia, derechos humanos; y lo dijo con claridad que es necesario convivir civilizadamente independientemente de las diferencias existentes. Queda mucho por ver en este proceso abierto entre dos países hermanos. Se ha empezado a caer un muro, un muro que afecta más al pueblo cubano, pero también a otros países y a sus economías restringidas por disposiciones estadounidenses.

    La madre de uno de los héroes cubanos en su reciente visita a El Salvador nos dijo que no quería morir sin ver nuevamente a su hijo y que cuando su regreso ocurriera, sintiéramos nosotros – quienes hayamos abogado por su liberación- que estábamos siendo parte de una victoria. Cuánta razón tenían sus palabras, su sentimiento de madre y su entereza de cubana. A todos los familiares de los héroes cubanos nuestro regocijo por esta victoria de su lucha y su esperanza, por su capacidad de resistir tanto dolor y mantenerse siempre al lado de sus familiares y a su pueblo.

    En vísperas de un aniversario más de la revolución cubana, estos acontecimientos la reafirman y muestran la fortaleza y buena salud política construida a lo largo del tiempo, que le permite ser autentica en la relación con todos.

    Licda. Norma Guevara @guevara_tuiter

  • Presupuesto general de la nación responde a las necesidades de la población

    091214-04El 29 de Septiembre recibimos en la Asamblea Legislativa tres Anteproyectos de Ley: El Presupuesto General de la Nación, presupuestos especiales y Ley de salarios correspondientes al ejercicio fiscal 2015. Fueron aprobadas sin los votos de arena el 20 de noviembre de 2014.

    El Presupuesto General de la Nación correspondiente al ejercicio fiscal 2015, asciende a $4 mil 823 millones de dólares y se fundamenta en cinco ejes: Desarrollo social; Desarrollo Económico; Sustentabilidad Ambiental; Seguridad y Gobernabilidad Democrática y Política Fiscal.

    Estos ejes corresponden a los objetivos y prioridades que el gobierno ha establecido en su programa de profundización de cambios a través de empleo con crecimiento sostenido, educación con inclusión social y seguridad ciudadana efectiva.

    Cabe destacar que el presupuesto destina $2 mil 254 millones (47%) para el área social, priorizando la educación como derecho fundamental, la reforma integral de salud, inversión en ciencia y tecnología, política integral del sector vivienda, avanzar en la equidad de género y proteger a las personas más vulnerables de los efectos de la crisis económica, mediante los programas de la Ley de Protección, Fomento y Desarrollo social que incluye paquetes escolares, pensión universal al adulto mayor, vaso de leche, entre otros.

    Se asignan $455.4 millones de dólares para el desarrollo económico, cantidad considerable para seguir impulsando el crecimiento económico y el empleo, así como los sectores productivos, principalmente el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, el emprendedurismo en jóvenes y mujeres, además de diversificar la actividad industrial a través de la transformación productiva. Así mismo el desarrollo económico busca incentivar la soberanía, seguridad alimentaria y nutricional apoyando las actividades agro industriales y reduciendo el costo de la vida

    Para administración de justicia y seguridad ciudadana se asignan 805 millones, lo que significa 60 millones más para la prevención de la violencia seguridad, compatible con el interés mostrado por este gobierno para resolver el problema de la delincuencia y violencia social.

    Contrario a lo que opinan muchos detractores, el país camina por el rumbo correcto, con un presupuesto equilibrado, ya que de los $4 mil 823 millones de dólares $4,414.1 provienen de ingresos corrientes, 43.7 de ingresos de capital, 160.1 de contribuciones especiales y solo 204.9 corresponden a financiamiento externo, lo que significa que es un presupuesto basado en las capacidades financieras del Estado

    Con este presupuesto, se ampliaran los programas sociales del gobierno como los paquetes escolares hasta bachillerato, se compraran computadoras para el programa un niño/a una computadora, se inauguraran dos nuevas farmacias de especialidades para la entrega de medicamentos para enfermedades crónicas, una en San Miguel para la zona oriental y otra en Santa Ana para la zona occidental del país.

    Arena no quiere que se mejoren las condiciones de vida de la gente más vulnerable y pobre del país, por eso no dio sus votos para aprobar este presupuesto y lejos de ello continua su ataque a las finanzas públicas, anteponiendo recursos de inconstitucionalidad contra el presupuesto a través de sus aliados políticos empresariales.

    Otra forma de afectar las finanzas públicas ha sido la utilización de la Sala de lo Constitucional para que mediante sentencias declararan inconstitucional el Fondo de Atención de Víctimas de Accidentes de Tránsito (FONAT), el impuesto cobrado por llamadas internacionales desde el extranjero y el 1% de impuesto sobre la renta para empresas que se declaren en quiebra después de tres años de operación.

    Como si lo anterior no fuera grave para el funcionamiento del Estado, recientemente han agregado una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Transferencias Financieras y la misma Sala declaró nula la Ley de Amnistía para el pago con facilidades del Impuesto sobre la Renta a empresarios en mora con el Estado, principalmente de las grandes empresas privadas, con lo que queda clara la estrategia de bloqueo a las finanzas públicas y evitar así la recaudación de ingresos tributarios.

    Esta estrategia de asfixia económica, se vincula con la actitud de negar los votos para aprobar préstamos por 651 millones de dólares para mejorar la productividad, turismo, innovación, ciencia y tecnología, capacitación en recursos humanos, infraestructura logística, seguridad y espacios seguros, financiamiento para las micro pequeña y mediana empresa entre otros rubros.

    El pasado jueves 27 de noviembre, negaron sus votos para la reformar el presupuesto en el ramo de Educación y asignar fondos por $2.8 millones de dólares para la Universidad de El Salvador y hacer efectivo el pago de salarios y aguinaldo de los docentes y empleados administrativos.

    Esto denota la clara intención de arena: Pide a gritos mayor crecimiento económico, más inversión, más empleos, educación de calidad, medicamentos para los hospitales, pero no brinda su apoyo ni al presupuesto ni a los préstamos que podríamos recibir de organismos financieros internacionales para el buen vivir de las personas. Se trata entonces de una estrategia electorera que busca ahogar las finanzas del Estado, a fin de generar percepción negativa sobre la gestión del presidente Salvador Sánchez Ceren.

    El presupuesto está equilibrado, cumple con el requisito de una política de ingresos con base al crecimiento económico previsto de 2.2 % del PIB, una política de estructura de gastos, política de endeudamiento público y política de inversión publica

    La aprobación del presupuesto nacional constituye otra derrota de arena y paso más hacia el desarrollo social de la población salvadoreña.

  • ¿Por qué la Sala de lo Constitucional bloquea las finanzas públicas?

    091214-05A tres días de finalizar el plazo dado por la Asamblea Legislativa para que los contribuyentes del fisco pagasen saldos morosos con dispensa de intereses y multas, la Sala de lo Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad, suspendiendo con dicha admisión la posibilidad de que los contribuyentes se pudiesen beneficiar de dicha Ley, ordenando además al Ministerio de Hacienda a no recibir pagos, ni compromisos de pago, conforme al Decreto que contiene Ley Transitoria para facilitar el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones tributarias y Aduaneras.

    El hecho ocurre cuando decenas de contribuyentes tenían en proceso, el acogerse a la ley para pagar el impuesto dejado de pagar en tiempo, y beneficiarse del no pago de intereses y multas; es decir que el principal afectado por la decisión son las empresas y personas naturales que se verían favorecidas. Es innegable que el Estado se verá afectado por la falta de pago, independientemente del motivo de la mora de los contribuyentes y en consecuencia le resulta positivo crear mecanismos que aseguren recibir ingresos que en su momento no fueron pagados. Nadie puede ignorar que al recibir tributos las autoridades disponen de lo previsto para cubrir obligaciones de brindar servicio y esto es lo que se busca afectar con la resolución dictada por la Sala.

    Los ciudadanos firmantes de la demanda son jóvenes de Soyapango e Ilopango, en ambos municipios el gobierno ha invertido para beneficio de la gente, no solo las transferencias a sus gobiernos locales y beneficios en salud y educación, sino inversiones millonarias en resanar cárcavas, construir calles, puentes, etc.; es en eso que se invierten los fondos públicos. La Sala admite la demanda y si buscando dañar al Órgano Ejecutivo para evitar que perciba tributos adeudados, declara inconstitucional el decreto Legislativo, sentará el precedente para que los Concejos Municipales tampoco hagan disposiciones similares. La afectación entonces adquirirá dimensiones mayores para toda la población que por cualquier motivo no pagó en tiempo impuestos y tasas.

    Según la autoridad hacendaria este decreto habría permitido que personas y empresas al solventar sus deudas, estuviesen en condiciones de participar en procesos de licitación y de brindar cualquier servicio en el que se les requiera estar solventes fiscalmente, incluyendo el acceso a créditos para los cuales los bancos requieren de las solvencias fiscales.

    Para muchos resulta evidente el interés de la derecha de bloquear el funcionamiento del gobierno, resulta obvio su desinterés por la gente, tienen en mente causar daño a quienes consideran adversarios políticos y en función de ello mueven sus influencias para que desde el mismo Estado (en este caso la Sala de lo Constitucional) se lesione la capacidad fiscal.

    Saben quienes viven en esta cruzada de desestabilización, que cada centavo en el gobierno se utiliza para servir, y si se sirve bien, si se amplían servicios, si se resuelven necesidades, la gente estará satisfecha, eso es lo que a ellos les desagrada.

    La deuda de contribuyentes con el fisco supera los 500 millones de dólares y abarca más de diez años, cualquier medida lícita para que esa cuenta disminuya es positiva. ¿Cómo no ver así las cosas? Ya declararon inconstitucional la contribución especial que permitía pagar compensación económica a familiares de víctimas de accidentes de tránsito; ya han declarado inconstitucional retenciones de renta a empresas que por tres años consecutivos declaran pérdidas; ya han declarado inconstitucional el impuesto a las llamadas telefónicas provenientes del exterior. ¿Hasta dónde llegarán por este camino?.

    Según información del Ministerio de Hacienda, los procesos que producto de la emisión de la resolución dictada por la Sala de lo Constitucional, han quedado truncados, hubiese permitido al fisco el ingreso de más de 9 millones de dólares, sin contar con otros ingresos que pudieron haber ingresado dentro de los plazos fijados en la Ley. Este es el efecto que ha provocado la Sala de lo Constitucional al suspender la aplicación del artículo 1 de la Ley Transitoria para facilitar el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones tributarias y Aduaneras.

    Los gobiernos municipales deberían analizar los enfoques con los cuales se aborda este tema que, al diseñarse como un golpe al gobierno, se los llevará de encuentro a ellos, estableciendo criterios que impidan a futuro emitir resoluciones municipales para el pronto pago de tasas e impuestos municipales.

    La ciudadanía debe abrir los ojos y darse cuenta del alineamiento de las resoluciones de la actual Sala de lo Constitucional, las actuaciones son claras en indican a quién sirven.

    Los afanes de cerco económico y financiero al país están en el centro de la agenda de aquéllos que buscan que el país no progrese por estar ellos fuera de la Presidencia de la República, está en la agenda de quienes articulan la desesperanza, pero el trabajo y las políticas del gobierno son claras en su interés de servir más y mejor a nuestro pueblo, especialmente a los sectores más necesitados y en buscar afanosamente una dinámica económica mejor. La marcha del país es hacia adelante, pese a ellos.

    Licda. Norma Guevara @guevara_tuiter

  • La igualdad del voto

    021214-04La Constitución establece en el artículo 78 que el voto es libre, directo, igualitario y secreto; y en el artículo 79 manda a crear circunscripciones en el territorio nacional; que para la elección de diputados se adopte el sistema de representación proporcional y que la ley establezca las formas y condiciones en que se ejerza el sufragio. Cuando la Sala de lo Constitucional resuelve que la Asamblea legisle una forma adicional para votar válidamente marcando sobre candidaturas de distintos partidos o de partidos y no partidarios, se debe asegurar al mismo tiempo cuidar todos los atributos del voto.

    Las formas de los sistemas electorales son como el ADN de cada sistema político particular y admiten la creatividad que las condiciones históricas y las voluntades políticas posibiliten. Los efectos resultan en ocasiones contrarios a los propósitos declarados, de allí la importancia de valorar de manera completa los alcances, efectos de cualquier forma de regulación del sufragio.

    Países como Polonia han oscilado entre la concentración y la fragmentación política, otros países crean sistemas que sacrifican la representatividad excluyendo a importantes segmentos de población y premiando a partidos mayoritarios en virtud de las fórmulas de convertir en escaños los votos obtenidos.

    En nuestro país existe una correlación más justa entre votos y escaños recibidos por los partidos que logran representación legislativa y ello se debe al cuidado en la fórmula de distribución de escaños. El cuidado de distinguir el voto y la preferencia en la legislación de 2011 ante la resolución de desbloquear las listas de candidaturas de los partidos, logró conservar ese principio con el cual se asegura otro atributo que la norma constitucional define para el sistema político salvadoreño, el pluralismo.

    Por efectos desfavorables para la fuerza de la derecha más cercana a los intereses de la oligarquía, esta característica de nuestro sistema político les resulta incómoda y han intentado más de una vez promover un cambio completo por la vía de sentencias que bien pudieron inclinar la balanza hacia el bipartidismo. Si lo lograran, se volvería imprescindible para cualquier decisión de gobierno su partido preferido (ARENA). Les incomoda que se tenga la opción de formar mayoría tanto con ellos como con el resto de fuerzas con representación legislativa.

    Frente al deber de legislar sobre el llamado voto cruzado este intento se revive con fuerza, solo que utilizando a los propios partidos que eventualmente podrían salir sacrificados si el país pasara a la anulación del pluralismo adoptando cualquier otro modelo "proporcional".

    La construcción colectiva en la Comisión de Reformas Electorales había logrado identificar un modo para preservar la proporcionalidad y a la vez respetar los atributos de igualdad y libertad del voto: estableciendo que cada ciudadano puede marcar tantos candidatos como escaños se eligen en un departamento y registrando en el acta las marcas recibidas por candidatos no partidarios, coaliciones o partidos. El concepto que a la vez procura no enredar el trabajo de las Juntas Receptoras de Votos incluía que la conversión de las fracciones de voto en enteros se realice en el escrutinio final.

    FUSADES y ANEP han tratado de persuadir sobre la existencia de otros modos de realizar la regulación; escuchando algunas, uno supone el imperativo de miles de operaciones matemáticas en una misma JRV y largas horas de trabajo que volvería impracticable el escrutinio preliminar.

    Deben sonar al oído de partidos cuentas que a la larga serían cuentos engañosos sobre la libertad plena del ciudadano y la totalidad de cada voto que se exprese en la modalidad de voto cruzado. Más perverso aún sería que los enredos estén orientados a impedir que se legisle y fomentar la regulación por el TSE al cual puedan descalificar después mediante otras sentencias instigadas desde los mismos escritorios y hasta el colmo de pedir nulidad de elecciones. La igualdad y libertad deben asegurarse sin complicar y anular la elección.

    El derecho al sufragio es al mismo tiempo un deber, pero a diferencia de otros países que sancionan con multa la inasistencia a votar, en nuestro país hay libertad y se convierte en deber del Tribunal Supremo Electoral y de los propios partidos, candidatas y candidatos, motivar a la ciudadanía a cumplir su deber y a ejercer su derecho. Ese es el primer escalón de la libertad de la ciudadanía que al asistir a votar, si quiere, puede anular su voto o abstenerse; y tiene sin embargo, condicionantes que limitan como presentar un documento de identidad vigente, estar en el registro electoral, acudir al centro y mesa determinado por el TSE. Son entre otras las formas y condiciones que la ley indica para el ejercicio del sufragio. Ojalá el extremismo y bipartidismo no se impongan aparentando garantizar "igualdad".

    Licda. Norma Guevara @guevara_tuiter

  • Las mentiras de los areneros sobre el presupuesto 2015

    nguevaraDesde que llegó la iniciativa del Concejo de Ministros conteniendo el Proyecto de Presupuesto General de la Nación y Ley de Salarios para 2015, Arena inició su cuestionamiento; no es nada nuevo, desde que perdieron la Presidencia de la República en el año 2009 no han votado una sola vez para que el país tenga financiamiento de su quehacer cotidiano; pero cada vez que les toca pronunciarse inventan pretextos con la intención de justificar su falta de apoyo a la sociedad, para que esta cuente con los servicios públicos y programas sociales. En la aprobación del Presupuesto 2015 que se realizó con el respaldo de 56 votos de todos los grupos parlamentarios menos el de ARENA esos pretextos volvieron a repetirse con la ventaja para ellos que ocupan el espacio noticioso de medios escritos, radiales y televisivos.

    El pretexto del desfinanciamiento, es uno de los preferidos. Pero, ¿Qué es un presupuesto? Es una suposición de ingresos y gastos que en el lado de los ingresos está fundamentado en la capacidad legal de cobro de impuestos y el cálculo del crecimiento económico. El Concejo de Ministros, el Banco Central de Reserva y hasta los cálculos externos hechos por el Fondo Monetario Internacional, aseguran que el crecimiento de nuestra economía es modesto de 2.4% para 2015. No hay diferencia de quienes usualmente hablan en serio del crecimiento. Es algo que ocurrirá mediante el trabajo de todos; los privados motivados por el interés de la ganancia y los salarios (empresarios y trabajadores) y el Estado motivado por la certeza de que es importante estimularlo y ayudarlo como lo dijera el Vicepresidente de EEUU, esto requiere de una actitud positiva de creer que podemos ser actores de una historia de éxito. Esto es lo que Arena desestimula con su lacerante crítica.

    El pretexto de que no vienen todos los gastos necesarios para los subsidios. Se dice por los areneros que en el Presupuesto no viene el subsidio a la energía eléctrica, lo dicen para meter temor, dudas en la gente que al ver su recibo sabe perfectamente cuanto representa el subsidio para su familia, pero el Artículo 15 de la Ley de Presupuesto aprobado dice literalmente: "Facultase a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), para que cancele con cargo a las asignaciones de su propio presupuesto, el pago de LOS SUBSIDIOS por el consumo de energía eléctrica. No es que no sepan leer o no tengan en sus manos los mismos documentos, hablan como hablan, porque buscan engañar a la gente y ocultan en su crítica la mezquindad para con las familias beneficiarias de este subsidio.

    Dicen que al Presupuesto le faltan más de mil millones para financiarse y que para financiarlo se va aumentar el IVA, semejante mentira la usan otra vez para correr rumor, generar temor y desconfianza, nadie en el gobierno está hablando de IVA como lo desmintió el propio Ministro de Hacienda inmediatamente después que Donato Vaquerano lo dijera a la prensa; si ellos piensan proponer ese aumento que lo digan, pues es uno de los concejos de sus asesores y de los tanques de pensamiento afines a Arena; ni el FMLN, ni ningún diputado de los que apoyaron el presupuesto están proponiendo subir el IVA. Areneros han ido a demandar inconstitucionalidad de la ley de impuestos a las transferencias financieras, porque quisieran crear desfinanciamiento, así como demandaron la inconstitucionalidad del FONAT y han creado con ello desfinanciamiento de ese programa de apoyo a las víctimas de accidentes de tránsito.

    El 96% de los gastos se financiarán con los ingresos que conforme a ley se cobran, el resto son desembolsos de préstamos ya aprobados y donativos, cuando se habla de deuda de corto plazo o deuda flotante que se adquiere para financiar algunas deficiencias temporales del ingreso como lo manda la constitución, se trata de financiamiento pagadero en un mismo año. Ellos quieren decir que la autorización de deuda de corto plazo es igual a un faltante de financiamiento; ellos fueron gobernantes, economistas o abogados, y confunden o se presentan como confundidos para sorprender a la gente.

    Las mentiras de Arena ya son conocidas. Lo cierto es que niegan su voto para que se paguen salarios a policías, maestros, médicos, militares y diplomáticos; niegan sus votos para que se compren medicinas, paquetes escolares, paquetes agrícolas, para la construcción de calles; no quieren apoyar nada de lo que se financia con el presupuesto. Esa es la verdad que el pueblo debe saber, que niegan a los demás los beneficios de contar con un presupuesto. Ahora el país tiene presupuesto, si de Arena dependiera, no habría nada.

    Licda. Norma Guevara @guevara_tuiter

  • Presupuesto 2015, más inversión para la gente.

    211114-02Hace un par de horas con 56 votos acabamos de aprobar el presupuesto para el año 2015, los diputados del partido ARENA manejando un discurso sin sentido, mentiroso y charlatán se opusieron a que el pueblo salvadoreño tenga mejor salud, mejor educación y más seguridad.

    ARENA y los llamados "tanques de pensamientos" que no son más que los grupos empresariales que manejaron a su antojo el gobierno durante 20 años, esos grupos hoy se rasgan las vestiduras y descalifican el presupuesto, nada dijeron cuando la economía en el ultimo año de los gobiernos de ARENA cayó en -3.9%, tampoco se opusieron a la dolarización, las privatizaciones, la entrega de territorio nacional a transnacionales y callaron complacientemente ante la corrupción campante de los gobiernos de ARENA.

    Desde el 2009 el pueblo salvadoreño le dio paso a la esperanza y al cambio, se inició la ruta para la construcción de una sociedad más justa y equitativa, eso se ve reflejado en los presupuestos aprobados, el del 2015 no es la excepción, es falso cuando ARENA dice que este presupuesto es inconsulto, llevamos más de 2 meses analizándolo en el seno de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, hemos tenido la asistencia de los Ministros de Hacienda, Salud, Educación, Justicia y Seguridad; también el presidente del Banco Central de Reserva, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, los diputados de ARENA en la comisión preguntaron a diestra y siniestra a cada pregunta se le dio respuesta hasta la saciedad.

    Abordemos algunos puntos fundamentales del presupuesto aprobado, hay un aumento en 3 áreas claves: SEGURIDAD, EDUCACIÓN y SALUD. El presupuesto del Ministerio de Justicia y Seguridad para el 2015 asciende a $422.7 millones con un incremento en relación al 2014 de $61 millones, los fondos servirán para reemplazar la flota vehicular de la PNC, la construcción de una delegación en el departamento de La Paz, compra de equipo aéreo y dotación de uniformes, botas y armamento para los agentes de la PNC, entre otros.

    En educación el presupuesto aprobado asciende a $914.3 millones con un incremento de $30 millones en relación al 2014 los fondos servirán para implementar el programa de paquetes escolares y alimentación a los jóvenes bachilleres, se comenzará a implementar el programa Un Niño una Computadora, se inicia el programa Universidad en Linea, entre otros.

    En salud se construirán 20 unidades de salud nuevas y equipadas ( En 2009 habían 377 unidades de salud, actualmente hay 708), se creara la UNIDAD INTEGRAL DEL CÁNCER, primera vez en la historia se atenderán estos casos en la red pública de salud, se destinaran $10 millones más para medicamentos y $13 millones para vacunas. A todo esto se opusieron los diputados de ARENA.

    También los escalafones para los trabajadores de SALUD, EDUCACIÓN, SECRETARIA DE CULTURA Y AGENTES DE LA PNC VIENEN GARANTIZADOS. Los diputados del FMLN desde esta trinchera seguiremos luchando por dignificar la vida de los salvadoreños y salvadoreños ese es y será nuestro compromiso.

    Para el año 2015 según el presidente del Banco Central de Reserva la economía crecerá hasta un 2.8% esos datos nos dan optimismo, atrás quedaron los años oscuros de los gobiernos de ARENA. El pueblo salvadoreño y el FMLN vemos hacia adelante, no volveremos al pasado.

    Ni un paso atrás, siempre adelante¡¡

  • La importancia del presupuesto 2015

    181114-03Nuestro país requiere dar un salto en el crecimiento de su economía a lo cual el Estado debe contribuir, y viene haciéndolo, creando marcos legales e institucionales adecuados para el fomento de la inversión y la mejora de las capacidades de la gente. La educación, la salud, la seguridad, el desarrollo de obras y servicios son esenciales para esa finalidad y da gusto constatar que la política exterior del gobierno se convierte en un recurso importante en esta dirección. El apoyo anunciado por México al Presidente Sánchez Cerén, la cooperación de la Unión Europea anunciada recientemente, la disposición de Japón de contribuir con créditos para el desarrollo de una obra en el oriente del país y la firma de FOMILENIO II, son señales claras de confianza y respaldo a nuestro país.

    Pero se requiere además de esfuerzos internos para desatar la energía y la capacidad productiva de la sociedad salvadoreña; por eso ampliar la capacidad crediticia a pequeños y medianos empresarios a través de BANDESAL es importante, la creación de la Banca Mujer, del Banco de Fomento y el Banco Hipotecario.

    Sin lugar a dudas, la aprobación en tiempo del Presupuesto General de la Nación y de los presupuestos especiales de las instituciones autónomas es una señal que tiene importancia económica, política y social, de allí que se vuelve una obligación de la Asamblea sumarse a este entorno positivo, aprobando el Presupuesto 2015 lo más pronto posible.

    El presupuesto en discusión de la Asamblea es un presupuesto equilibrado y racional, que tiene como orientación consolidar la educación como derecho fundamental, profundizar y hacer sostenibles los logros en el área de salud, estimular la dinámica de sectores productivos con potencial para generar empleo, aumentar la productividad y movilizar los liderazgos nacionales y locales de modo de prevenir la violencia, combatir la delincuencia y garantizar la seguridad para todos.

    El Presupuesto es de 4 mil, 823 millones de dólares. De los cuales el 16.4% servirá para el pago de la deuda pública, 16.7% para la administración de justicia, 46.7% para el desarrollo social, 9.5% para apoyo al desarrollo económico, 10% para conducción administrativa y 0.7% para obligaciones generales del Estado.

    El Presupuesto asegura los subsidios al gas propano, al transporte público de pasajeros, a la energía eléctrica; el 8% de los ingresos tributarios es para los municipios. Los ministerios que más recursos tienen son Educación, Salud y ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

    Los ingresos estimados para 2015 suponen un crecimiento de la economía del 2.6%, cifra similar a la estimada por entidades externas. Y los desembolsos de préstamos ya aprobados auguran realización de importantes obras en el próximo año; solo en equipo e infraestructura de salud serán invertidos 30 millones de dólares; el presupuesto incorpora incremento en vacunas e insumos médicos; el desarrollo de tres farmacias especializadas; así como programas de prevención y detección precoz del cáncer.

    En materia educativa se iniciará el paquete escolar (uniformes, zapatos y cuadernos) para el bachillerato; se iniciará el programa de un niño una computadora y la especialización de docentes en áreas científicas y tecnológicas.

    La PNC asegura en el presupuesto nuevas unidades de transporte, equipos de comunicación y nuevas plazas de oficiales y agentes, el Presupuesto de Justicia y Seguridad es el que crece más proporcionalmente (13% en relación al de 2014).

    Que buena señal sería que todos los partidos representados en la Asamblea respalden con su voto el nuevo presupuesto, en vez de inventar pretextos, la aprobación en sí indica el necesario respaldo político para el desenvolvimiento de las instituciones y la seguridad a la ciudadanía, de que contarán con los servicios esenciales brindados por el Estado; para los actores económicos su aprobación representa la certeza de compras del sector público.

    Por supuesto que con toda la cooperación prevista y la posibilidad de apoyo a préstamos con destino definido que la Asamblea tiene pendiente de aprobación el presupuesto 2015, habrá de sufrir incrementos en la medida que algunos proyectos como el turismo, el de ciencia y tecnología, el bypass de San Miguel, tienen una base de adelanto para acelerar su ejecución y las carteras respectivas requerirán en su momento los desembolsos que sean necesarios para financiar los proyectos.

    Es oportuno subrayar que la mayor responsabilidad empresarial es pagar los impuestos de manera correcta y oportuna, por eso el argumento para negar el voto al presupuesto por falta de una ley de responsabilidad fiscal es un simple y vulgar pretexto de una conducta antipatriótica. El gobierno del Presidente Sánchez Cerén tiene una planificación con reglas de probidad y buen uso de los fondos públicos. La aprobación del Presupuesto 2015 es un test que medirá la madurez democrática y responsabilidad de las y los diputados.

    Licda. Norma Guevara @guevara_tuiter

  • La caída del Muro de Berlín hace 25 años y la Ofensiva Final hasta el Tope…

    111114-06Las fuerzas de la derecha internacional, celebran alborotadas estos 25 años de la caída del Muro de Berlín, pero se equivocan. ¿Qué festejan en realidad?, ¿El fin del socialismo?

    La historia, contrariamente a lo que dijo el apologista del sistema Fukuyama hace algunos años atrás, no ha terminado; ¿De dónde saldría tal disparate?

    La historia continúa su paso, aunque no sepamos para donde va.

    Hoy sin temor a equivocarnos, dadas las características que ha tomado el sistema capitalista internacional, perfectamente podría estarse dirigiendo hacia la aniquilación de la especie humana, dado el afán de lucro imparable que lo alimenta y que bien podría llevar al holocausto termonuclear, en caso de activarse todas las armas de destrucción masiva que existen sobre la faz del planeta.

    O también, dado el afán insaciable de obtención de ganancia que no puede eliminar y a la destrucción del planeta por el consumo irracional que se está llevando a cabo.

    La derecha sabe que las contradicciones internas del capitalismo explotaran y por ello pretenden que la clase trabajadora no conozca la verdad, que no piensen, que no se organicen y por ello los medios de comunicación juegan un papel primordial para conservar los privilegios de la clase dominante.

    El Muro de Berlín, contrario a lo que se nos quiere repetir, no significa el fracaso de las ideas socialistas en el mundo.

    En El Salvador, 25 años después de la caída de ese muro, el 11 de noviembre de 1989 se inició la Ofensiva Final Hasta el Tope, que avivó el ideal revolucionario socialista de transformación de la sociedad, que ahora vive la mayoría de países Latinoamericanos que mayoritariamente son de izquierda.

    Las ideas del materialismo histórico no son anticuadas, fracasadas o pasadas de moda, nada más contrario a la verdad hoy en día.

    Mientras siga la explotación en el mundo como la esencia del capitalismo, habrá quien proteste, quien alce la voz, quien busque organizarse para cambiar el sistema.

    El sistema capitalista no tiene salida: La humanidad produce un 45% más de los alimentos necesarios para nutrir a 7300 millones de personas en el mundo y vergonzosamente la principal causa de muerte sigue siendo el hambre.

    En ese sentido, la principal actividad de la especie humana, la que más ganancias genera desde el punto de vista capitalista, la vanguardia de la ciencia y tecnología es la producción de armas para continuar con más guerras después de la caída del muro de Berlín y el fin de la guerra fría.

    La caída del muro de Berlín no trajo la Paz al mundo ni cambio las relaciones de dominantes y oprimidos. La batalla sigue planteada y el socialismo sigue vivo como alternativa de cambio. Además, como si fuera poco Europa pasa por una de sus peores crisis.

    Dr. Guillermo Mata Bennett @DrMata1

  • Decisiones que complican y no sorprenden: voto cruzado

    101114-07Cuando la crítica afloraba contra quienes querían echar para atrás la aplicación de los Concejos Municipales Plurales, pedido por alcaldes y alcaldesas de la derecha; cuando la sorpresa se convirtió en indignación frente a la decisión del Director de Medicina Legal, de sacar de la bartolina a Francisco Flores para mandarlo al Hospital de la Mujer; cuando las pequeñas empresas y los propios alcaldes de Arena le reclaman a ese partido para que vote en favor de los préstamos que favorecerán el desarrollo económico de pequeñas empresas de turismo y crearán mejores condiciones ambientales de los destinos turísticos existentes, la Sala de lo Constitucional aparece con una sentencia declarando inconstitucional una forma de nulidad en las votaciones: el voto por más de un partido, y ordena que se legisle para permitir el voto fraccionado entre diferentes candidatos de diferentes partidos.

    Las primeras planas de los periódicos y las opiniones de sus editorialistas aparecieron de inmediato celebrando la decisión, pese a que la semana anterior la convocatoria a elecciones había sido hecha por el Tribunal Supremo Electoral. La Sala tenía que volver a editar su hazaña de 2012, cambiando las reglas en medio del juego y a sabiendas que, de acuerdo a la Constitución, la máxima autoridad en materia electoral es el TSE, y que de acuerdo a la Carta Magna, es la Asamblea Legislativa la facultada para legislar y reformar la Constitución, como parte de la libertad de configuración normativa, como lo han repetido en distintas resoluciones.

    Tenemos derecho a dudar que los firmantes de las demandas de inconstitucionalidad sean realmente los autores de semejantes peticiones, pues uno debe suponer que los abogados tienen el deber de conocer y valorar integralmente la Constitución, por eso existe una falta exclusiva para ellos, la "ignorancia inexcusable", pues debieran considerar que varios artículos de nuestra ley primaria establecen límites a la configuración del sistema electoral. Un día se les puede ocurrir que es mejor el régimen parlamentario que la elección presidencial, y en otro, que se imponga una monarquía. Y en teoría puede haber razones para ello, aunque sean ajenas a la configuración del sistema político establecido en nuestra Constitución. Al fin y al cabo, las formas de los sistemas electorales tienen ventajas o desventajas, pero deben ajustarse a un acuerdo político soberano que regularmente emana de la ley primaria, de la Constitución en nuestro caso.

    No será extraño que por la vía de sentencia se pretenda equiparar a un candidato no partidario con un partido político imponiendo privilegios pero no deberes para el primero, pues la reforma constitucional y violación de las facultades legislativas por la Sala que hoy tenemos ya no sorprende, se ha vuelto regularidad cuando hay un gobierno que sabe de tolerancia política, y una fuerza política mayoritaria como el FMLN que si bien critica los excesos de los cuatro magistrados que usualmente emiten estas resoluciones, las cumple.

    Veamos algunas complicaciones, además de las señaladas por el Doctor Armando Pineda Navas, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, en su voto razonado. Un principio esencial de la democracia electoral es la igualdad del voto, esto supone un valor igual para que cada ciudadano y ciudadana tenga la misma posibilidad de impulsar con su voluntad a quienes han de integrar el Órgano Legislativo, debe pesar lo mismo el voto del Presidente de la CSJ, que el de una ciudadana del municipio Victoria, por eso en la ley electoral vigente se trata cuidadosamente la diferencia entre voto y preferencia. La persona expresa su voluntad con un voto, pero puede con él, expresar preferencia por varios candidatos de un mismo partido.

    Al imponer que se legisle o se ejerza por propia cuenta del ciudadano el así llamado "voto cruzado", esas marcas se convertirían en voto múltiple para unos y voto único para otros. Esa inconsistencia política genera desigualdad, y evitarla constituye uno de los desafíos para legislar. Si no escucharon los 4 magistrados a su colega Presidente; ¿Cómo podrían escuchar a alguien que ha servido en una JRV o en una mesa de escrutinio final? Cuando menos han actuado desconociendo los procesos y la petición respetuosa que en su momento hiciera el Tribunal Supremo Electoral para evitar lo que hoy es un hecho.

    La incertidumbre ha sido instalada, debemos legislar para disminuirla, la Sala se ha puesto en el primer plano de la noticia, se sentirán protagónicos, aunque desprotegiendo con ello principios constitucionales como el de la representación proporcional. Parece que estamos frente a la conducta de un adolescente que ante un consejo responde: ¿Y qué...?. Otra vez, sin dejar de criticar y reiterar las inconsistencias de esta resolución, pondremos lo mejor para evitar daños mayores que podrían buscarse para anular elecciones si su resultado les desfavorece.

    Licda. Norma Guevara @guevara_tuiter

  • Voto cruzado: un nuevo intento para detener el proceso de cambios y transformaciones

    071114-04Desde 1994, cuando el FMLN participó por primera vez en las elecciones, lo hizo bajo leyes que los partidos ARENA, PCN y PDC aprobaron en una Asamblea Legislativa que no tenía ningún diputado de nuestro partido. El FMLN desde la firma de los Acuerdos de Paz se comprometió a abanderar la lucha electoral y desde su participación política, luchar por mejores condiciones de vida para todos y todas en un país justo y solidario.

    Hasta la fecha, el FMLN ha participado en 12 elecciones, y en cada una de ellas ha acumulado la confianza del pueblo, esa confianza nos ha permitido ganar representantes en la Asamblea Legislativa, en los Gobiernos locales y la Presidencia de la República en dos ocasiones. Estos resultados de apoyo abrumador del Pueblo salvadoreño, sin duda han puesto en jaque a la derecha oligárquica y su brazo político partidario ARENA.

    Desde el 2009, ARENA está muy desarticulada, sus problemas internos se han hecho evidentes; casos escandalosos como el del expresidente Francisco Flores, quien recibió más de $10 millones donados para atender a los más necesitados, los desvió a las arcas de su partido, es solo un ejemplo. ARENA necesitaba un respiro, y ese llegó con la composición de una Sala de lo Constitucional que le ha hecho como buen sastre, las sentencias a la medida.

    La última sentencia de la Sala de lo Constitucional, sobre voto cruzado, abre la posibilidad de que los votantes para la elección de diputados, marquen rostros de diferente partido. La sentencia la emiten cuando ya se hizo el llamado a elecciones, cuando el presupuesto para tal fin ha sido aprobado y a escasos tres meses del evento electoral de 2015. Aquí caben las interrogantes, ¿quién se beneficia con el voto cruzado?, ¿por qué hacerlo para las elecciones de 2015 y no para las de 2018?

    Los Magistrados que votaron para implementar el voto cruzado en el 2015, sin duda quieren generar confusión y desestabilización en las próximas elecciones a beneficio de la derecha. Saben que informar y capacitar a la ciudadanía sobre la nueva forma de votar será una lucha contra el tiempo; ya lo habían advertido las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), quienes abogaron para que la modalidad no se implementara el próximo año.

    Pero aunque cambien las reglas del juego, una vez más, los militantes, simpatizantes, cuadros de dirección nacional y territorial del FMLN, asumiremos el reto con la disciplina que nos caracteriza. Vamos a demostrar que les seguiremos derrotando cuantas veces sea necesario para no permitir el retroceso en las grandes transformaciones sociales.

    Hago un llamado a nuestros cuadros electorales JEM, Representantes Legales, Jefes de Centro, Supervisores, integrantes de JRV y Vigilantes, para prepararnos mejor como siempre lo hemos hecho. Gracias a quienes en el transcurso de la historia se han sumado a la defensa de cada victoria del Pueblo salvadoreño.

    Para concluir, enfatizo que quienes formamos parte del FMLN, no nos avergonzamos de nuestra bandera, de nuestro proyecto que se enmarca en los anhelos de justicia e igualdad. Nuestra bandera, la bandera del FMLN que hoy ondea en alto, será la más marcada en el 2015, saldremos victoriosos con más diputadas y diputados y más alcaldías ¡Ni un paso atrás, siempre adelante!

    Dennis Córdova @Denniscordova25

  • Y para ti, ¿Qué son los valores?

    041114-04El tema de los valores es ahora en el país de mucha actualidad, y aparece siempre a la base de toda discusión en relación con el sistema educativo y la violencia social. Se dice "Debemos rescatar los valores, hay que promover los valores, hay que enseñar los valores". Reclamos siempre presentes en el discurso nacional.

    Existe contradicción entre el discurso y la practica; no hay claridad ni base científica sobre la forma en que se enseñan los valores en las escuelas; por otro lado los medios de comunicación conservadores que bombardean diariamente a la población, particularmente a los jóvenes, orientándolos y estimulándolos hacia la práctica de los valores desde su perspectiva, se encargan de negarlos cuando en sus contenidos se advierte meridianamente un fondo anti ético alejado del contenido valorativo que se desea resaltar, promoviendo así una conducta moral alejada de la norma.

    No existe un consistente y orgánico tratamiento del tema; más bien, se advierte no solo ausencia del correcto conocimiento de las categorías axiológicas fundamentales, sino una desnaturalización de las mismas.

    El hecho de que se hable de los valores en el discurso mientras estos se niegan en la práctica, hace que se fomente una cultura del contravalor. La escuela, el aula, el hogar no pueden contrarrestar la práctica cotidiana del consumismo, con sus dolores existenciales, sus angustias y sus urgencias. El maestro se esfuerza en el aula tratando de formar en un medio deformante, de orientar en un medio desorientador, de llevar un testimonio espiritual en un ambiente terriblemente material.

    El consejo que induce al bien, al amor, a la justicia, a la solidaridad, a la esperanza, a la fe, se puntea con la práctica de la mentira, del engaño, del robo, de la corrupción y con la realidad de una sociedad injusta, del hogar desintegrado y de necesidades insatisfechas que han tenido a la base modelos liberales o neoliberales fomentadores del egoísmo.

    Estamos a tiempo para construir un nuevo modelo de desarrollo socioeconómico productivo, eficiente, incluyente y sostenible centrado en la persona humana, en el buen vivir y en donde los valores en la teoría y en la práctica sean coincidentes.

    Dr. Guillermo Mata Bennett @DrMata1

  • Informe de comisión especial sustenta delito de lavado de Francisco Flores

    El 30 de octubre pasado el pleno legislativo conoció y aprobó el segundo informe de la Comisión Especial que investiga el destino de los fondos donados por Taiwán en el período presidencial del arenero Francisco Flores Pérez; se trata de la profundización del primer informe a partir de las declaraciones de ex funcionarios que manejaron los fondos de emergencia durante el terremoto ocurrido en el año 2001 y de integrantes del Centro de Estudios Políticos (CEP), Doctor José Antonio Rodríguez Porth, dirigentes y ex dirigentes del partido Arena.

    041114-02La Comisión se constituyó a partir del conocimiento de un reporte de operaciones sospechosas que instancias estatales de EEUU habían hecho llegar a la Fiscalía General de la República y que el ex Presidente Mauricio Funes hiciera público. En el primer informe quedó establecido que los fondos fueron entregados por el gobierno de Taiwán para distintos procesos y que no llegaron a ninguna instancia estatal salvadoreña, rondaban los 70 millones de dólares.

    La Fiscalía se vio forzada a procesar al ex presidente Flores y Presidente honorario del partido Arena, sin embargo los hallazgos presentados por la Asamblea Legislativa referentes al delito de lavado de dinero fueron ignorados en la acusación fiscal. Ahora en el segundo informe presentado y aprobado por 51 votos tiene la particularidad de fundamentar con las propias declaraciones de ex funcionarios y miembros del Centro de Estudios Políticos, la existencia del delito de lavado de dinero por el ex presidente.

    El informe recoge declaraciones del señor Gerardo Antonio Balzaretti Kriete en las que afirma que el CEP es una asociación sin fines de lucro, asociada y relacionada con el partido Arena, que en el año 2003 se apertura una cuenta en el Banco Cuscatlán en Costa Rica, los documentos de la cuenta fueron firmados en El Salvador, los fondos recibidos según él supo eran fondos gestionados por el Presidente Flores, cuando se cerraron las cuentas sí hubo una transferencia de esos fondos al partido de Arena, a una cuenta del partido Arena.

    Fue una confesión, los fondos donados por Taiwán en cheques a nombre de Francisco Flores para apoyar al país, fueron depositados en una cuenta del Centro de Estudios Políticos Doctor José Antonio Rodríguez Porth, y de esa cuenta fueron transferidos a la cuenta del partido Arena. ¿De quién es la responsabilidad? Evidentemente que del ex presidente Flores y del partido Arena que revela el modo clásico de una operación de lavado de dinero, el Fiscal está obligado a presentar la acusación contra Francisco Flores por este delito que fue dejado de lado en la primera acusación y que ahora se demuestra que efectivamente existió. También está en el deber de investigar a otras personas que estén involucradas.

    El pleno acordó también que los diputados que escucharon las declaraciones que demuestran la existencia de lavado, presenten formal acusación ante la fiscalía por el delito de lavado tanto contra Francisco Flores como contra el señor Balzaretti Kriete y se investigue el involucramiento de otros miembros del CEP.

    Es impresionante darse cuenta por confesiones de las personas citadas por la Comisión Especial, la manera en que el partido Arena manejó el ejercicio de la Presidencia, sacrificando las necesidades del pueblo, apropiándose de fondos sagrados del pueblo para el financiamiento de su partido y utilizando asociaciones sin fines de lucro para lavar los fondos producto de corrupción. Más sorprendente resulta el cinismo con el cual se manejan los voceros de los grupos económicos, tanques de pensamiento asesores, analistas hablando de transparencia y eficiencia cuando queda claro que todos eran conscientes de las modalidades empleadas, que van más allá del uso patrimonial del Estado.

    Ahora Francisco Flores es un reo confeso en proceso de juzgamiento, es evidente que en lo que hizo no estaba solo, es evidente que aunque en las filas del partido Arena muchas voces pidieron en un principio su expulsión de las filas de ese partido, la dirigencia ha mantenido su postura de mantenerle como Presidente Honorario, es imposible separarse de algo que ha sido y les es común.

    La justicia debe operar en este caso, la Asamblea Legislativa y el Ex Presidente Funes han cumplido un valioso papel en el destape de la corrupción, y el castigo a esos delitos debe servir de ejemplo de que en el país hay cero tolerancia a la estafa al pueblo. La Corte Suprema de Justicia, todo el sistema judicial está a prueba y se espera del sistema lo que nuestro pueblo merece: Verdad, justicia y devolución de lo robado. Nuestro reconocimiento a diputados integrantes de la Comisión Especial.

    Licda. Norma Guevara @guevara_tuiter

  • 6 verdades sobre la inversión social que no quieren que sepas

    271014-03

    El FMLN y arena representan proyectos políticos diferentes para el país.

    La primicia fundamental es que el FMLN defiende un proyecto de izquierda, basado en la persona humana; arena defiende un proyecto neoliberal capitalista de derecha, basado en situar al mercado al centro del quehacer humano.
    Dos proyectos totalmente diferentes. Dos visiones diferentes de la sociedad y del papel del Estado y del mercado. En términos programáticos, esta diferencia se expresa en las políticas públicas.

    La segunda primicia es en referencia a la política económica, el FMLN defiende la economía inclusiva, con desarrollo económico y social basado en la persona. Para el FMLN en las políticas sociales el Estado tiene un papel fundamental. Para el FMLN el Estado debe jugar un papel fundamental aliado con el mercado, con un objetivo programado en función de los intereses de la mayoría de la sociedad.

    El FMLN busca la transformación de la estructura económica y social del país expresada en un nuevo modo de vida que llama el buen vivir.

    La política económica y social del FMLN ha sido capaz de recuperar empleos después d la crisis de 2009, proteger los actuales empleos , disminuir la pobreza, reducir la brecha de la desigualdad, mantener finanzas públicas equilibradas y la estabilidad económica a pesar de los desajustes de la economía global.

    La tercera primicia se encuentra dentro de la política social, tomando como motor básico la Ley de Desarrollo y Protección Social, que garantiza un sistema de protección al bienestar mínimo de la población que responde a un acceso gratuito y universal a la salud y educación. Además tiene una política importante de subsidios para la población más vulnerable. El proyecto del FMLN apuesta a la inversión en infraestructura social, apoyo a los sectores más vulnerables y políticas fiscales de redistribución de la riqueza a través de pago de impuestos directos de los sectores poderosamente económicos del país
    La cuarta primicia es que el FMLN apuesta a una política de relaciones exteriores abierta, independiente de la ideología de los demás Estados, dando prioridad a Centroamérica, Suramérica, y abrir nuevos mercados con PETROCARIBE, ALBA y otros , sin descuidar a EEUU.

    El FMLN aspira en ayudar a transformar la ONU y organismos multilaterales como FMI y BM.

    El proyecto de arena entiende al Estado como su finca, una entidad que da amplias facultades y libertades a los agentes económicos, reduciéndolo a su mínima expresión como un simple facilitador que corrige los desequilibrios de la macroeconomía.

    Para arena, el Estado debe reducirse y dejar al mercado que sea el regulador de la vida de las personas a través de la oferta y la demanda. ¿Cómo es esto posible? ¿Acaso las necesidades de las personas no van más allá de lo que el mercado ofrece?

    Para arena, la política económica debe estar en función de la empresa privada y no de las personas, dejando en segundo plano la economía en función de las personas. Lo que priva supremamente es el mercado.

    La quinta primicia es que el FMLN cree firmemente en que el capital más grande del país son las personas, por eso aspira al desarrollo humano de todos sus habitantes, fortaleciendo el derecho humano a la salud, educación, alimentación, empleo, seguridad entre otros. Para ello el 49% del presupuesto está dedicado al área social y la gestión de préstamos de inversión en áreas de desarrollo humano por valor de casi 700 millones de dólares.

    Para arena el centro es el mercado, la macroeconomía fría, la privatización de los servicios públicos, eliminación de subsidios, reducir el número de empleados públicos, ajuste estructural que significa eliminar el apoyo del estado a las personas, dejando que sea el mercado el que asigne los recursos según sus ingresos económicos.

    Finalmente la sexta primicia que es la base de este gran proyecto de país es que el FMLN apuesta a un nuevo modelo de desarrollo económico y social, viable, sostenible, en armonía con la naturaleza y con justicia social. Arena apuesta a un modelo privatizador, que destruye la naturaleza en función de intereses económicos, privilegiando al mercado y sus leyes y no a la persona humana

    Sin duda alguna la no aprobación de préstamos por parte de arena y otras fuerzas de derecha obedecen a ese proyecto económico- social neoliberal que desestima al capital humano y privilegia al mercado como centro de sus proyectos políticos. Sin duda alguna son partidos deshumanizados, por ello hay que reflexionar sobre la diferencia de fondo entre el proyecto de izquierda del FMLN y el de derecha mercantilista.

    Dr. Guillermo Mata Bennett @DrMata1

  • A propósito del FOMILENIO II

    171014-05Los estudios sobre las condiciones socioeconómicas, psicosociales y productividad industrial de la zona costera de El Salvador, hicieron posible considerar que el esfuerzo del Milenio II (MCC) y el Programa de Asocio para el Crecimiento (PAC), son posibles y necesarios para dar respuesta a la demanda de inversiones productivas, optimizar el clima de inversiones y el desarrollo humano como componente transversal de los objetivos identificados por los planificadores del programa del Milenio II, configurados entre los objetivos, los componentes y las actividades que se deberán activar para cumplir con las metas propuestas del convenio de los gobiernos de los Estados Unidos y El Salvador. De este esfuerzo estatal conjunto, surgen las políticas públicas, que promueven el desarrollo de aquellas zonas económicamente deprimidas de la costa salvadoreña.

    El componente del desarrollo humano es necesario para mejorar sustancialmente la plataforma laboral de los municipios del litoral nacional. La sinergia institucional es ineludible, el concurso de los actores institucionales, que son los encargados de propiciar las condiciones objetivas de lo que requiere el programa en general, como de los proyectos en particular
    Uno de los objetivos es impulsar las pequeñas inversiones y obras públicas indispensables para las mejoras y beneficios de la población de la franja costera.

    El desarrollo de la zona incluye a 75 municipios, el 34% del territorio nacional, 321 kilómetros de costa y un área marítima de 100 kilómetros cuadrados y 200 millas de mar territorial, en la que reside el 26% de la población.

    FOMILENIO II es una estrategia integral, que engloba proyectos para convertir a El Salvador en un país productor para el desarrollo, la inversión y el empleo, que comprende apuestas sectoriales, así como incentivos, agilización de trámites, acceso a financiamiento y desarrollo de la franca costera.

    Por ello se requiere, que el programa MCC y PAC involucre a la asamblea legislativa, en la formulación de una ley de la República que desarrolle y de sustento al FOMILENIO II, y garantice condiciones para su funcionamiento.
    Sin duda, La Libertad será uno de los departamentos más beneficiados.

    Dr. Guillermo Mata Bennett @DrMata1

  • El Golpe a las Finanzas públicas apoyado en la Sala de lo Constitucional

    290914-06En la vecina Guatemala, sin ignorar la resistencia histórica a pagar impuestos, la autoridad hacendaria tiene un programa orientado a crear una nueva cultura tributaria, uno de los mensajes que emiten reza: "amar a Guatemala es...pagar puntualmente tus impuestos". Aquí se aprobó recientemente un decreto que durante tres meses dispensa los intereses y multas a deudores tributarios, con lo cual se busca que unas 66 mil personas naturales y jurídicas salden su deuda que entre impuestos no pagados, multas e intereses sobrepasan los 500 millones de dólares, deuda acumulada a lo largo de diez años y de la cual el monto mayor lo deben grandes y medianos contribuyentes.

    Al no pago de impuesto como un recurso frecuente de quienes tienen la obligación de hacerlo se agrega el uso cada vez más frecuente de la protección de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a grupos económicos que buscan eludir sus contribuciones con subterfugios jurídicos mediante demandas de inconstitucionalidad que hasta hoy castigan los ingresos en un monto que ronda los cien millones de dólares en 3 sentencias (Telefonía, ISR 1% y FONAT).

    Decenas de municipios vieron ya las declaratorias de inconstitucionalidad a sus tarifas de impuestos, y llevamos una larga lista de inconstitucionalidades de leyes nacionales de gran impacto en las finanzas públicas. Se declaró inconstitucional el cobro de impuesto a las llamadas telefónicas desde el exterior con lo cual los ingresos se redujeron en varias decenas de millones de dólares.

    Se declaró inconstitucional el cobro de una contribución especial a la matrícula de vehículos para crear un fondo de compensación a las víctimas de accidentes automovilísticos(Ley de Creación del FONAT), en esa declaratoria se anula el ingreso pero mantiene la obligación del Estado de pagar la compensación.

    Declararon inconstitucional el pago del 1% a las empresas que operando normalmente declaran pérdidas por 3 años consecutivos y recientemente admiten una demanda contra el pago anticipado de impuesto sobre la renta que da facilidades a las empresas de pagar de manera fraccionada
    El colmo es que la Sala de lo Constitucional admita la demanda de inconstitucionalidad del impuesto de transferencias financieras que establece el pago de $2.5 por cada mil dólares transferidos, una demanda con información incorrecta y no porque desconozcan como ocurrieron los hechos, sino simplemente para tener una base sobre la cual resolver en el más breve tiempo lo pedido por la banca. La demanda cuestiona el uso de la dispensa de trámite y alega falta de debate.

    En el fondo la derecha y por añadidura la Sala de lo Constitucional aspiran arrinconar al gobierno de Salvador Sánchez Cerén, utilizando diversos recursos, lo cual se afirma sin pudor en reportajes y editoriales invocando a inversionistas, gobiernos y banca multilateral NO otorgar créditos para obras de desarrollo, cuestionando colocación de bonos o el uso de la deuda flotante mediante colocación de letras del tesoro.

    Sin duda no todo les resulta como lo desean pues la iliquidez la desean para descalificar y para generar inconformidad. Si se pagan las deudas a proveedores critican, si se debe critican. Todo ello expresa una tremenda inconformidad del grupo oligárquico y sus voceros, demuestran amargura porque pese a las formas crudas de bloqueo, el país sigue adelante.

    El uso de la sala es solo una tecla de todas las maniobras de bloqueo como las que hicieron para dificultar la aprobación de FOMILENIO, yendo hasta EEUU a pedir que se atrasara y condicionara.
    Nuestro país podría ir mejor sin esas actitudes, sin ese golpe a las finanzas públicas, pero será difícil ver arrodillarse a un gobierno legítimamente electo; sin duda se harán con inteligencia y legalidad todos los esfuerzos para evitar que los bloqueos de hecho, así como las expresiones del mismo en medidas judiciales, impidan las políticas que transformen la vida de la población salvadoreña más vulnerable.

    Por lejos que estemos de un tiempo en que los empresarios afirmen que "aman a El Salvador pagando puntualmente sus impuestos", la juventud y niñez tendrán sus computadoras, sus uniformes, los pequeños empresarios su pago por servicios, los hospitales sus equipos y medicamentos, la policía y el ejército sus equipos para cumplir su cometido, los empleados su salario y los acreedores externos con quienes nos endeudaron los gobiernos anteriores tendrán como han tenido puntualmente, el pago de intereses y amortizaciones.

    Unámonos trabajadores, empresarios pequeños y medianos, empresarios grandes sensatos, fuerzas políticas con sentido de país, profesionales, los patriotas de verdad; a impedir el bloqueo de las finanzas públicas y así asegurar que el Estado cumpla su función de servicio y apoyo al desarrollo humano y económico.

    Licda. Norma Guevara @guevara_tuiter

  • Sistema de justicia en una semana

    230914-12Cuando se habla de gobierno es lógico referirse al quehacer de las más diversas entidades del Estado, esto abarca a los jueces, magistrados, fiscales, concejos municipales, es decir todo lo que implica una obligación pública; pero en la crítica mediática se suele reducir al quehacer del Órgano Ejecutivo, se ataca a la Asamblea Legislativa, pero muy raramente los grandes medios de comunicación critican y auscultan los vicios recurrentes del sistema judicial. La semana recién pasada ha sido visiblemente activa, pero el factor de ese activismo radica en la actitud de la ciudadanía frente a la conducta de los jueces y fiscales que claramente actúan favoreciendo a imputados si su origen o su vinculación laboral está asociada al poder económico y la derecha.

    Durante la semana se escuchó repetidamente como estribillo la frase del Presidente Honorario del COENA, Francisco Flores Pérez cuando afirmó "vengo voluntariamente a presentarme", y el énfasis de esa repetición buscaba presentarlo como acto de nobleza, inocencia o valentía, parecía que los comunicadores olvidaron para siempre que pesa sobre él la acusación fiscal por tres delitos, pero que además la Fiscalía no le reclama el delito de lavado de dinero señalado por la Comisión Especial que investigó el destino de los fondos donados por Taiwán. Según esa Comisión fueron alrededor de 70 millones de dólares sin tomar en cuenta otro señalamiento hecho por el ex presidente del partido Arena, Antonio Salaverría, quien declaró que hubo un donativo de cien millones de dólares para fortalecer el cultivo del café, del cual tampoco está claro en qué se usó.

    Los reclamos y la indignación de la gente, especialmente jóvenes y trabajadores organizados contribuyó a que una cámara revirtiera la decisión del Juez Italmir Orellana de dar al ex presidente Flores Pérez, la casa por cárcel, lo cual muestra la benevolencia con personas areneras pese a la contundencia de los delitos señalados y el daño ocasionado a los sectores más necesitados de nuestro país que fueron víctimas del terremoto o para quienes se procuraba apoyar con proyectos de desarrollo que nunca llegaron a su destino.

    Ahora falta ver que curso seguirá la demanda de destituir al Juez que lleva el caso de Francisco Flores, o que la continuidad del juicio sea transferido a otro juzgado. No pasa inadvertido por el pueblo que casos de alta resonancia fueron declarados sin lugar por el mismo juez en el pasado reciente, es razonable la preocupación de que ese juez dejaría impune los delitos cometidos por el ex mandatario arenero.

    Por otra parte, la Sala de lo Constitucional haciendo uso de la tradición anunciada por uno de sus integrantes de convertir los días viernes en "Día de Sentencias", anunció el viernes 19 de septiembre la admisión de dos demandas de inconstitucionalidad, una contra la Ley de Transferencias Bancarias aprobada el 31 de julio, y la otra contra el artículo 151 del Código Tributario referido al pago anticipado del impuesto sobre la renta.

    Las actuaciones de la Sala de lo Constitucional reflejan con claridad su beligerancia, su prontitud frente a demandas de personeros del gran capital, no solo en la admisión sino en su resolución, sean estas de interés claramente económico o de naturaleza política para favorecer los intereses y creencias de ese segmento minoritario de la sociedad.

    Sí la sala diligencia con esa velocidad, se dejaría al país desprovisto de recursos que legítimamente deben cobrarse para disminuir la regresividad del sistema tributario, sí se sigue por ese camino la Sala de lo Constitucional colocaría al país en un estancamiento, negando la posibilidad de que paguen más tributos quienes tienen mayor capacidad de contribuir.

    La impunidad es una lacra, quienes cometen delitos quedan sin pagar por ellos en la mayoría de ocasiones, de manera que urge un cambio en el sistema de justicia, vale decir en las instituciones que lo conforman: los jueces, magistrados, fiscales, procuradores y todos los servidores del Órgano Judicial, Fiscalía y Procuraduría General de la República. Los hechos de la semana muestran la benevolencia del sistema judicial, su parcialidad con personas vinculadas al poder económico, a la derecha y a la beligerancia de los supremos jueces cuando se trata de cuestionar el pago de tributos necesarios para cumplir las funciones y fines del Estado, especialmente de aquéllas políticas orientadas a favorecer la justicia social, financiar los programas y políticas sociales que ayudan a sacar adelante a familias y personas más necesitadas.

    Pese a la parcialidad de jueces, la población es cada vez más capaz de ver y juzgar, en consecuencia de urgir un cambio al sistema judicial para poner fin a la impunidad.

    Licda. Norma Guevara @guevara_tuiter

  • Asamblea aprueba amnistía de multas e intereses, a deudores tributarios

    100914-03El jueves 4 de septiembre la Asamblea Legislativa aprobó un decreto según el cual se abre una oportunidad a personas naturales o jurídicas que tengan deuda tributaria o aduanal para pagar sus deudas con perdón de intereses y multas, si se acogen al decreto pagando únicamente el monto acreditado como impuesto no pagado. La oportunidad durará un tiempo de 90 días y fue una iniciativa del Presidente de la República Salvador Sánchez Cerén a través del Ministro de Hacienda.

    Según el Ministerio de Hacienda existen 66,808 deudores tributarios entre personas naturales y jurídicas; en conjunto adeudan 513 millones de dólares de los cuales 125 millones son originados por multas y 92 millones constituyen intereses, esto determina que, el monto que en su momento fue tasado y no pagado representa 295 millones de dólares.

    Estos montos adeudados tienen un tiempo que va entre diez años y un año. Es importante hacer notar que distribución entre montos y cantidad de deudores es inversamente proporcional, es decir que pocos deudores deben una gran proporción de la deuda y multitud de deudores deben una parte menor de la deuda. Veamos: 441 grandes contribuyentes adeudan 163 millones 900 mil dólares de tributos no pagados, a los cuales corresponden 67 millones 200 mil dólares de multa y 3 millones 400 mil dólares de intereses, que en total, hacen 234 millones y medio. Si ellos se amparan en esta ley transitoria se ahorrarían más de 70 millones, 600 mil dólares.

    En un segundo nivel están los medianos contribuyentes que son 944, que en impuesto no pagado deben al fisco 22 millones 300 mil dólares a los cuales corresponden 9 millones 600 mil dólares de multas y 6 millones 700 mil dólares de interés, en conjunto suman 38 millones 600 mil dólares. Si este grupo se ampara a la ley se ahorraría 16 millones, 300 mil dólares.

    La mayoría de deudores tributarios son pequeños contribuyentes; 65,423 personas naturales y jurídicas que en el momento que manda la ley dejaron de pagar 109 millones 100 mil dólares a los que se agregan 48 millones 200 mil dólares de multa y 82 millones 700 mil dólares de intereses, que juntos totalizan 240 millones de dólares. Si este grupo se ampara al decreto se ahorraría 130 millones, 900 mil dólares.

    El tipo de tributos adeudados son varios, pero en su inmensa mayoría corresponden al impuesto sobre la renta e IVA, ambos sobrepasan los 400 millones de los 513.

    En conjunto los tributos sin intereses ni multas que el Estado pudiera percibir en pagos parciales a lo largo de 6 meses, serían 295 millones 300 mil dólares.

    Quienes decidan aprovechar esta oportunidad que se abre para resolver sus deudas podrán gozar de otras facilidades como el otorgamiento de plan de pagos que la autoridad de hacienda y los interesados pacten razonablemente hasta por seis meses. Visto así el decreto aprobado asegura dispensa de multas, intereses y crédito para pagar, el resultado debe ser un beneficio tanto a los deudores tributarios como a la fiscalidad del país.

    Las empresas requieren solvencias para participar en licitaciones, los particulares para acceder a créditos, requieren solvencia fiscal, igual que para postularse para un cargo de elección popular o para una elección de segundo grado; es decir que la solvencia fiscal y aduanera constituye una facilidad que incide directamente en la dinámica de la economía en general.

    Es generoso el Presidente al abrir esta oportunidad para personas y empresas, ojalá sea aprovechada adecuadamente, igualmente que los medios de comunicación informen de las bondades del citado decreto que tendrá una duración limitada de tres meses a partir de su publicación.

    Es responsabilidad fiscal cobrar los tributos, tanto como pagarlos; es responsabilidad fiscal cumplir los fines del Estado prestando los servicios que la ciudadanía merece y contar para ello con los recursos necesarios, sean estos humanos, técnicos o financieros; por eso este gesto del Presidente debe ser valorado en su justa dimensión. Se realiza cuando la ley por primera vez en la historia faculta a la autoridad hacendaria a publicar los nombres, montos adeudados y la autoridad que lo estableció, por eso representa una gran oportunidad para quienes tienen responsabilidades pendientes de pago con el fisco.

    Las bondades de esta disposición son tan evidentes que las diferentes fracciones la apoyaron, con excepción de la democracia cristiana, que sin cuestionar el fondo, argumentó estar poco familiarizada con dicha disposición.

    Hay que reconocer la transparencia del Ministro de Hacienda que puso en conocimiento de todas las estadísticas de esta problemática que permite esclarecer porque se incurre al endeudamiento temporal cuando quienes tenían que pagar tributos dejaron de hacerlo.

    Licda. Norma Guevara @guevara_tuiter

  • Reforma para la transparencia y justicia tributaria - III

    III. REFORMAS A LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

    El 30 y 31 de julio se aprobaron por la Asamblea Legislativa 2 artículos que reforman la Ley del Impuesto sobre la Renta. Un artículo deroga la excepción del pago del impuesto sobre la renta que tenían desde 1950 los empresarios dueños de periódicos; otro artículo establece el pago fraccionado del impuesto sobre la renta (pago a cuenta) de los sujetos obligados a ese tributo.

    En lo referente a la derogatoria de un privilegio consistente en que los empresarios dueños de medios de comunicación escrita fueran los únicos que por ley estaban facultados a tener ganancias sin pagar impuesto como lo hacen los empresarios de todos los demás giros de la economía, es algo de justicia que nada tiene que ver con los pretextos expuestos para oponerse a esta reforma, aduciendo que con ello se pone en peligro la libertad de expresión. De lo que se trata es que de las utilidades anuales de estas empresas paguen lo que ya establece la Ley de Impuesto sobre la Renta; esta ley establece para quien gane hasta 150 mil dólares al año, pagará el 25% de impuesto y si sus ganancias sobrepasan esa cantidad,  deberán pagar un 30%.

    Los empresarios de radio, televisión y todos los pequeños, medianos y grandes empresarios tienen la misma obligación.

    El otro artículo se refiere al Capítulo V de la ley, en el que se crea un acápite denominado “Pago Mínimo del Impuesto Sobre La Renta”. Crea 6 artículos para definir el hecho generador como la posesión de activo neto;  el pago mínimo fijado en 1% acompañado de  la forma de determinar el activo neto; el establecimiento de los sujetos exentos entre los que se incluyen los pagos de salarios, los usuarios de zonas francas, los fideicomisos financiados por el Estado, organismos internacionales o de gobiernos extranjeros y los empresarios que se vean afectados por situaciones que motivan una emergencia o declaratoria de Estado de Calamidad.

    También se define la manera de declarar el pago mínimo, acreditarlo y hacer devoluciones en su caso.

    Se trata de pagos del impuesto sobre la renta de manera fraccionada que faciliten al deudor tributario ir poco a poco pagando lo que será su obligación al finalizar un año y si lo que se paga de esa manera es menor a lo que resulte como su obligación, pagar solamente el faltante o complemento. Sí por el contrario, hubiere pagado en exceso el Ministerio de Hacienda le devolverá lo que corresponda como se hace en otros casos con los descuentos a los salarios. Esta regulación constituye un mecanismo anti fraude, que facilita la sostenibilidad financiera del Estado y permite que quienes son usuarios de las inversiones públicas contribuyan al sostenimiento de las mismas.

    Este mecanismo ya existía y estaba calculado sobre una base diferente que la Sala de lo Constitucional declaró, inconstitucional, con lo cual se afectaron las proyecciones de ingreso, pero la misma sentencia fundamentó la base para redefinir como ahora se ha hecho la base sobre la cual se calcula ese pago mínimo anticipado, se pasó de considerarlas rentas brutas, al establecimiento de las rentas netas. Esto permite, como lo estableció la sentencia, que el contribuyente se descuente los costos y gastos para la producción y el mantenimiento de la fuente.

    Como puede verse, lo nuevo es que los dueños de periódicos pagarán como impuesto una proporción de sus ganancias anuales, las cuales nada tienen que ver con el enfoque informativo, ni editorial, ni con aumento de parámetros con los cuales ya pagamos los trabajadores y trabajadoras. En cuanto al pago mínimo anticipado, es una modalidad que contribuye, pero que en nada representa cambio de la alícuota o porción de utilidades a pagar como impuesto, es la misma obligación y un incentivo a no eludir.

    Quienes negaron su apoyo a estas reformas afirman que si hay elusión el Ministerio debe ser más efectivo en el cobro y así evitar  tributos nuevos, el Ministro ha dado respuesta a semejante simpleza informando que más de 500 millones de dólares por cobrar están en procesos litigiosos que abarcan a más de 60 mil contribuyentes; más de la mitad de ese monto debían pagarlo menos de 300 empresas.

    Caminar hacia la justicia tributaria requiere valentía política y deseo de servir a las mayorías, eso es lo que anima estos cambios  que sin duda forzarán a algunos a pagar sus obligaciones tributarias.

    Licda. Norma Guevara @guevara_tuiter

     
  • Reforma para la transparencia y justicia tributaria - II

    En un supermercado una impulsadora le dijo a otra -el salario no te lo aumentan, pero los impuestos sí. Yo estaba a una corta distancia y regresé a preguntarle porque creía que se le han aumentado los impuestos, me dijo es lo que dice la televisión y los periódicos. Entendí la importancia de explicarle que el único impuesto que se ha establecido es a las operaciones financieras mayores a mil dólares.

    Por supuesto que las empresas que colocan productos y los promueven para estimularnos a comprarlos, pagan personal, generalmente hombres y mujeres jóvenes, ignoro que salario les pagan pero si es el salario mínimo y alguna comisión será bastante. Es decir que quienes trabajan en supermercados, bancos, zonas francas, fábricas, talleres, almacenes o afines, gozan de remuneraciones modestas, entre ellos ha de ser difícil encontrar quienes ganen más de mil dólares. A quienes ganan hasta $500 dólares, en la primera reforma de 2009 se les exoneró el pago al impuesto sobre la renta.

    El impuesto a las transferencias financieras consiste en pagar al fisco cero punto veinticinco por ciento (una cora) a las transacciones bancarias superiores a mil dólares; pero no toda transacción de ese tamaño pagará el impuesto, están exentas de pago los salarios, las pensiones, los servicios como agua y luz, las primas de seguro médico, el movimiento de una cuenta a otra si es de la misma persona, las tarjetas de crédito, los gastos de cualquier embajada acreditada en el país, los pagos de las municipalidades y el Estado, y los bonos emitidos por una entidad autónoma.

    Se puede preguntar uno, ¿Sí tanta actividad no la va a pagar, entonces quienes lo van a pagar? Según los estudios de la Súper Intendencia del sistema financiero hay operaciones bancarias importantes de empresas no formales, y estas tendrán al final de mes un comprobante de pago si hacen transferencias mayores a cinco mil dólares y ese comprobante le permitirá pagar impuestos como el IVA o la renta, lo mismo puede hacer una pequeña empresa.

    Si alguien compra un pasaje de avión a Europa que quizá cueste más de mil dólares pagará una cora, por cada cien dólares después de mil dólares, es decir que si el pasaje le cuesta dos mil dólares, los primeros mil dólares no pagan pero por los otros mil dólares pagará $2.50 de dólar (Dos dólares con cincuenta centavos). Si alguien paga un carro usado por unos 11 mil dólares pagaría $25.00 dólares (veinticinco dólares).

    Volviendo a la plática en el supermercado, la persona a quien le decían que sus impuestos serán mayores me preguntó: ¿Y sí yo hago un préstamo me van a cobrar? le respondí, ¿De cuánto sería el préstamo que Usted quiere hacer? me respondió de dos mil dólares. Le dije Usted no pagará impuesto alguno, porque todos los créditos hasta $10,000.00 están exentos. La otra mujer me dijo y las empresas van a pagar y le expliqué que si la empresa invierte hasta 50 mil dólares no paga impuestos por transferencias financieras, las zonas francas no pagan.

    Como puede verse, quienes hagan un préstamo personal mayor a diez mil dólares, o compre un carro mayor a diez mil dólares, pague un pasaje de avión mayor a mil dólares, sí pagará impuestos, y estas personas difícilmente pueden descargar en otras sus impuestos, se ha dicho del efecto cascada para asustar a la gente, quienes lo afirman saben perfectamente que eso es falso, saben bien que no todo impuesto puede descargarse en otros.

    Los estudios indican que este tipo de impuesto que supone operaciones bancarias ya sea mediante cheque, transferencia electrónica por estos montos, los hacen personas que tienen ingresos mayores a cinco mil dólares, esa no es la situación de la mayor parte de la población por lo cual es incorrecto asumir como ciertas las cosas que en contra de la ley se dicen, lo divulgan quienes tienen la posibilidad de ser alcanzados.

    Se dice que la gente fraccionará un cheque haciendo dos para evitar el impuesto, pero el valor del cheque vendido por el banco es prácticamente igual a lo que se pague por emitir uno de mil quinientos dólares.

    Este impuesto nuevo servirá para aumentar los ingresos, pagar las deudas heredadas e invertir en la gente, reforzando los programas que ayudan a quienes ganan menos y tienen a sus hijos en la escuela, acuden a las unidades de salud y hospitales, ellos son la mayoría y es para ellos que se debe trabajar para que paguen más, quienes más tienen; eso es justicia tributaria, que permite redistribuir la riqueza generada mediante el trabajo.
     

     
  • Quien tiene y gana más debe pagar más

    En un país dolarizado como El Salvador, la política fiscal es la única herramienta con que cuenta el gobierno para desarrollar su política económica. Es decir, sus decisiones sobre la cantidad de ingresos que requiere y la forma en que los capta es cuestión de trascendental importancia, así como las decisiones de en qué gastar, en qué invertir y cómo lograr que el gasto y la inversión reflejen las prioridades del gobierno, que esas prioridades sean justas para la sociedad. Adicionalmente se requiere de eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos.

    Sobre el tema de la recaudación hay básicamente dos enfoques: Uno regresivo que dice que los impuestos deben pagarse sin importar la capacidad económica de los contribuyentes y otro progresivo que dice que quienes tienen y ganan más deben de pagar más. Es decir que los grandes deben ser responsables con los pequeños.

    En El Salvador, desde la llegada de arena este criterio cambió y establecieron que los pobres deberían de pagar más porcentaje de sus ingresos que lo que pagaban los ricos, además establecieron que la riqueza no debería pagar impuestos sino únicamente el ingreso, concretamente las utilidades. Y de esa forma establecieron el IVA, disminuyeron el impuesto a la renta y quitaron el impuesto al patrimonio.

    Con esas medidas el país configuró una estructura tributaria regresiva y creó serios problemas fiscales, pues sus ingresos no crecieron en proporción al Producto Interno Bruto (PIB) y perdimos capacidad de impulsar el crecimiento económico y el desarrollo social.

    Por otra parte, se le quitaron fuentes de ingresos al gobierno, las utilidades de las empresas públicas ya no son del Estado, sino que con la privatización, las utilidades de comunicaciones, energía y otros fueron a parar a manos de corporaciones internacionales privadas que además, con las medidas fiscales de arena dejaron de pagar una gran parte de los impuestos que antes pagaban.

    Algunas privatizaciones son tan perversas que sólo privatizaron utilidades y dejaron el costo al gobierno, como es el caso de las pensiones, con lo cual el gasto público se disparó.

    Como era de esperarse, en estas condiciones el gobierno se fue endeudando cada vez más, sólo Francisco Flores triplicó la deuda, y ahora hay que destinar desde hace más de 10 años, la cuarta parte del presupuesto a pago de intereses y capital de deuda. Un promedio entre 700 y mil millones anuales.

    Las repercusiones en la sociedad salvadoreña han sido obvias, perdimos calidad y cobertura en educación, en salud, la red vial estuvo a punto de colapsar, las inversiones de apoyo a la producción fueron casi nulas, y la población con bajos salarios y muchos impuestos empeoró su vida, mientras un reducido grupo se ha enriquecido meteóricamente, a tal grado que hay empresarios salvadoreños en el grupo de los propietarios de más de mil millones de dólares, mientras otros, la mayoría según DIGESTYC viven en familias con un ingreso total mensual promedio de 300 dólares.

    Desde la llegada del FMLN al gobierno en 2009 nos propusimos algunos lineamientos de trabajo claros:

    1. Promover el desarrollo social con medidas de choque como el paquete escolar y otros.
    2. Promover a los nuevos actores económicos y reactivar la economía.
    3. Corregir la estructura tributaria y mejorar la recaudación, con el principio de que quien tiene y gana más debe pagar más; liberando al mismo tiempo del pago de impuesto de renta a los de menores ingresos.

    A esto obedece la reforma fiscal en tres pasos que hemos dado desde el año 2009 a la fecha.

    La reforma aprobada en julio de este año, está claramente enfocada a no sólo incrementar ingresos, sino que también a ir corrigiendo gradualmente la regresividad de la estructura tributaria. Por eso es que todos los que por años han tenido privilegios fiscales, y aparte de eso han evadido el pago de los pocos impuestos que tenían establecidos, pues ahora reclaman y pagan costosísimas campañas mediáticas lamentándose de los cambios. Este es el caso de ABANSA y ANEP.

    Y no es para menos, porque ahora el pueblo podrá saber realmente quienes son los evasores, porque ahora los bancos que mueven más de TREINTA MIL MILLONES de dólares al año tendrán que pagar un poco más de impuestos, por cierto que no llega ni al 1% de su base imponible.

    Con la reforma pagarán impuestos los periódicos y los bancos, con la reforma tendremos acceso a la información sobre la elusión y evasión de impuestos, con la reforma podremos mejorar el control de los pagos electrónicos.

    ANEP confiesa públicamente que no paga impuestos, sino que “DE LOS TRASLADA AL PUEBLO”, miren que desvergüenza, sin embargo, deben saber que esa fiesta se les está acabando, primero porque no es cierto que puedan trasladar todo al pueblo, y segundo porque el que haga trampa y viole la ley tendrá que enfrentar consecuencias.

    Esta reforma permite incrementar el gasto social en educación y salud, mejorar la infraestructura productiva y ambiental, en seguridad ciudadana: esta reforma es un paso más en el cambio pacífico que El Salvador está dando para convertirse en un país justo, solidario y próspero.

    Lorena Peña
    Presidenta de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto

    @lorenagpeam
     

  • Reforma para la transparencia y justicia tributaria

    dip_guevaraUn mediano empresario me dijo un día: si en la aduana exigieran que presenten la factura del país donde se compró la mercadería, el gobierno tuviera mayores ingresos. Le pregunté cuanto crees que se pierde por declaraciones disminuidas para eludir el pago de impuesto, me dijo, mucho. La autoridad hacendaria afirma que no importa la declaración que haga al ingresar, tenemos un libro que indica los precios y se le tasa el impuesto con base a ese valor.

    Cuando uno lee lo que significa precio de transferencia, encuentra que pueden existir empresas relacionadas entre sí que pueden por conveniencia pactar precios subvaluados a fin de eludir el pago correcto de impuestos. Lo correcto afirman medianos y pequeños empresarios, es que todos paguen lo que corresponda y no que la autoridad hacendaria se enfoque en los que siempre pagan. Estas inquietudes legítimas de una gran parte de contribuyentes que sí pagan sus impuestos de manera correcta son las que encontrarán respuesta en la reforma de 14 artículos al Código Tributario aprobadas por la Asamblea Legislativa el 30 y 31 de julio recién pasado.

    Esas 14 enmiendas llenan vacíos que fortalecen la capacidad del Ministerio de Hacienda para aplicar el cobro de impuestos. Me refiero a algunos de esos aspectos.

    Se establece la determinación de precios de transferencia aplicando convenios sobre el particular aprobados por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), esto evitará la elusión de impuestos por efecto de subvaloración de las mercancías importadas.

    Se suspende la prescripción por un tiempo cuando hay procesos litigiosos cuando el deudor tributario acude a instancias administrativas buscando explicar que la tasa cobrada no corresponde a lo que él cree. Esos procesos en ocasiones llevan tiempo buscando que venza el tiempo de cobro. Esa suspensión no es indefinida, el Ministerio de Hacienda debe nombrar peritos hasta un lapso de tres años para determinar el cobro adecuado.

    El Ministerio de Hacienda queda facultad para pedir información tributaria en otros países con los cuales debe haber convenios.

    Esta reforma incorpora una nueva facultad al Ministerio de Hacienda para fiscalizar el uso de equipos electrónicos que utilizan las empresas para cobro como los sistemas computarizados. Solo se podrán utilizar esos equipos si se coloca el número de contribuyente asignado por la autoridad, para normalizar lo que pueda existir sin tales registros se da un plazo de 180 días. Las empresas que venden tales equipos estarán obligadas a informar al Ministerio. Esto llevará a que el impuesto que paga el consumidor en una compra, sea entregada a la autoridad hacendaria.

    Los bancos, sociedades o asociaciones cooperativas de ahorro y crédito y sus federaciones así como cualquiera que uses esta modalidad de equipos electrónicos como control de pagos deben asegurar que los mismos cumplen con el registro correspondiente.

    Lo regulado en materia de solvencias de las contribuciones fiscales será aplicable a las obligaciones tributarias aduaneras.

    La reforma faculta al Ministerio de Hacienda a publicar en su sitio web y en periódicos de circulación nacional los nombres de deudores con el fisco así como los informes a la Fiscalía General de la República o las sentencias emitidas por la Sala de lo Contencioso Administrativo en lo que se refiere a cuestiones tributarias.

    Como puede verse nada de esto significa tasas nuevas que indiquen que por esta reforma un contribuyente es obligado a pagar un canon mayor al establecido, todas sí refuerzan la capacidad del Ministerio de cumplir su obligación cual es asegurar que todo sujeto que es objeto de aplicación de una obligación tributaria lo haga. Lleva la transparencia al ámbito tributario y uno puede afirmar que ni hubo ingenuidad cuando se dejaron esos vacíos en el pasado ni la hay ahora al cerrarlos, antes sí se buscó favorecer “la viveza” “la trampa”, ahora se busca la justicia tributaria entendida como un axioma simple, si un empresario mediano, pequeño o grande paga impuestos porque dejar espacio para que otro no lo haga.

    Se agranda el lente de la autoridad para que pueda ver a fondo y cobrar los impuestos a todos y no solo a unos pocos; se evite la elusión que es el no pago por vaguedad de la ley como puede estar ocurriendo con el uso de equipos electrónicos por algunos o puede ocurrir en el futuro.

    Sin duda la publicidad de los deudores, el monto y quien lo determina es un incentivo para evitar que eso ocurra y con ello lo justo, que es pagar lo que toca, ocurra.

    Norma Guevara de Ramirios
    @guevara_tuiter

  • “Estados fallidos”: un constructo Ideológico-Político

    Oscar A. Fernández O.
    La reflexión en torno a los “Estados Fallidos” (Failure Sates) surgió en el ámbito político académico y de inteligencia estadounidense y europea, muy vinculada al caso de África, en el marco regional del proceso de descolonización y en el contexto más amplio de la bipolaridad Este-Oeste. Aquel incipiente tratamiento durante los setenta, de lo que constituía el fracaso de los estados recientemente independizados, estuvo limitado por varios condicionantes intelectuales y políticos del momento.

    En efecto, en términos profesionales el análisis del “Estado fallido” resultaba frustrante, por un lado, e irrelevante, por el otro. La frustración provenía del hecho de que se observaba y evaluaba el fracaso estatal africano a partir de la noción de Estado predominante en Occidente. En ese sentido, la evolución de la “estatalidad” africana no cumplía con los parámetros del estilo de los países avanzados del Atlántico Norte.

    Por su parte, la irrelevancia se originaba en el poco interés de los investigadores por fenómenos regresivos como el desplome parcial o completo de un Estado; lo que prevalecía en la comunidad de estudiosos sobre la periferia era la idea de transición hacia formas superiores que conducirían, eventualmente, a su modernización. (Tokatlian: 2008).

    En términos ideológicos, la competencia integral entre Estados Unidos y la Unión Soviética llevaba a que la mayoría de los fenómenos socio-políticos-desde los cambios de gobierno hasta las guerras domésticas-fueran interpretadas en clave de Guerra Fría; con lo que el desplome estatal (su alcance institucional, su nexo con la economía política internacional, su relación con pugnas étnicas o religiosas, su vínculo con la seguridad regional) no fue objeto de un enfoque más detallado, matizado y particular (Antoniadis, A: 2003).

    A su vez, la contención guiaba la política exterior y de defensa de Washington y, en consecuencia, la limitación al poder de la Unión Soviética y el freno a la expansión del comunismo eran las piedras angulares de dicha estrategia. Ello tuvo para los países periféricos sus efectos. Primero, independientemente del tamaño, ubicación y recursos de cada país, todas las naciones resultaban importantes por su valor e impacto respecto al conflicto bipolar (Dun, J.: 1978). En este caso, la naturaleza del régimen importaba poco.

    Segundo, si bien era evidente una alta inestabilidad en el eje Este-Oeste la nota elocuente de aquel período fue la alta confrontación Norte-Sur. La conjetura acerca de una eventual guerra nuclear entre los principales antagonistas producía la sensación de un holocausto devastador. La realidad de intervenciones, invasiones, conflictos de baja intensidad, operaciones armadas quirúrgicas, maniobras militares encubiertas y disputas irregulares prolongadas, entre otras, se concretizó en la periferia con la participación abierta o clandestina de las grandes potencias. En ese caso, el grado de unidad o fragmentación de una sociedad periférica resultaba un dato menor.

    En resumen, bajo la lógica de la contención el statu quo era preferible a la transformación, era fácil convivir con el autoritarismo sin alentar mucho a la democracia y el valor instrumental de cada país era superior a su valoración intrínseca. Por ello países como El Salvador, con Dictaduras militares mantenidas desde Washington y Oligarquías ultraderechistas, tuvieron un valor táctico relevante, para la estrategia de “contención”. Ni siquiera en plena guerra los Estados Unidos, La Iglesia derechista y la Oligarquía, consideraron por un momento al “Estado Fallido”. Esto era un mensaje claro.

    El Consejo Nacional de Inteligencia Norteamericano (NIC en inglés) con sede en Washington, en su informe “Tendencias Globales” (Diciembre de 2012) “predice” que 15 países de África, Asia y Medio Oriente, se convertirán en “Estados fallidos” (Failure States) hacia el año 2030 debido a su “conflictividad potencial y los problemas medioambientales”. En su anterior informe de 2005, publicado en el comienzo del segundo mandato de G. Bush h., el NIC predijo que Pakistán se convertiría en un “Estado Fallido” hacia el año 2015 “al verse afectado por la guerra civil, la completa talibanización y lucha por el control de las armas nucleares”. Cosa que no sucedió.

    Caso contrario sucede en Irak, pues el desmembramiento de la sociedad en comunidades religiosas y raciales se ha producido a raíz de la brutal ocupación de los norteamericanos a ese país, que significó la destrucción del Estado y el asesinato de su Presidente Saddam Hussein, y de cientos de miles de personas más. La pregunta es entonces ¿Quién provoca “Estados fallidos”?
    En dicho informe se compara Pakistán con Yugoeslavia, país éste que fue dividido en siete estados luego de una década de guerras civiles auspiciadas por USA y la OTAN.

    En el último informe del NIC, mientras se asegura que los estados fallidos “sirven como refugio para grupos extremistas políticos y religiosos” (p. 143), el informe no reconoce el hecho de que desde la década de 1970 los EE.UU. y sus aliados proporcionaron apoyo encubierto a organizaciones extremistas religiosas como una vía para desestabilizar los estados nación soberanos y seculares, tal como lo eran Pakistán y Afganistán en la década en ese entonces.

    Los “Estados fallidos” al estilo yugoslavo o somalí, no son el resultado de divisiones sociales internas. Convertir los estados soberanos en estados fallidos es un objetivo estratégico implementado a través de operaciones encubiertas y acciones militares.

    Esta idea de “Estado fallido” es una noción que implica mucho riesgo en términos ideológicos, dado que conlleva una carga despectiva. Es, en todo caso, antojadiza, discutible, poco seria en cuanto “formulación” de ciencias sociales, asimilable, en todo caso, a los listados de “transparencia y corrupción” con que Washington evalúa al resto del mundo. O las igualmente discutibles mediciones de cumplimiento de derechos humanos, o la certificación o descertificación en el combate al narcotráfico. ¿Alguien se puede tomar en serio, con criterio académico real, esas elucubraciones? ¿O se hace demasiado evidente que lo que está en juego es una manipulación tendenciosa, absolutamente ideológica?

    Esto de los “Estados fallidos” es una caracterización retomada recientemente por los llamados “tanques de pensamiento” neoconservadores de los Estados Unidos y de la cual se empezó a hacer mayor uso a partir de los atentados del 11 de septiembre del 2001. Si hacemos un recorrido a lo largo de la historia política moderna vemos que se han acuñado diferentes acepciones para calificar a algunos Estados contrarios a las políticas de la Casa Blanca, y así justificar el uso de la fuerza –léase invasión, sin darle mucha vuelta.

    Durante la década de los años 70 del pasado siglo el término de moda era “Estados comunistas”; con este pretexto Washington justificaba el mantenimiento de la Guerra Fría, y por ende el de los conflictos armados internos que se desarrollaban en buena parte de los países del por ese entonces llamado Tercer Mundo (especialmente en África, Medio Oriente y América Latina), donde realmente medían fuerzas las dos grandes potencias de aquel período.

    ¿Será este el llamado que hay detrás de las aseveraciones del vocero de la Iglesia Católica, hoy más conservadora que nunca? ¿Por qué casi de inmediato que el clérigo asegura que estamos perdidos por completo, salen otras voces blasfemas a secundarlo, pontificando como suelen hacerlo en los shows de televisión, sobre “Estados fallidos y otros demonios”? ¿Sabrán de qué hablan? El concepto de Estado fallido ha sido cuestionado en la literatura académica por ser considerado epistemológicamente impreciso, con incapacidad de ser útil para generar política pública, además de ser propagandístico y políticamente motivado.

    El término “Estado fallido”, sin negar que los Estados a los que se le aplica presentan insufribles carencias, no es una conceptualización de carácter científico con argumentos y fundamentos bien elaborados que pretende incidir positivamente para cambiarles ese curso; el concepto de “Estado fallido” no es más que una nueva “doctrina” del gobierno estadounidense para seguir apropiándose de los recursos (naturales y humanos) de América Latina, África y Medio Oriente.

    Con esta prédica constante que el neoliberalismo ya transformó en ley en relación a que el Estado no funciona (el Estado es intrínsecamente corrupto, ineficiente, inservible, etc., etc.), se persiguen varios objetivos: la privatización de los servicios de estos Estados a favor de capitales privados, en muchos casos transnacionales, y que en buena medida son de origen estadounidense; invasiones militares a supuestos “Estados fallidos” que, según esa lógica en juego, atentan contra la seguridad o la democracia en el mundo, tras lo cual se oculta el negocio de las armas (uno de los principales ingresos del país norteamericano); y luego de la destrucción, la reconstrucción de estos Estados por compañías de capitales norteamericanos principalmente.

    Designar a un Estado como supuestamente “fallido” implicaría que “alguien” acuda a su salvación –obviamente una fuerza externa bien preparada y dispuesta a “ayudar”– o que regresen al poder los trasnochados adalides de la democracia mafiosa del siglo pasado, tal y como han hecho en Honduras e intentaron en Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador, entre otros. Esto nos llevaría a preguntar: si un Estado es “fallido” ¿cómo salvarlo? ¿Privatizándolo? ¿Por medio de la intervención militar de una fuerza extranjera que sea “capaz” de hacerse cargo de él? ¿Dando un golpe de Estado? Obviamente no va por allí la salvación.

    No hay “Estados fallidos”, así como no los hay “Estados forajidos”, ni “Estados terroristas” ni “Estados narcotraficantes”; en todo caso son Estados débiles y mal aprovisionados que reflejan las relaciones de la sociedad de acuerdo al sistema socio-económico y político impuesto por las oligarquías. El Salvador con los dos últimos gobiernos ha comenzado a zafarse de esta vorágine destructora de sociedades y Estados, llamado neoliberalismo y de la tutela absoluta de Estados Unidos. Los cambios han comenzado, esto sin duda desvela a no pocos reaccionarios y despabila a un enjambre de viejos y oscuros conspiradores que ya se plantean volver a la palestra.
     

  • La solidaridad es de quien la siente y de quien la recibe

    Nuestro pueblo ha pasado diferentes momentos de máxima dificultad y real urgencia, en esos momentos ha demandado y ha sido objeto del sentimiento hermoso de la solidaridad de los pueblos hermanos, para enfrentar sus propias dificultades. Bajo la dictadura se agregaba a la pobreza, la persecución política, las amenazas, las capturas, la tortura, la desaparición forzada, los asesinatos provocados por fuerzas de los gobiernos y por grupos creados para amedrentar y matar, a esas fuerzas les conocimos como escuadrones de la muerte.

    Miles de nuestros hermanos fueron víctimas de esa política y de esa conducta social. Muchos sectores se organizaron para denunciarlos y exigir justicia. Pero también las catástrofes como terremotos, inundaciones y otros fenómenos que causan daños humanos han motivado ese sentimiento noble que muchísimos seres humanos son capaces de sentir, tanto por quienes actúan solidariamente como de quienes reciben solidaridad. Por eso frente al drama que viven otros pueblos es lógico que muchísimos salvadoreños y salvadoreñas sintamos indignación, que elevemos nuestra voz de protesta y expresemos nuestro sentimiento de solidaridad. No importa donde ocurran hechos que dañan la humanidad, en Vietnam, Cuba, Corea, Egipto, África del Sur, Angola, Palestina; donde sea.

    La solidaridad ha roto cadenas, ha abierto cárceles, ha hecho renunciar a dictadores, porque siempre va como sombra a la par de la propia lucha de quienes sufren sin resignarse a perecer. Nunca sobra la solidaridad, jamás está expresada sin razón y sentido, pero es propia sólo de quienes son capaces de sentirla y actuar.

    Muchos conflictos en el mundo expresan un afán de dominación de quienes se sienten y creen con el poder para someter a otros en su propio país, o de un país hacia otro; es el caso del pueblo palestino que ahora vive una nueva ola de brutal agresión israelí, alentado por potencias occidentales, agresión que vienen sufriendo como un macabro plan de exterminio desde mediados del siglo pasado cuando las Naciones Unidas aprobara un plan de partición territorial que dejó reducido el territorio asignado al pueblo palestino.

    Agresiones brutales como las que sufrió Vietnam, racismos extremos como el que enfrentó el pueblo sudafricano han sido resueltos, mientras tanto el sufrimiento del pueblo palestino persiste; no se puede perder la esperanza de que se cumplan resoluciones de las Naciones Unidas, que se reiteran año con año o en cada jornada de agresión. Un pueblo que ha sufrido tanto, tiene derecho a la vida, a la paz, a construir su propio destino y a ser respetado.

    El Grupo Parlamentario del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN, se ha pronunciado condenando la agresión israelí, demandando que se cumplan las resoluciones que mandan la existencia de dos estados, ha expresado así mismo su solidaridad con el pueblo hermano de Palestina y al reiterarlo en una comparecencia de prensa el lunes 21 de julio; el diputado y Presidente de la Asamblea Legislativa recordó que está pendiente una visita a Palestina para corresponder invitación. ¿Qué mejor momento que este, tan propicio para expresar nuestra solidaridad? Esta manifestación pública suscitó identificación y respeto de parte de quienes comprenden la importancia de la solidaridad, pero al mismo tiempo generó cuestionamiento de parte de quienes se sienten identificados con los agresores.

    Frente a un conflicto la neutralidad es una postura vergonzante al lado de quien agrede, y de allí la importancia de recordar que la política exterior de nuestro país, supo romper el silencio y la inacción al establecer relaciones diplomáticas con la autoridad palestina en la anterior administración, bajo la presidencia de Mauricio Funes; ahora se requiere a lo mejor dar nuevos pasos que expresen con mayor contundencia nuestro rechazo a la agresión y destrucción que ocurre. El diputado Sigfrido Reyes ha denunciado que fue objeto de amenazas a muerte por afirmar que se hará una visita a las zonas ocupadas, aflora el oscurantismo, pero sin lugar a dudas es mayor y más grande el sentimiento de solidaridad.

    Reconocemos que vivimos en un mundo global cuando se trata del comercio, del conocimiento, pero debemos asumirlo como seres humanos, como ciudadanos y ciudadanas del mundo, expresar nuestro sentimiento y actuar en favor de la paz es un imperativo moral y político. Quienes intentan dar otro significado a esta conducta han dejado de lado la reflexión racional o están claramente en el bando de los agresores, de quienes mantienen afanes de dominación y destrucción.

    Licda. Norma Guevara @guevara_tuiter

  • El país necesita respuestas responsables en el terreno fiscal

    A lo largo de dos meses se ha venido discutiendo públicamente la necesidad de país, fortalecer su capacidad financiera para hacer frente a las necesidades de inversión pública en seguridad, salud, educación y muchos otros campos. Las voces más escuchadas y los razonamientos más expuestos informativamente han sido las de quienes rechazan de tajo la aprobación

    220714-01A lo largo de dos meses se ha venido discutiendo públicamente la necesidad de país, fortalecer su capacidad financiera para hacer frente a las necesidades de inversión pública en seguridad, salud, educación y muchos otros campos. Las voces más escuchadas y los razonamientos más expuestos informativamente han sido las de quienes rechazan de tajo la aprobación de reformas fiscales, es cierto que a diferencia de otros tiempos, algunas expresiones de apoyo a la reforma han tenido un espacio en el debate, este no puede ser eterno, el país necesita hechos más que elucubraciones de quienes se oponen y predicen todo tipo de catástrofes si se llegará a aumentar el nivel de tributación en el país y acercarnos al promedio latinoamericano.

    Quienes se oponen cuestionan el gasto público e indirectamente proponen recortarlo. ¿Qué significaría esto? Quitar subsidios, recortar empleos, debilitar los programas sociales que apoyan a personas y familias con menores niveles de ingreso. El estado necesita mayores ingresos para mantener y ampliar la inversión pública, ello sólo es posible, alcanzando niveles mayores de ingreso y haciéndolo sin sacrificar a las mayorías. Lo más seguro es que si la propuesta de reforma estuviera orientada a que la paguen los más necesitados, el discurso de quienes se oponen a la reforma sería otro, hablarían de la hora del sacrificio.

    Pero las propuestas de reforma fiscal presentadas por el órgano ejecutivo a la Asamblea Legislativa son proyectos orientados a que, quienes tengan mayor capacidad contributiva paguen unos centavos más. Es pues, una reforma de naturaleza progresiva que no castiga el salario de las mayorías ni la actividad productiva. Pagarían 0.25 por ciento las transferencias arriba de 750 dólares, pagarían al año uno por ciento anual quienes tengan inmuebles que sobrepasen los 350 mil dólares, lo mismo que los inmuebles destinados al ocio como los ranchos de playa o de montaña, pagarían el impuesto sobre la renta los propietarios de imprenta que ahora tienen por ley una excepción de pago y se reformaría el código tributario para evitar que algunos negocios que facturan electrónicamente y no estén conectados a supervisión de Hacienda se apropien del IVA.

    También la reforma al Código Tributario quitaría las prohibiciones existentes para publicar los nombres de evasores de cualquier tamaño. A la par se precisa, regular el delito fiscal.

    ¿Porqué negarse a dar este paso adelante en materia de justicia tributaria y fortalecimiento de las finanzas públicas? El poder de quienes saben que pagarían tales tributos no puede ser superior al de la mayoría que será beneficiada. Además quien honra su deber con la sociedad para garantizar que el Estado cumpla con su deber de redistribuir la riqueza creada, deben sentirse satisfechos de que su país avance, que dé pasos adelante en sus indicadores de desarrollo social y productivo.

    Es hora de actuar, las fracciones legislativas debemos valorar y sopesar la mejor manera de responder a las necesidades de nuestro pueblo, son personas del pueblo las que van a los hospitales, a las escuelas; las que más requerimos del servicio eficiente de médicos, maestros, policías y de tantos otros servicios que deben ser soportados con los fondos públicos. Somos personas del pueblo las que en esencia pagamos las deudas heredadas y para eso es que sirven y deben seguir sirviendo los recursos financieros del Estado salvadoreño.

    El Presidente Salvador Sánchez Cerén nos lo recuerda en cada visita a una comunidad, o a una institución de servicios, de manera gráfica recuerda, que es en función de la gente que debe estar una proporción mayor de recursos de las que hoy se disponen. La mejor repuesta que puede darse al país es llevarlo a niveles menos precarios para el servicio y consolidar los avances que vamos logrando en la prevención de enfermedades, de violencia o de catástrofes. La mejor respuesta al país, la respuesta más responsable es pues, aprobar las reformas solicitadas y poder dar la cara a la gente que recibe y necesita servicios, en vez de comportarse como aquellos que no votan ni por la aprobación presupuestaria, vale decir, por la legalidad de sus propios salarios, pero se llenan la boca doce horas al día criticando sin aportar soluciones a los problemas de país.

    Licda. Norma Guevara @guevara_tuiter

  • Combate de epidemias y seguridad, requieren participación consciente

    170714-03

    En ocasiones los sectores quieren hacer sentir la importancia de su rol en la sociedad, buscan un reconocimiento social y hasta legal. Las declaratorias de día nacional aprobados por la Asamblea Legislativa es una forma. Hay muchos días, sólo en el mes de junio se han festejado el día del árbol, del padre, del panadero, del maestro y la maestra, del diplomático, el día del profesional del derecho. Me pregunto: ¿Podemos declarar el año y hasta el quinquenio, de la seguridad de la niñez?.

    Vivimos un momento que nos muestra la migración con cara de niña y niño, adolescente y joven. Un niño no arma viaje sólo, son adultos aquí o en Estados Unidos los que mueven los hilos de ese flujo migratorio estimulados por la esperanza de una ley que les cubra a ellos; a lo mejor algunos de esos adultos les exponen pensando que con ello escapan del serio problema de seguridad que vivimos en nuestra región.

    Si todo un mes, todos los meses y varios años nos concentramos en alcanzar el propósito de asegurar para nuestra infancia un ambiente propicio para su felicidad, para aprender, para jugar, para disfrutar de sus familias y comunidad sin violencia de ningún tipo, estaremos haciendo nuestro deber, edificando patria, construyendo futuro. Así se explican los esfuerzos del quinquenio anterior para dar a la niñez el apoyo que asegure su presencia en la escuela sin discriminación por razón social y económica; hoy requerimos dar un paso adelante.

    La seguridad y la salud son indispensables para vivir bien, y no solo para la inversión y la productividad de las empresas. La familia, la escuela y la empresa son espacios de socialización que deben propender a formar actitudes correctas y solidarias para enfrentar como sociedad los problemas, sean estos epidemias como la que hoy se ha presentado teniendo al zancudo como vector; o fenómenos de violencia iniciados en redes pandilleriles de las cuales algunas familias formen parte. Pero ninguna de estas se resuelve sin participación resuelta y consiente de la sociedad.

    Una maestra comentaba recientemente que si trabaja con niños de primeros grados, sabe que algunos de sus padres son pandilleros y si trabaja con adolescentes o jóvenes tiene la certeza de estar con algunos pandilleros, en el bus, en la casa o en la escuela siente que asecha el peligro.

    El magisterio es clave en el abordaje de este serio problema que abate nuestro país y que es común por su seriedad a los países que estamos más cerca de la frontera de Estados Unidos que se presenta como expectativa de progreso personal y también con los dramas del camino y a veces discriminación, aparece como pesadilla. Maestras, maestros, directores, directoras y el entorno del cual provienen nuestros niños y niñas ofrecen una posibilidad para actuar en dos de los cinco ejes de la seguridad que ha planteado el Ministro de Justicia. Prevención y rehabilitación.

    Un diálogo de maestros con familias que se ven forzadas a tomar parte en redes pandilleriles requiere que el maestro y la maestra se sientan acompañados y sepan que su labor se realiza de manera concurrente con otras acciones que buscan la empleabilidad, acceso a servicios, metodologías para abordar solución de conflictos que se dan en la familia o en la comunidad e inducen a buscar la fuerza negativa, pero fuerza al fin, de esas redes organizadas delictivas.

    El fenómeno ha crecido mucho y debemos evitar que arrastre a la niñez. Por eso es inaceptable negarse a ver la importancia de contar con los recursos financieros que permitan un abordaje a fondo, o negarse a participar activamente en la solución de estos problemas.

    En soledad, ni el maestro ni el vecino, ni el padre de familia ni la empresa sentirá la fuerza que requiere luchar por el bien común, por la salud y la seguridad de todos y todas. Ni exterminar focos de propagación de zancudos, ni encerrar o sacar del país a un niño nos libera de problemas, sabemos que se requieren soluciones de fondo y para ello es necesaria la participación de todos y todas. Hagamos de la salud y la seguridad de la niñez, de sus comunidades donde habitan, de sus centros escolares, de quienes les cuidan en la casa y de quienes les forman en la escuela, el AÑO y el QUINQUENIO, que es hacer más que nuestra parte. El Presidente Salvador Sánchez Cerén nos ha invitado a trabajar juntos por la seguridad y esta debe entenderse en un contexto amplio que abarca la seguridad humana, la salud, la convivencia armoniosa en la escuela y en la comunidad.

    Licda. Norma Guevara @guevara_tuiter

  • Una Sentencia más contra el sistema de partidos establecido en la Constitución

    180614-01Licda. Norma Guevara

    Sin sorpresa y con desacuerdo se conoce la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia según la cual se declara inconstitucional la elección del Presidente del Tribunal Supremo Electoral TSE, Eugenio Chicas Martínez. La declaratoria fue pedida por el abogado de Antiguo Cuscatlán Salvador Enrique Anaya Barraza, contra el artículo único del Decreto No. 87 del 31 de Julio de 2009. El derecho de proponer al Presidente del TSE, según lo establecido en el Artículo 208 de la Constitución, lo había ganado por primera vez el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN, algo que representó un enorme dolor para grupos pro oligárquicos y sus servidores incondicionales. Derecho que volvió a ganar el FMLN en las elecciones presidenciales recién pasadas.

    El abogado Anaya en su demanda hizo una interpretación interesada en su demanda afirmando que el derecho de los partidos o coaliciones ganadoras a proponer no supone que la terna que establece la constitución indique que deban ser éstas en representación de los partidos, para conectar interesadamente la interpretación que como ejercen jurisdicción no deben ser miembros de partidos políticos. El supuesto no es la corrección y constitucionalidad de los funcionarios, el respeto y apego a las atribuciones establecidas en su ley respectiva y otras relacionadas; el supuesto es que ningún miembro de partido político puede actuar conforme a las leyes, con lo cual incurre en una persecución a los partidos y a los ciudadanos que los integren o puedan integrarlos para favorecer otras formas no constitucionales de ejercer presión sobre los órganos de gobierno, corriente que viene siendo favorecida por la actual Sala de lo Constitucional y se inscribe en el campo del pensamiento de la anti política y el antipartidismo y del gobierno de los jueces.

    Resulta grave que la Sala acepte los argumentos del ejercicio político como diputado a la Asamblea Legislativa ejercido por el Magistrado Presidente, se penaliza y casi criminaliza el servicio público. Cuantos otros ejercicios y servicios podrán perseguirse por este mismo camino? En los partidos, y así lo establece la ley respectiva y la vida misma, la pertenencia o permanencia es voluntaria, pero penalizar a futuro a una persona por haber sido de un partido o haber ostentado un cargo de elección y establecer por eso que no tiene la condición humana, profesional o no es capaz de cumplir un juramento que se realiza para ejercer un cargo es el extremo más absurdo e irrespetuoso de los derechos humanos, sociales y políticos que todos tenemos. La arbitrariedad de la dictadura en materia de derechos de las personas se recuerda a la luz de estas resoluciones, con la sola diferencia que se puede expresar el asombro y el descontento que nos provocan.

    La Sala no oculta en su razonamiento el ataque a la Asamblea para rechazar la defensa de la razón constitucional en las elecciones que realiza. Tampoco toma en serio los argumentos de la Fiscalía General de la República. La Sala, haciendo uso de su potestad, abunda en las descalificaciones de otras opiniones como si es la única que conoce la Constitución y por ello nada cuenta la argumentación de una norma constitucional surgida de los Acuerdos de Paz y propuesta por una fuerza que es hoy la sacrificada en su derecho, el FMLN.

    Recuerda la Sala lo que ya es harto conocido, su potestad de resolver a su gusto sin que se avale o se adhieran los otros actores del proceso, mucho menos que se explique el sentido histórico de la norma constitucional referida de respetar la participación de los tres partidos o coaliciones que más votos obtienen en una elección presidencial con aportes de propuestas de la Corte Suprema de Justicia que es lo nuevo y derivado del Acuerdo de Paz para potenciar justamente la atribución jurisdiccional del TSE.

    Los demandantes saben que van a lo cierto cuando de desvanecer la importancia de los partidos políticos se trata, los militantes de la antipolítica saben que es tiempo oportuno para abrir la incidencia de poderes fácticos apartando la participación de los partidos políticos. Esa es la etapa histórica que estamos viviendo como país en el campo de la justicia constitucional, quien sabe por cuánto tiempo. Pero sí mientras no sea la derecha la fuerza preferida por la ciudadanía para gobernar, la presión de grupos económicos, de grupos políticos no partidarios serán siempre preferidos por la antipolítica que se abre paso ahora.

    A quienes preferimos el imperfecto sistema de partidos, se nos presenta un reto que sin lugar a dudas será resuelto para bien de la democracia antes que los poderes fácticos la destruyan.

    Licda. Norma Guevara @guevara_tuiter

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