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  • Institucionalidad y transparencia

    19041612La clase trabajadora, las fuerzas revolucionarias y progresistas de El Salvador hemos abierto la puerta de la democracia, de las transformaciones sociales, la inclusión y la transparencia en el ejercicio de gobierno. Desde las denuncias sobre el papel nefasto que en el pasado se hacía de instituciones como la extinta ANTEL (Asociación Nacional de Telecomunicaciones) para realizar fraudes electorales, hasta la batalla por un sistema judicial independiente y una Ley de Acceso a la Información Pública, han requerido muchas batallas. El ideal es que todas las instituciones cumplan su mandato constitucional y legal, y que, todas sus acciones sean puestas en función de las necesidades y derechos del pueblo.

    La lucha contra quienes han hecho del Estado, y de los fondos públicos, un espacio para su enriquecimiento o beneficio de sus empresas es la lucha de la clase trabajadora y de la izquierda, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN. La respuesta del sistema de justicia y de control a lo largo de décadas ha sido insuficiente, quedaron sobrepasadas y dejaron mucho que desear. Los fondos robados al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), al Fondo de Inversión Social (FISDL), a la Administración de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) ocurridos en los años 90 se quedaron sin respuesta y sin cuestionamiento de los medios de comunicación de la derecha, se quedaron en el olvido.

    Las pérdidas de fondos provenientes de préstamos para obras como la carretera Ex Diego de Olguín, del Hospital de Maternidad y para mejoras de otros hospitales ocurridos en la primera década de este siglo; siguen sin ser sancionados.

    Los casi dos centenares de denuncias interpuestas por funcionarios y funcionarias del gobierno del Presidente Mauricio Funes, sobre hechos que contienen claros indicios de corrupción, siguen esperando la acción de las instancias del sistema judicial, muchas otras denuncias de delitos ambientales cometidos por funcionarios y empresarios y que fueron reclamados en su momento como la tala con permisos ilegales en la Finca El Espino, en Santo Tomás y otros, o la destrucción ambiental en San Juan Opico, San Luis Talpa, o San Miguel, para recordar algunos de tantos casos, la justicia es completamente ausente y es el Estado el que ha de cargar con los costos financieros y la gente con la destrucción de sus habitas y deterioro de su salud.

    Esos silencios de las instituciones de justicia y mediáticos, esa capacidad de invertir la responsabilidad y condenar a la generalidad de lo que han hecho funcionarios o empresarios concretos, es la manifestación del aplastamiento de las instituciones en beneficio de intereses de grupos con poder fáctico, esa lógica es la que debe ser desmontada, esa lógica se desmonta desde el interior mismo de las instituciones y con la vigilancia de la ciudadanía honrada.

    Con la llegada del FMLN a la Presidencia de la República, las y los funcionarios, dejan de tener que responder a las tradicionales presiones del poder económico, de esos poderes fácticos que hacen uso patrimonial del Estado. No es casual que los mecanismos para responder a la ciudadanía desde las instancias estatales, es hoy una obligación. Es por eso, que surgen o refuerzan instituciones como: el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), el Instituto de Acceso a la Información pública (IAIP) y se reforman mecanismos claves, en el Código Tributario, para informar al pueblo sobre los deudores de la hacienda pública, o se ponen en marcha mecanismos que siempre fueron parte de la ley pero insuficientemente utilizados como las Comisiones Especiales de Investigación que pusieron los puntos sobre las íes en el contrato CEL-ENEL o los fondos donados por Taiwán que fueron a parar al partido ARENA.

    Cuando ANEP dedica su petitorio al Estado (eso han sido todas las jornadas de ENADE) a la corrupción y la impunidad, pareciera que se convencen que deben ser parte de esta batalla que hace décadas libramos los sectores populares. Dos ideas surgen para recomendarles: que sea una jornada de autocrítica y un compromiso de responsabilidad ciudadana y empresarial.

    Las instituciones salvadoreñas han venido experimentando un cambio positivo, a la base está el desarrollo de una ciudadanía más vigilante que asume a fondo su derecho a participar, criticar y demandar cambios. Es deber de todas y todos ayudar a su fortalecimiento para que la transparencia de las mismas sea garantía de mejor desempeño en función de la gente, del soberano pueblo que tiene derecho a una transformación para su bienestar.

    Fortalecer las instituciones requiere de una cultura participativa que es lo que fomenta la inclusión y el servicio de los últimos dos gobiernos electos por el pueblo, de respeto a la Constitución y al rol que cada una tiene como mandato.

    Licda. Norma Guevara @guevara_tuiter

  • ¿De verdad queremos que la gente tenga agua?

    07041605Hace más de 20 años un Panel Internacional de Científicos advirtió a la humanidad sobre los efectos del cambio climático, los gobiernos y una gran parte de la humanidad parecía incrédula; con el correr de los años pero en relativo corto tiempo hemos visto y seguimos apreciando que las advertencias tienen razón. Sequías, inundaciones, pérdidas de cosechas, deterioro de los suelos, deterioro de la calidad del aire, disminución de caudales en los ríos, agotamiento de los mantos freáticos, escasez de agua y muchos otros problemas que se traducen en sufrimiento humano, pérdida de vidas, disminución abrupta de condiciones de vida de millones de seres humanos.

    El papa Francisco en su encíclica "Laudato-si" ha señalado los patrones de consumo como una de las causas de la destrucción del planeta, que perjudica a todos pero especialmente a los más pobres; ha invitado a salir de la espiral de autodestrucción con un cambio de rumbo, ha señalado como camino la construcción de un consenso por una agricultura sostenible y diversificada, promover una gestión más adecuada de los recursos forestales y marítimos y a asegurar a todos el acceso al agua potable. Esas consideraciones científicas y éticas deben mover a la acción responsable en todas partes.

    La realidad y la conciencia creciente de los problemas presentes y futuros sobre la situación del agua en nuestro país deben llevarnos a actuar, todos en consecuencia con la necesidad de asegurar que este valioso elemento para la vida exista.

    Las autoridades de medio ambiente, el gabinete de sustentabilidad con participación de las organizaciones ambientalistas y comunitarias, amparadas en estudios serios produjeron ya una Política Hídrica que debe servir de marco para actuar con la mayor responsabilidad; en ella se identifican los problemas, las medidas y las inversiones imprescindibles para compensar las deficiencias en la producción de agua potable y para alimentar la infiltración en época lluviosa, pues está claro que es en el ciclo de la naturaleza que se produce agua y no en el chorro o la botella de donde la tomamos.

    Desde hace 3 años ANDA viene informando al país y a la Asamblea Legislativa del estado en que se encuentran las plantas potabilizadoras desde las cuales se provee agua a la región metropolitana, del vencimiento de equipos y de las condiciones de deterioro tecnológico, con las cuales los trabajadores han sacado adelante el servicio en los últimos años. Ha planteado las soluciones de corto y mediano plazo y las inversiones necesarias para evitar pérdidas de agua, gastos excesivos en la potabilización y para disminuir el consumo energético. Está claro además el impacto de 4 años consecutivos de sequía que han provocado reducción en el nivel freático de entre 3 y 26 metros y en algunos casos los pozos se han secado; esto afecta los sectores que se abastecen a partir de pozos como en La Chacra que luego de las sequías han bajado su nivel.

    Otros factores que vienen afectando la reserva de agua es la impermeabilización de suelos por las construcciones de vivienda, fábricas, oficinas, carreteras y en general la disminución de la cobertura vegetal. El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Gobierno de Francia han ofrecido apoyo financiero para realizar las inversiones que permitan mantener el abastecimiento de agua y esto requiere de la aprobación de créditos con voto calificado (56 votos) que hasta la fecha, aunque la mayoría de diputados las apoyamos, no se aprueban porque faltan los votos del partido ARENA.

    El déficit es creciente, y genera reclamos de sectores sociales más afectados en la región metropolitana, reclamos que requieren respuesta no solo señalando la razón del mismo sino apoyando las soluciones que ya están identificadas. Alta Vista, San Martín, Apopa, San Marcos y otros requieren de atender la causa del problema. Es la reparación de la Planta de las Pavas, la conducta del NO al financiamiento es una condena a la vida de la gente y por eso hay que demandarle a ARENA aprobar los créditos que su negativa mantiene estancados.

    En la Política Hídrica se prevé la importancia de otras fuentes además de la del Río Lempa, se señala la urgencia de hacer obras que permitan la potabilización del agua del Lago de Ilopango. El país debe saber que los problemas son serios pero es posible resolverlos con la contribución de todos, sin boicot y con un cambio de conducta que requiere de todos, mayor conciencia en el uso racional del agua, un cambio de cultura, como dice el Papa Francisco, una verdadera revolución.

    Licda. Norma Guevara @guevara_tuiter

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