Filtro
  • Institucionalidad y transparencia

    19041612La clase trabajadora, las fuerzas revolucionarias y progresistas de El Salvador hemos abierto la puerta de la democracia, de las transformaciones sociales, la inclusión y la transparencia en el ejercicio de gobierno. Desde las denuncias sobre el papel nefasto que en el pasado se hacía de instituciones como la extinta ANTEL (Asociación Nacional de Telecomunicaciones) para realizar fraudes electorales, hasta la batalla por un sistema judicial independiente y una Ley de Acceso a la Información Pública, han requerido muchas batallas. El ideal es que todas las instituciones cumplan su mandato constitucional y legal, y que, todas sus acciones sean puestas en función de las necesidades y derechos del pueblo.

    La lucha contra quienes han hecho del Estado, y de los fondos públicos, un espacio para su enriquecimiento o beneficio de sus empresas es la lucha de la clase trabajadora y de la izquierda, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN. La respuesta del sistema de justicia y de control a lo largo de décadas ha sido insuficiente, quedaron sobrepasadas y dejaron mucho que desear. Los fondos robados al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), al Fondo de Inversión Social (FISDL), a la Administración de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) ocurridos en los años 90 se quedaron sin respuesta y sin cuestionamiento de los medios de comunicación de la derecha, se quedaron en el olvido.

    Las pérdidas de fondos provenientes de préstamos para obras como la carretera Ex Diego de Olguín, del Hospital de Maternidad y para mejoras de otros hospitales ocurridos en la primera década de este siglo; siguen sin ser sancionados.

    Los casi dos centenares de denuncias interpuestas por funcionarios y funcionarias del gobierno del Presidente Mauricio Funes, sobre hechos que contienen claros indicios de corrupción, siguen esperando la acción de las instancias del sistema judicial, muchas otras denuncias de delitos ambientales cometidos por funcionarios y empresarios y que fueron reclamados en su momento como la tala con permisos ilegales en la Finca El Espino, en Santo Tomás y otros, o la destrucción ambiental en San Juan Opico, San Luis Talpa, o San Miguel, para recordar algunos de tantos casos, la justicia es completamente ausente y es el Estado el que ha de cargar con los costos financieros y la gente con la destrucción de sus habitas y deterioro de su salud.

    Esos silencios de las instituciones de justicia y mediáticos, esa capacidad de invertir la responsabilidad y condenar a la generalidad de lo que han hecho funcionarios o empresarios concretos, es la manifestación del aplastamiento de las instituciones en beneficio de intereses de grupos con poder fáctico, esa lógica es la que debe ser desmontada, esa lógica se desmonta desde el interior mismo de las instituciones y con la vigilancia de la ciudadanía honrada.

    Con la llegada del FMLN a la Presidencia de la República, las y los funcionarios, dejan de tener que responder a las tradicionales presiones del poder económico, de esos poderes fácticos que hacen uso patrimonial del Estado. No es casual que los mecanismos para responder a la ciudadanía desde las instancias estatales, es hoy una obligación. Es por eso, que surgen o refuerzan instituciones como: el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), el Instituto de Acceso a la Información pública (IAIP) y se reforman mecanismos claves, en el Código Tributario, para informar al pueblo sobre los deudores de la hacienda pública, o se ponen en marcha mecanismos que siempre fueron parte de la ley pero insuficientemente utilizados como las Comisiones Especiales de Investigación que pusieron los puntos sobre las íes en el contrato CEL-ENEL o los fondos donados por Taiwán que fueron a parar al partido ARENA.

    Cuando ANEP dedica su petitorio al Estado (eso han sido todas las jornadas de ENADE) a la corrupción y la impunidad, pareciera que se convencen que deben ser parte de esta batalla que hace décadas libramos los sectores populares. Dos ideas surgen para recomendarles: que sea una jornada de autocrítica y un compromiso de responsabilidad ciudadana y empresarial.

    Las instituciones salvadoreñas han venido experimentando un cambio positivo, a la base está el desarrollo de una ciudadanía más vigilante que asume a fondo su derecho a participar, criticar y demandar cambios. Es deber de todas y todos ayudar a su fortalecimiento para que la transparencia de las mismas sea garantía de mejor desempeño en función de la gente, del soberano pueblo que tiene derecho a una transformación para su bienestar.

    Fortalecer las instituciones requiere de una cultura participativa que es lo que fomenta la inclusión y el servicio de los últimos dos gobiernos electos por el pueblo, de respeto a la Constitución y al rol que cada una tiene como mandato.

    Licda. Norma Guevara @guevara_tuiter

  • ¿De verdad queremos que la gente tenga agua?

    07041605Hace más de 20 años un Panel Internacional de Científicos advirtió a la humanidad sobre los efectos del cambio climático, los gobiernos y una gran parte de la humanidad parecía incrédula; con el correr de los años pero en relativo corto tiempo hemos visto y seguimos apreciando que las advertencias tienen razón. Sequías, inundaciones, pérdidas de cosechas, deterioro de los suelos, deterioro de la calidad del aire, disminución de caudales en los ríos, agotamiento de los mantos freáticos, escasez de agua y muchos otros problemas que se traducen en sufrimiento humano, pérdida de vidas, disminución abrupta de condiciones de vida de millones de seres humanos.

    El papa Francisco en su encíclica "Laudato-si" ha señalado los patrones de consumo como una de las causas de la destrucción del planeta, que perjudica a todos pero especialmente a los más pobres; ha invitado a salir de la espiral de autodestrucción con un cambio de rumbo, ha señalado como camino la construcción de un consenso por una agricultura sostenible y diversificada, promover una gestión más adecuada de los recursos forestales y marítimos y a asegurar a todos el acceso al agua potable. Esas consideraciones científicas y éticas deben mover a la acción responsable en todas partes.

    La realidad y la conciencia creciente de los problemas presentes y futuros sobre la situación del agua en nuestro país deben llevarnos a actuar, todos en consecuencia con la necesidad de asegurar que este valioso elemento para la vida exista.

    Las autoridades de medio ambiente, el gabinete de sustentabilidad con participación de las organizaciones ambientalistas y comunitarias, amparadas en estudios serios produjeron ya una Política Hídrica que debe servir de marco para actuar con la mayor responsabilidad; en ella se identifican los problemas, las medidas y las inversiones imprescindibles para compensar las deficiencias en la producción de agua potable y para alimentar la infiltración en época lluviosa, pues está claro que es en el ciclo de la naturaleza que se produce agua y no en el chorro o la botella de donde la tomamos.

    Desde hace 3 años ANDA viene informando al país y a la Asamblea Legislativa del estado en que se encuentran las plantas potabilizadoras desde las cuales se provee agua a la región metropolitana, del vencimiento de equipos y de las condiciones de deterioro tecnológico, con las cuales los trabajadores han sacado adelante el servicio en los últimos años. Ha planteado las soluciones de corto y mediano plazo y las inversiones necesarias para evitar pérdidas de agua, gastos excesivos en la potabilización y para disminuir el consumo energético. Está claro además el impacto de 4 años consecutivos de sequía que han provocado reducción en el nivel freático de entre 3 y 26 metros y en algunos casos los pozos se han secado; esto afecta los sectores que se abastecen a partir de pozos como en La Chacra que luego de las sequías han bajado su nivel.

    Otros factores que vienen afectando la reserva de agua es la impermeabilización de suelos por las construcciones de vivienda, fábricas, oficinas, carreteras y en general la disminución de la cobertura vegetal. El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Gobierno de Francia han ofrecido apoyo financiero para realizar las inversiones que permitan mantener el abastecimiento de agua y esto requiere de la aprobación de créditos con voto calificado (56 votos) que hasta la fecha, aunque la mayoría de diputados las apoyamos, no se aprueban porque faltan los votos del partido ARENA.

    El déficit es creciente, y genera reclamos de sectores sociales más afectados en la región metropolitana, reclamos que requieren respuesta no solo señalando la razón del mismo sino apoyando las soluciones que ya están identificadas. Alta Vista, San Martín, Apopa, San Marcos y otros requieren de atender la causa del problema. Es la reparación de la Planta de las Pavas, la conducta del NO al financiamiento es una condena a la vida de la gente y por eso hay que demandarle a ARENA aprobar los créditos que su negativa mantiene estancados.

    En la Política Hídrica se prevé la importancia de otras fuentes además de la del Río Lempa, se señala la urgencia de hacer obras que permitan la potabilización del agua del Lago de Ilopango. El país debe saber que los problemas son serios pero es posible resolverlos con la contribución de todos, sin boicot y con un cambio de conducta que requiere de todos, mayor conciencia en el uso racional del agua, un cambio de cultura, como dice el Papa Francisco, una verdadera revolución.

    Licda. Norma Guevara @guevara_tuiter

  • Sala de lo constitucional burla la voluntad del soberano

    300415-01Comparto con el presidente de la Asamblea legislativa, compañero Sigfrido Reyes, que está llegando a su fin y que es un momento adecuado para echar una mirada atrás, observar lo actuado a lo largo de tres intensos años de actividad parlamentaria y ofrecer a la ciudadanía no solo un resumen de nuestra labor sino, sobre todo, un rápido recuento de lo que la Asamblea Legislativa hereda al pueblo salvadoreño en cuanto a normativas que apuntan a la construcción de una sociedad más democrática, justa, inclusiva y respetuosa del Estado de Derecho.

    A lo largo de estos tres intensos años según el compañero Reyes, se ha trabajado para promover leyes que fomenten la justicia social y la igualdad de oportunidades, que contribuyan a eliminar la discriminación de todo tipo para, en definitiva, promover una vida digna y la construcción de una sociedad basada en el valor de la tolerancia y el respeto a los derechos que nuestra Carta Magna garantiza y también atendiendo a las expectativas del pueblo salvadoreño y en algunos casos atendiendo a sentencias de la Sala de lo constitucional muchas de las cuales han sido sin ningún fundamento jurídico, sino político.

    Se ha promovido avances importantes en materia económica, política, social y medio ambiental y de manera particular en el desarrollo e inclusión social para impulsar la equidad de género, reconocimiento de los pueblos originarios, mayor participación ciudadana y mayor control de la ciudadanía en la gestión pública; también se ha promovido el desarrollo económico que estimula la empresa pública y privada a la inversión pública, además se ha promovido el desarrollo del sistema democrático con leyes y decretos que amplían derechos de la población y una mayor participación en el poder local.

    La Asamblea Legislativa es uno de los tres órganos fundamentales del Estado salvadoreño; es un cuerpo colegiado integrado por 84 diputadas y diputados electos mediante voto popular en 14 circunscripciones departamentales según el número poblacional, con atribuciones y competencias indelegables, establecidas por la Constitución de la República y desarrollada en su Reglamento Interior. Su principal función es legislar, decretar, interpretar auténticamente, reformar y derogar las leyes secundarias, en ningún momento corresponde a los legisladores y legisladoras hacer carreteras, construir escuelas, hacer canchas de futbol, poner energía eléctrica, agua potable o cualquier otro servicio básico, eso sí, se debe representar al pueblo y acompañarlo en la gestión de determinadas necesidades ante diferentes instituciones del Estado o privadas.

    También es función de los diputados y diputadas decretar impuestos, el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Administración Pública; elegir a los Presidentes y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Cuentas de la República, así como al Procurador General de la República, al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y a los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura.

    Dentro de la comisión de Reformas Electorales y Constitucionales se aprobaron importantes leyes y decretos legislativos así como reformas constitucionales muy importantes entre las que destacan: ley de partidos políticos, ley especial para el ejercicio del voto desde el exterior en las elecciones presidenciales, nuevo código electoral, decreto para la creación de Concejos Municipales plurales, reforma constitucional al artículo 124 y 202 para ampliar los periodos de funciones de los diputados y diputadas y de los Concejos Municipales a partir del 2022 siempre que esta sea ratificada por la legislatura de 2015-2018.

    En la comisión de Trabajo y Previsión Social se crearon leyes y decretos tales como: reformas al código de trabajo en su artículo 29 numeral 6 adicionando el literal “d” licencia al padre de familia cuando nace un hijo; reformas al artículo 198 relativo a un aumento escalonado del aguinaldo en el sector privado; se crearon las leyes siguientes: ley de incentivos para la creación del primer empleo de las personas jóvenes en el sector privado; ley reguladora de la prestación económica por renuncia voluntaria que tiene aplicación en el sector público, municipal y privado y finalmente se hicieron reformas a la ley de asuetos, vacaciones y licencia de los empleados públicos, también se reformo la ley de servicio civil con el objeto de no exigir prueba de VIH para ingresar a un trabajo, en este mismo orden también se reformo la ley de la carrera administrativa municipal.

    Otra normativa importante que aprobamos es la ley de desarrollo y protección social y cuyo objeto era establecer el marco legal para el desarrollo humano, protección e inclusión social, que promueva, proteja y garantice el cumplimiento de los derechos de las personas, además con esta ley se convierten las políticas de gobierno del presidente Funes en políticas de Estado, lo que implica que nadie podrá quitar estos beneficios sociales a menos derogue la ley.

    También se aprobó la ratificación de la reforma constitucional del artículo 63 para reconocer los pueblos indígenas, la cual establece que el país adoptara políticas a fin de mantener y desarrollar la identidad étnica y cultural de los pueblos indígenas, así como también su cosmovisión, valores y espiritualidad, con esta reforma constitucional se salda una deuda histórica y garantizarles su inclusión como verdaderos ciudadanos salvadoreños.

    Como parte del grupo parlamentario del FMLN he contribuido con mi voto al nombramiento de magistrados de la CSJ, de la CCR, del TSE, al procurador de DH, a la procuradora GR, al FGR y otros funcionario que la constitución establece para ser electos por la Asamblea legislativa; también hemos aprobado en tiempo oportuno el presupuesto general de la nación y la ley de salario para el pago oportuno de los empleados y empleadas públicos de El Salvador y finalmente hemos aprobado préstamos para apoyar la educación, la seguridad pública, la salud, al ministerio de trabajo, el emprendedurismo, agricultura y apoyo a las comunidades migueleñas.

    Nelson de Jesús Quintanilla Gómez, Sociólogo y Diputado de la Asamblea Legislativa de El Salvador periodo 2012-2015

SUBIR