El abordaje de la seguridad fue un tema prioritario durante las dos administraciones gubernamentales del FMLN, la creación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, integrado por diversos sectores de la sociedad salvadoreña; así como la implementación del Plan El Salvador Seguro, demostraron un manejo integral de uno de los temas de mayor preocupación en el país.
Con llegada del nuevo gobierno el país enfrenta el mayor retroceso en materia de violación a los derechos ciudadanos, despidos masivos, eliminación de importantes programas sociales, y la negación sistemática de toda obra impulsada por las últimas dos administraciones gubernamentales. La diputada del FMLN, y directiva de la Asamblea Legislativa, Cristina Cornejo, consideró que se vive un “retroceso enorme”.
La política exterior en El Salvador ha dejado de ser proactiva en los primeros tres meses de la llegada del nuevo gobierno, limitándose a obedecer las orientaciones del gobierno de Estados Unidos, en el tema migratorio incluso se dan pasos para crear una “patrulla fronteriza”, algo que lejos de combatir el fenómeno migratorio podría incrementarlo.
Las y los Diputados del grupo parlamentario del FMLN están conscientes que la actual coyuntura es compleja, el nuevo gobierno llegó con el objetivo de invisibilizar todo el trabajo que desarrollaron las administraciones de izquierda en la última década, por lo que el compromiso hoy es dar seguimiento a la agenda parlamentaria para defender las conquistas alcanzadas.
La llegada del nuevo gobierno no ha positiva para el magisterio nacional, por el contrario el sector fue el primero en sufrir un revés del Ejecutivo, al ser vetado el decreto legislativo que permitía por primera ocasión la compensación económica por renuncia y por retiro voluntario a más de dos mil docentes a escala nacional.
El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), a través de su grupo parlamentario exigió esta semana al Presidente de la República, la reapertura del Centro Nacional Oftalmológico, del Hospital "Santa Gertrudis", en San Vicente. A la fecha más de 6 mil salvadoreñas y salvadoreños esperan atención visual, luego del cierre de operaciones en abril del presente año.
El pasado jueves 8 de agosto el Ministerio de Trabajo y Previsión Social publicó en sus redes sociales la convocatoria para la instalación del Consejo Superior del Trabajo (CST), haciendo alusión a que con ello se estarían resolviendo los llamados de incumplimientos a los Convenios 87 sobre Libertad Sindical y 144 sobre la Consulta Tripartita emitidos por la Organización Internacional del Trabajo, organismo del cual forma parte el Estado Salvadoreño.
Al terminar la guerra con la firma de los Acuerdos de Paz, casi de inmediato fue aprobada la Ley de Reconciliación Nacional, la cual daba un respiro a la vorágine de violencia y odios que se vivieron por más de 12 años de cruentos enfrentamientos en el país, no obstante esta normativa que daba pauta para iniciar un verdadero proceso de reconciliación fue relegada luego que la derecha parlamentaria aprobará en 1993, la Ley de Amnistía que imposibilitó todo proceso judicial contra aquellos que cometieron crímenes de guerra y de Lesa Humanidad en el pasado.
En los últimos diez años el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) como administrador del poder Ejecutivo, impulsó una serie acciones enmarcadas en una política de combate a la violencia en el país. Sin embargo, el trabajo no fue fácil, debió enfrentar una férrea oposición de sectores de derecha, una campaña mediática en contra, y un bloqueo sistemático a todo proyecto encaminado en la búsqueda de recursos para implementar estos esfuerzos.
Cabildeos, aprobación de iniciativas, impulso de programas en beneficio de los salvadoreños en el exterior, así como la claridad de que la migración es una problemática compleja y que requiere del abordaje integral con los diversos sectores de la sociedad, y de la región son algunas de las acciones impulsadas por las administraciones del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), con apoyo de su bancada legislativa. En la actual coyuntura la migración “debe ser un tema de país”, opinó Karina Sosa, actual Diputada y Secretaria Adjunta del partido de izquierda.
La Legislatura 2018-2021, cumplió 14 meses de trabajo, el Grupo Parlamentario del FMLN dice estar preparado para enfrentar los desafíos políticos de la actual coyuntura del país, teniendo como eje central: continuar defendiendo los derechos de las y los salvadoreños, profundizando la democracia en El Salvador, y garantizando el avance de las transformaciones alcanzadas durante las dos administraciones al frente del Ejecutivo.
En el año 2009 el Gobierno del FMLN recibió un débil funcionamiento del Estado en la ejecución de políticas públicas para el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres. En sus veinte años de gobiernos, ARENA deterioró las condiciones de vida de las mujeres, profundizó la histórica desigualdad y discriminación de las mujeres, y omitió programas y servicios que tomaran en cuenta su condición de desigualdad y discriminación.
La violencia sexual contra la niñez y la adolescencia, se explica a partir de las diversas conceptualizaciones que determinan, que la base de esta, se encuentra en la desigualdad en la relación de poder, como lo explica el concepto de violencia contra la mujer determinado en la Convención de Belem Do Pará, “debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. La violencia sexual contra la niñez, constituye uno de los más aberrantes delitos que comenten los hombres haciendo uso de su poder, su fuerza o su posición de autoridad y dominio sobre ellas y ellos.
Hace unos pocos días, los partidos políticos fueron convocados por la Asociación de Parlamentarias y Ex Parlamentarias Salvadoreñas (ASPARLEXSAL), el Instituto Nacional Demócrata, la Fundación Panamericana para el Desarrollo, el Instituto Republicano Internacional, el Instituto Holandés para la Democracia y la Fundación Hanns Seidel, para analizar una propuesta de reforma a la Ley de Partidos Políticos y Código Electoral para una democracia paritaria.
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