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  • Familiares de desparecidos demandan “Justicia, Verdad y Reparación”

    La petición de familiares de desaparecidos durante el conflicto armado que vivió el país y la Asociación Probúsqueda es a través de del anteproyecto de Ley de Reparación Integral para las Víctimas del Conflicto Armado", presentado este día ate la Asamblea Legislativa.
  • Las pandillas son criminales y actúan como los escuadrones de la muerte en tiempos de guerra

    26081502Los llamados escuadrones de la muerte creados por el fundador del partido ARENA en 1980, el mayor Roberto D'Aubuisson usaron el terror como un arma para impedir las reformas económicas, y una negociación con el frente para poner fin al conflicto armado iniciado a principios de los 80s. Eso mismo ocurre ahora con las Maras y quienes les patrocinan, utilizan el terror y el chantaje para intimidar a la población e impedir el desarrollo normal de la gobernabilidad de la izquierda y un mayor desarrollo de las comunidades, para superar los males del neoliberalismo impulsado por gobiernos de derecha.

    Una pandilla es un grupo de personas que mantienen un vínculo estrecho e intenso. Puede tratarse de un conjunto de amigos cuya relación se basa en el afecto mutuo, pero también de una banda con miembros que se relacionan para realizar actividades delictivas en grupo, convirtiéndose en criminales que infunden el terror y asesinatos al estilo Escuadrones de la Muerte.

    En América Latina y en El Salvador en particular, en los últimos años, la noción de pandilla ha adquirido una connotación negativa. La palabra suele utilizarse para nombrar a las bandas y tribus urbanas que mantienen comportamientos violentos y que suelen dominar ciertos territorios donde siembran el terror.

    Los pandilleros suelen ser adolescentes o jóvenes con problemas de conducta, malas relaciones familiares y adicciones. Por lo general se unen a estos grupos en busca de reconocimiento y sentido de pertenencia. Las pandillas pueden dedicarse al narcotráfico o al robo, a las extorciones, amenazas, chantajes, asesinatos entre otras actividades ilegales.

    La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador dictaminó este lunes 24 de agosto que las pandillas Mara Salvatrucha (MS) y 18, y cualquier banda criminal que arremeta contra la población salvadoreña, sea calificada como grupos terroristas, por sembrar el terror en la población, en la población con todo su accionar delictivo. El calificativo se atribuye a estructuras violentas que cometan "atentados sistemáticos a la vida, seguridad e integridad personal de la población".

    A ello se añaden los actos contra autoridades civiles, miembros de partidos políticos, militares, policiales, penitenciarías, propiedades, extorsiones, amenazas, y otros delitos que obliguen a la ciudadanía al abandono del hogar, paros forzosos de transporte público, y otras acciones planificadas que contribuyen a la desestabilización del gobierno y a crear un ambiente de caos.

    Se estima que en El Salvador hay de 30 mil a 60 mil pandilleros y cerca de medio millón de personas vinculadas a la estructura criminal de las pandillas. Las dos agrupaciones principales son la Mara Salvatrucha y la pandilla Barrio 18 (que está divida en dos grupos: los Sureños y los Revolucionarios). Este fenómeno se debe enfrentar de manera integral y en una misma dirección entre gobierno, partidos políticos, empresa privada, sistema judicial y demás instituciones del Estado y ciudadanía en general.

    Las pandillas se organizan en clicas que son grupos barriales de entre 10 y 60 personas y controlan la actividad criminal en un territorio específico. Las clicas tienen cierta autonomía en el control de su zona, pero los cabecillas responden a liderazgos zonales y nacionales; por lo que se hace necesario que en el territorio haya organización ciudadana muy clara y consciente de trabajar con la familia, las iglesias, la escuela y la comunidad para evitar su desarrollo y expansión.

    Hay que tener presente que, la principal fuente de ingresos de las pandillas es la extorsión. Las pandillas le cobran un "impuesto" a los comerciantes y a los transportistas que funcionan en el territorio que "dominan" (la Asociación de Transportistas de El Salvador estima que en 2014 le pagaron $30 millones a los pandilleros). Además, extorsionan mediante llamadas desde la cárcel en que piden una cantidad de dinero a cambio de protección a cualquier persona independientemente de su condición social o nivel de ingreso.

    No debemos olvidar que el objetivo fundamental de las pandillas es el control territorial y el manejo de los mercados ilegales con la intención de generar recursos. Además, pretenden estar preparados para desafiar al Estado mediante la confrontación violenta.

    Existen fuertes indicios de que las pandillas colaboran con estructuras de crimen organizado locales y transnacionales vinculadas al narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de armas. Sin embargo, la participación de las pandillas se da como un tipo de contratación, es decir, las estructuras del crimen organizado utilizan el control que tienen las pandillas de territorio para su beneficio.

    Las empresas de seguridad privada y los comerciantes de armas son dos de los grupos que más se benefician con la violencia, dichas compañías son cada vez más rentables en El Salvador. Además, existen grupos informales que han vivido de la violencia desde la guerra de los 80, como escuadrones informales de vigilancia.

    Las pandillas son un problema multicausal que no se resolverá en el corto plazo. El fenómeno necesita un trabajo a mediano y largo plazo que incluya al menos los siguientes puntos: Planes de reinserción social, combate a la corrupción en el sistema judicial, mejoras en el sistema carcelario, un reenfoque en el modelo de desarrollo para que se preocupe más por los grandes segmentos de la sociedad y la aplicación de la política nacional de justicia, seguridad pública y convivencia 2014-2019.

    Hay que evitar sacar ventaja política en el manejo y tratamiento del problema de seguridad y de las pandillas, tampoco hay que hacer uso de ellos para beneficio personal o político, más bien hay que contribuir a su tratamiento integral ayudando al gobierno y al pueblo a combatir este flagelo de manera inteligente y avanzar en el proceso de cambios con miras a un El Salvador más productivo, educado y seguro hasta alcanzar el buen vivir.

    Nelson de Jesús Quintanilla Gómez, Sociólogo y Diputado de la Asamblea Legislativa de El Salvador periodo 2015-2018

  • Sitramss es para la gente: las vías son públicas, los buses son privados

    250815-01Es de rigor establecer con claridad la meta de cualquier acción de política pública; pueden ocurrir errores que lleven a confundir el medio con el objetivo; pero en materia de transporte público y en particular con el despegue del sistema de transporte metropolitano, no hay confusión alguna; es la gente, las personas de a pie las que le dan sentido a un medio de transporte masivo y rápido. En otros países ha sido tranvía, tren rápido, metro y aunque a nuestro país le costó mucho emprender esta obra visionaria; ya la tenemos, es de la gente y la cual los viejos intereses intentaron impedirla y ahora quieren afectarla.

    En 20,742 kilómetros cuadrados vivimos unos seis millones de personas, en el último censo de 2007, las proporciones de población urbana y rural se invirtieron, pasó a ser menor la población rural y mayor la población urbana, esto impone aumentar la capacidad de servicios, incluyendo el de transporte de pasajeros. Cuando los gobiernos de San Salvador se han planteado el ordenamiento del Centro Histórico, invariablemente se encuentra la asociación de flujo de personas del área metropolitana con la actividad del comercio informal, por eso se sostiene que el ordenamiento del transporte público es uno de los componentes.

    El territorio de un país no aumenta, y en el caso nuestro, más bien disminuyó con la resolución de límites en tiempos del Presidente Alfredo Cristiani. Las carreteras han aumentado de modo importante en los años recientes, la Longitudinal del Norte es una de ellas; nuevas carreteras, como las que unen la Panamericana y el Litoral, atravesando los pueblos de la Cordillera del Bálsamo; las que unen municipios de Chalatenango a la Longitudinal; el Boulevard Monseñor Romero y más. Pero ocurre que el parque vehicular que circula por nuestras vías crece exponencialmente, sólo en los últimos cinco años pasó de 700 mil a un poco más de 800 mil vehículos, y la mayor concentración de estos se da en las ciudades más pobladas; por eso será de enorme utilidad el By Pass de San Miguel, la remodelación con derivadores en los redondeles de Naciones Unidas, Rancho Navarra y otros.

    Emprender la modernización del transporte público que moviliza a más del 75% de las personas es una imperiosa necesidad, y el SITRAMSS, como sistema está pensado para responder a todas las personas, es decir, a las que se trasladan en buses y a las que usan vehículos particulares; para las primeras, es el sistema de buses articulados, seguro y rápido, y para los segundos, que son menos en relación a los que usan el servicio público de transporte, pero mayor en proporción a las vías de las cuales hacen uso, se contarán con los derivadores y la ampliación de algunas calles.

    Pensando en las personas que hacen uso del transporte público se creó el subsidio, para evitar incremento al pasaje. Para ello se da la compensación a los transportistas. Este subsidio debe tener la mayor rigurosidad y por eso gradualmente se hará con base a cada persona transportada. Este nuevo modo de subsidio hace más evidente que el objeto de una política de transporte es la persona, es la gente.

    El ataque de Arena, sus diputados y algunos empresarios al SITRAMSS, primero buscaba impedir que se concluyera la obra física, luego quisieron que se impidiera su funcionamiento y no cesan de mentir y descalificar, repiten y repiten juicios falsos: que se privatiza un carril para entregarlo a una empresa, que se le concesionó el uso exclusivo de la calle sin permiso de la Asamblea Legislativa, que es un monopolio, etc.

    La verdad debe ser dicha y repetida al pueblo para evitar que sea sustituida por las mentiras que buscan descredito de toda obra del gobierno en beneficio de la población. Las calles por donde circulan los buses, los carros privados, microbuses, y todo vehículo, incluyendo el carril segregado para uso de una modalidad de vehículos, son PROPIEDAD DEL ESTADO, son PÚBLICAS. Los empresarios que han asumido el riesgo de cambiar el medio de transporte por unidades modernas menos contaminantes, son los mismos que siempre tuvieron permisos o concesiones, son los mismos que fueron autorizados en su oportunidad por el Viceministerio de Transporte, para cobrar el subsidio por la prestación del servicio público de transporte.

    Ordenar el sentido de una vía, regular horarios, autorizar o dar concesiones para prestar servicio de transporte de un punto a otro (ruta) es facultad administrativa que la ley le otorga al Vice Ministerio de Transporte. Ningún transportista del país ha pedido concesión a la Asamblea, no hay explotación de suelo, hay ganancia por cobro de pasaje con tarifa autorizada.

    Cosas evidentes, rutinarias, establecidas en leyes se ocultan con malicia para implantar una matriz de opinión hilvanada con los mismos fines desestabilizadores; o a lo mejor para evitar el cambio de modelo de subsidio por algunos que cobran más de lo que les corresponde.

    Licda. Norma Guevara @guevara_tuiter

  • Reforma para la transparencia y justicia tributaria - III

    III. REFORMAS A LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

    El 30 y 31 de julio se aprobaron por la Asamblea Legislativa 2 artículos que reforman la Ley del Impuesto sobre la Renta. Un artículo deroga la excepción del pago del impuesto sobre la renta que tenían desde 1950 los empresarios dueños de periódicos; otro artículo establece el pago fraccionado del impuesto sobre la renta (pago a cuenta) de los sujetos obligados a ese tributo.

    En lo referente a la derogatoria de un privilegio consistente en que los empresarios dueños de medios de comunicación escrita fueran los únicos que por ley estaban facultados a tener ganancias sin pagar impuesto como lo hacen los empresarios de todos los demás giros de la economía, es algo de justicia que nada tiene que ver con los pretextos expuestos para oponerse a esta reforma, aduciendo que con ello se pone en peligro la libertad de expresión. De lo que se trata es que de las utilidades anuales de estas empresas paguen lo que ya establece la Ley de Impuesto sobre la Renta; esta ley establece para quien gane hasta 150 mil dólares al año, pagará el 25% de impuesto y si sus ganancias sobrepasan esa cantidad,  deberán pagar un 30%.

    Los empresarios de radio, televisión y todos los pequeños, medianos y grandes empresarios tienen la misma obligación.

    El otro artículo se refiere al Capítulo V de la ley, en el que se crea un acápite denominado “Pago Mínimo del Impuesto Sobre La Renta”. Crea 6 artículos para definir el hecho generador como la posesión de activo neto;  el pago mínimo fijado en 1% acompañado de  la forma de determinar el activo neto; el establecimiento de los sujetos exentos entre los que se incluyen los pagos de salarios, los usuarios de zonas francas, los fideicomisos financiados por el Estado, organismos internacionales o de gobiernos extranjeros y los empresarios que se vean afectados por situaciones que motivan una emergencia o declaratoria de Estado de Calamidad.

    También se define la manera de declarar el pago mínimo, acreditarlo y hacer devoluciones en su caso.

    Se trata de pagos del impuesto sobre la renta de manera fraccionada que faciliten al deudor tributario ir poco a poco pagando lo que será su obligación al finalizar un año y si lo que se paga de esa manera es menor a lo que resulte como su obligación, pagar solamente el faltante o complemento. Sí por el contrario, hubiere pagado en exceso el Ministerio de Hacienda le devolverá lo que corresponda como se hace en otros casos con los descuentos a los salarios. Esta regulación constituye un mecanismo anti fraude, que facilita la sostenibilidad financiera del Estado y permite que quienes son usuarios de las inversiones públicas contribuyan al sostenimiento de las mismas.

    Este mecanismo ya existía y estaba calculado sobre una base diferente que la Sala de lo Constitucional declaró, inconstitucional, con lo cual se afectaron las proyecciones de ingreso, pero la misma sentencia fundamentó la base para redefinir como ahora se ha hecho la base sobre la cual se calcula ese pago mínimo anticipado, se pasó de considerarlas rentas brutas, al establecimiento de las rentas netas. Esto permite, como lo estableció la sentencia, que el contribuyente se descuente los costos y gastos para la producción y el mantenimiento de la fuente.

    Como puede verse, lo nuevo es que los dueños de periódicos pagarán como impuesto una proporción de sus ganancias anuales, las cuales nada tienen que ver con el enfoque informativo, ni editorial, ni con aumento de parámetros con los cuales ya pagamos los trabajadores y trabajadoras. En cuanto al pago mínimo anticipado, es una modalidad que contribuye, pero que en nada representa cambio de la alícuota o porción de utilidades a pagar como impuesto, es la misma obligación y un incentivo a no eludir.

    Quienes negaron su apoyo a estas reformas afirman que si hay elusión el Ministerio debe ser más efectivo en el cobro y así evitar  tributos nuevos, el Ministro ha dado respuesta a semejante simpleza informando que más de 500 millones de dólares por cobrar están en procesos litigiosos que abarcan a más de 60 mil contribuyentes; más de la mitad de ese monto debían pagarlo menos de 300 empresas.

    Caminar hacia la justicia tributaria requiere valentía política y deseo de servir a las mayorías, eso es lo que anima estos cambios  que sin duda forzarán a algunos a pagar sus obligaciones tributarias.

    Licda. Norma Guevara @guevara_tuiter

     
  • Reforma para la transparencia y justicia tributaria - II

    En un supermercado una impulsadora le dijo a otra -el salario no te lo aumentan, pero los impuestos sí. Yo estaba a una corta distancia y regresé a preguntarle porque creía que se le han aumentado los impuestos, me dijo es lo que dice la televisión y los periódicos. Entendí la importancia de explicarle que el único impuesto que se ha establecido es a las operaciones financieras mayores a mil dólares.

    Por supuesto que las empresas que colocan productos y los promueven para estimularnos a comprarlos, pagan personal, generalmente hombres y mujeres jóvenes, ignoro que salario les pagan pero si es el salario mínimo y alguna comisión será bastante. Es decir que quienes trabajan en supermercados, bancos, zonas francas, fábricas, talleres, almacenes o afines, gozan de remuneraciones modestas, entre ellos ha de ser difícil encontrar quienes ganen más de mil dólares. A quienes ganan hasta $500 dólares, en la primera reforma de 2009 se les exoneró el pago al impuesto sobre la renta.

    El impuesto a las transferencias financieras consiste en pagar al fisco cero punto veinticinco por ciento (una cora) a las transacciones bancarias superiores a mil dólares; pero no toda transacción de ese tamaño pagará el impuesto, están exentas de pago los salarios, las pensiones, los servicios como agua y luz, las primas de seguro médico, el movimiento de una cuenta a otra si es de la misma persona, las tarjetas de crédito, los gastos de cualquier embajada acreditada en el país, los pagos de las municipalidades y el Estado, y los bonos emitidos por una entidad autónoma.

    Se puede preguntar uno, ¿Sí tanta actividad no la va a pagar, entonces quienes lo van a pagar? Según los estudios de la Súper Intendencia del sistema financiero hay operaciones bancarias importantes de empresas no formales, y estas tendrán al final de mes un comprobante de pago si hacen transferencias mayores a cinco mil dólares y ese comprobante le permitirá pagar impuestos como el IVA o la renta, lo mismo puede hacer una pequeña empresa.

    Si alguien compra un pasaje de avión a Europa que quizá cueste más de mil dólares pagará una cora, por cada cien dólares después de mil dólares, es decir que si el pasaje le cuesta dos mil dólares, los primeros mil dólares no pagan pero por los otros mil dólares pagará $2.50 de dólar (Dos dólares con cincuenta centavos). Si alguien paga un carro usado por unos 11 mil dólares pagaría $25.00 dólares (veinticinco dólares).

    Volviendo a la plática en el supermercado, la persona a quien le decían que sus impuestos serán mayores me preguntó: ¿Y sí yo hago un préstamo me van a cobrar? le respondí, ¿De cuánto sería el préstamo que Usted quiere hacer? me respondió de dos mil dólares. Le dije Usted no pagará impuesto alguno, porque todos los créditos hasta $10,000.00 están exentos. La otra mujer me dijo y las empresas van a pagar y le expliqué que si la empresa invierte hasta 50 mil dólares no paga impuestos por transferencias financieras, las zonas francas no pagan.

    Como puede verse, quienes hagan un préstamo personal mayor a diez mil dólares, o compre un carro mayor a diez mil dólares, pague un pasaje de avión mayor a mil dólares, sí pagará impuestos, y estas personas difícilmente pueden descargar en otras sus impuestos, se ha dicho del efecto cascada para asustar a la gente, quienes lo afirman saben perfectamente que eso es falso, saben bien que no todo impuesto puede descargarse en otros.

    Los estudios indican que este tipo de impuesto que supone operaciones bancarias ya sea mediante cheque, transferencia electrónica por estos montos, los hacen personas que tienen ingresos mayores a cinco mil dólares, esa no es la situación de la mayor parte de la población por lo cual es incorrecto asumir como ciertas las cosas que en contra de la ley se dicen, lo divulgan quienes tienen la posibilidad de ser alcanzados.

    Se dice que la gente fraccionará un cheque haciendo dos para evitar el impuesto, pero el valor del cheque vendido por el banco es prácticamente igual a lo que se pague por emitir uno de mil quinientos dólares.

    Este impuesto nuevo servirá para aumentar los ingresos, pagar las deudas heredadas e invertir en la gente, reforzando los programas que ayudan a quienes ganan menos y tienen a sus hijos en la escuela, acuden a las unidades de salud y hospitales, ellos son la mayoría y es para ellos que se debe trabajar para que paguen más, quienes más tienen; eso es justicia tributaria, que permite redistribuir la riqueza generada mediante el trabajo.
     

     
  • Quien tiene y gana más debe pagar más

    En un país dolarizado como El Salvador, la política fiscal es la única herramienta con que cuenta el gobierno para desarrollar su política económica. Es decir, sus decisiones sobre la cantidad de ingresos que requiere y la forma en que los capta es cuestión de trascendental importancia, así como las decisiones de en qué gastar, en qué invertir y cómo lograr que el gasto y la inversión reflejen las prioridades del gobierno, que esas prioridades sean justas para la sociedad. Adicionalmente se requiere de eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos.

    Sobre el tema de la recaudación hay básicamente dos enfoques: Uno regresivo que dice que los impuestos deben pagarse sin importar la capacidad económica de los contribuyentes y otro progresivo que dice que quienes tienen y ganan más deben de pagar más. Es decir que los grandes deben ser responsables con los pequeños.

    En El Salvador, desde la llegada de arena este criterio cambió y establecieron que los pobres deberían de pagar más porcentaje de sus ingresos que lo que pagaban los ricos, además establecieron que la riqueza no debería pagar impuestos sino únicamente el ingreso, concretamente las utilidades. Y de esa forma establecieron el IVA, disminuyeron el impuesto a la renta y quitaron el impuesto al patrimonio.

    Con esas medidas el país configuró una estructura tributaria regresiva y creó serios problemas fiscales, pues sus ingresos no crecieron en proporción al Producto Interno Bruto (PIB) y perdimos capacidad de impulsar el crecimiento económico y el desarrollo social.

    Por otra parte, se le quitaron fuentes de ingresos al gobierno, las utilidades de las empresas públicas ya no son del Estado, sino que con la privatización, las utilidades de comunicaciones, energía y otros fueron a parar a manos de corporaciones internacionales privadas que además, con las medidas fiscales de arena dejaron de pagar una gran parte de los impuestos que antes pagaban.

    Algunas privatizaciones son tan perversas que sólo privatizaron utilidades y dejaron el costo al gobierno, como es el caso de las pensiones, con lo cual el gasto público se disparó.

    Como era de esperarse, en estas condiciones el gobierno se fue endeudando cada vez más, sólo Francisco Flores triplicó la deuda, y ahora hay que destinar desde hace más de 10 años, la cuarta parte del presupuesto a pago de intereses y capital de deuda. Un promedio entre 700 y mil millones anuales.

    Las repercusiones en la sociedad salvadoreña han sido obvias, perdimos calidad y cobertura en educación, en salud, la red vial estuvo a punto de colapsar, las inversiones de apoyo a la producción fueron casi nulas, y la población con bajos salarios y muchos impuestos empeoró su vida, mientras un reducido grupo se ha enriquecido meteóricamente, a tal grado que hay empresarios salvadoreños en el grupo de los propietarios de más de mil millones de dólares, mientras otros, la mayoría según DIGESTYC viven en familias con un ingreso total mensual promedio de 300 dólares.

    Desde la llegada del FMLN al gobierno en 2009 nos propusimos algunos lineamientos de trabajo claros:

    1. Promover el desarrollo social con medidas de choque como el paquete escolar y otros.
    2. Promover a los nuevos actores económicos y reactivar la economía.
    3. Corregir la estructura tributaria y mejorar la recaudación, con el principio de que quien tiene y gana más debe pagar más; liberando al mismo tiempo del pago de impuesto de renta a los de menores ingresos.

    A esto obedece la reforma fiscal en tres pasos que hemos dado desde el año 2009 a la fecha.

    La reforma aprobada en julio de este año, está claramente enfocada a no sólo incrementar ingresos, sino que también a ir corrigiendo gradualmente la regresividad de la estructura tributaria. Por eso es que todos los que por años han tenido privilegios fiscales, y aparte de eso han evadido el pago de los pocos impuestos que tenían establecidos, pues ahora reclaman y pagan costosísimas campañas mediáticas lamentándose de los cambios. Este es el caso de ABANSA y ANEP.

    Y no es para menos, porque ahora el pueblo podrá saber realmente quienes son los evasores, porque ahora los bancos que mueven más de TREINTA MIL MILLONES de dólares al año tendrán que pagar un poco más de impuestos, por cierto que no llega ni al 1% de su base imponible.

    Con la reforma pagarán impuestos los periódicos y los bancos, con la reforma tendremos acceso a la información sobre la elusión y evasión de impuestos, con la reforma podremos mejorar el control de los pagos electrónicos.

    ANEP confiesa públicamente que no paga impuestos, sino que “DE LOS TRASLADA AL PUEBLO”, miren que desvergüenza, sin embargo, deben saber que esa fiesta se les está acabando, primero porque no es cierto que puedan trasladar todo al pueblo, y segundo porque el que haga trampa y viole la ley tendrá que enfrentar consecuencias.

    Esta reforma permite incrementar el gasto social en educación y salud, mejorar la infraestructura productiva y ambiental, en seguridad ciudadana: esta reforma es un paso más en el cambio pacífico que El Salvador está dando para convertirse en un país justo, solidario y próspero.

    Lorena Peña
    Presidenta de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto

    @lorenagpeam
     

  • Reforma para la transparencia y justicia tributaria

    dip_guevaraUn mediano empresario me dijo un día: si en la aduana exigieran que presenten la factura del país donde se compró la mercadería, el gobierno tuviera mayores ingresos. Le pregunté cuanto crees que se pierde por declaraciones disminuidas para eludir el pago de impuesto, me dijo, mucho. La autoridad hacendaria afirma que no importa la declaración que haga al ingresar, tenemos un libro que indica los precios y se le tasa el impuesto con base a ese valor.

    Cuando uno lee lo que significa precio de transferencia, encuentra que pueden existir empresas relacionadas entre sí que pueden por conveniencia pactar precios subvaluados a fin de eludir el pago correcto de impuestos. Lo correcto afirman medianos y pequeños empresarios, es que todos paguen lo que corresponda y no que la autoridad hacendaria se enfoque en los que siempre pagan. Estas inquietudes legítimas de una gran parte de contribuyentes que sí pagan sus impuestos de manera correcta son las que encontrarán respuesta en la reforma de 14 artículos al Código Tributario aprobadas por la Asamblea Legislativa el 30 y 31 de julio recién pasado.

    Esas 14 enmiendas llenan vacíos que fortalecen la capacidad del Ministerio de Hacienda para aplicar el cobro de impuestos. Me refiero a algunos de esos aspectos.

    Se establece la determinación de precios de transferencia aplicando convenios sobre el particular aprobados por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), esto evitará la elusión de impuestos por efecto de subvaloración de las mercancías importadas.

    Se suspende la prescripción por un tiempo cuando hay procesos litigiosos cuando el deudor tributario acude a instancias administrativas buscando explicar que la tasa cobrada no corresponde a lo que él cree. Esos procesos en ocasiones llevan tiempo buscando que venza el tiempo de cobro. Esa suspensión no es indefinida, el Ministerio de Hacienda debe nombrar peritos hasta un lapso de tres años para determinar el cobro adecuado.

    El Ministerio de Hacienda queda facultad para pedir información tributaria en otros países con los cuales debe haber convenios.

    Esta reforma incorpora una nueva facultad al Ministerio de Hacienda para fiscalizar el uso de equipos electrónicos que utilizan las empresas para cobro como los sistemas computarizados. Solo se podrán utilizar esos equipos si se coloca el número de contribuyente asignado por la autoridad, para normalizar lo que pueda existir sin tales registros se da un plazo de 180 días. Las empresas que venden tales equipos estarán obligadas a informar al Ministerio. Esto llevará a que el impuesto que paga el consumidor en una compra, sea entregada a la autoridad hacendaria.

    Los bancos, sociedades o asociaciones cooperativas de ahorro y crédito y sus federaciones así como cualquiera que uses esta modalidad de equipos electrónicos como control de pagos deben asegurar que los mismos cumplen con el registro correspondiente.

    Lo regulado en materia de solvencias de las contribuciones fiscales será aplicable a las obligaciones tributarias aduaneras.

    La reforma faculta al Ministerio de Hacienda a publicar en su sitio web y en periódicos de circulación nacional los nombres de deudores con el fisco así como los informes a la Fiscalía General de la República o las sentencias emitidas por la Sala de lo Contencioso Administrativo en lo que se refiere a cuestiones tributarias.

    Como puede verse nada de esto significa tasas nuevas que indiquen que por esta reforma un contribuyente es obligado a pagar un canon mayor al establecido, todas sí refuerzan la capacidad del Ministerio de cumplir su obligación cual es asegurar que todo sujeto que es objeto de aplicación de una obligación tributaria lo haga. Lleva la transparencia al ámbito tributario y uno puede afirmar que ni hubo ingenuidad cuando se dejaron esos vacíos en el pasado ni la hay ahora al cerrarlos, antes sí se buscó favorecer “la viveza” “la trampa”, ahora se busca la justicia tributaria entendida como un axioma simple, si un empresario mediano, pequeño o grande paga impuestos porque dejar espacio para que otro no lo haga.

    Se agranda el lente de la autoridad para que pueda ver a fondo y cobrar los impuestos a todos y no solo a unos pocos; se evite la elusión que es el no pago por vaguedad de la ley como puede estar ocurriendo con el uso de equipos electrónicos por algunos o puede ocurrir en el futuro.

    Sin duda la publicidad de los deudores, el monto y quien lo determina es un incentivo para evitar que eso ocurra y con ello lo justo, que es pagar lo que toca, ocurra.

    Norma Guevara de Ramirios
    @guevara_tuiter

  • “Estados fallidos”: un constructo Ideológico-Político

    Oscar A. Fernández O.
    La reflexión en torno a los “Estados Fallidos” (Failure Sates) surgió en el ámbito político académico y de inteligencia estadounidense y europea, muy vinculada al caso de África, en el marco regional del proceso de descolonización y en el contexto más amplio de la bipolaridad Este-Oeste. Aquel incipiente tratamiento durante los setenta, de lo que constituía el fracaso de los estados recientemente independizados, estuvo limitado por varios condicionantes intelectuales y políticos del momento.

    En efecto, en términos profesionales el análisis del “Estado fallido” resultaba frustrante, por un lado, e irrelevante, por el otro. La frustración provenía del hecho de que se observaba y evaluaba el fracaso estatal africano a partir de la noción de Estado predominante en Occidente. En ese sentido, la evolución de la “estatalidad” africana no cumplía con los parámetros del estilo de los países avanzados del Atlántico Norte.

    Por su parte, la irrelevancia se originaba en el poco interés de los investigadores por fenómenos regresivos como el desplome parcial o completo de un Estado; lo que prevalecía en la comunidad de estudiosos sobre la periferia era la idea de transición hacia formas superiores que conducirían, eventualmente, a su modernización. (Tokatlian: 2008).

    En términos ideológicos, la competencia integral entre Estados Unidos y la Unión Soviética llevaba a que la mayoría de los fenómenos socio-políticos-desde los cambios de gobierno hasta las guerras domésticas-fueran interpretadas en clave de Guerra Fría; con lo que el desplome estatal (su alcance institucional, su nexo con la economía política internacional, su relación con pugnas étnicas o religiosas, su vínculo con la seguridad regional) no fue objeto de un enfoque más detallado, matizado y particular (Antoniadis, A: 2003).

    A su vez, la contención guiaba la política exterior y de defensa de Washington y, en consecuencia, la limitación al poder de la Unión Soviética y el freno a la expansión del comunismo eran las piedras angulares de dicha estrategia. Ello tuvo para los países periféricos sus efectos. Primero, independientemente del tamaño, ubicación y recursos de cada país, todas las naciones resultaban importantes por su valor e impacto respecto al conflicto bipolar (Dun, J.: 1978). En este caso, la naturaleza del régimen importaba poco.

    Segundo, si bien era evidente una alta inestabilidad en el eje Este-Oeste la nota elocuente de aquel período fue la alta confrontación Norte-Sur. La conjetura acerca de una eventual guerra nuclear entre los principales antagonistas producía la sensación de un holocausto devastador. La realidad de intervenciones, invasiones, conflictos de baja intensidad, operaciones armadas quirúrgicas, maniobras militares encubiertas y disputas irregulares prolongadas, entre otras, se concretizó en la periferia con la participación abierta o clandestina de las grandes potencias. En ese caso, el grado de unidad o fragmentación de una sociedad periférica resultaba un dato menor.

    En resumen, bajo la lógica de la contención el statu quo era preferible a la transformación, era fácil convivir con el autoritarismo sin alentar mucho a la democracia y el valor instrumental de cada país era superior a su valoración intrínseca. Por ello países como El Salvador, con Dictaduras militares mantenidas desde Washington y Oligarquías ultraderechistas, tuvieron un valor táctico relevante, para la estrategia de “contención”. Ni siquiera en plena guerra los Estados Unidos, La Iglesia derechista y la Oligarquía, consideraron por un momento al “Estado Fallido”. Esto era un mensaje claro.

    El Consejo Nacional de Inteligencia Norteamericano (NIC en inglés) con sede en Washington, en su informe “Tendencias Globales” (Diciembre de 2012) “predice” que 15 países de África, Asia y Medio Oriente, se convertirán en “Estados fallidos” (Failure States) hacia el año 2030 debido a su “conflictividad potencial y los problemas medioambientales”. En su anterior informe de 2005, publicado en el comienzo del segundo mandato de G. Bush h., el NIC predijo que Pakistán se convertiría en un “Estado Fallido” hacia el año 2015 “al verse afectado por la guerra civil, la completa talibanización y lucha por el control de las armas nucleares”. Cosa que no sucedió.

    Caso contrario sucede en Irak, pues el desmembramiento de la sociedad en comunidades religiosas y raciales se ha producido a raíz de la brutal ocupación de los norteamericanos a ese país, que significó la destrucción del Estado y el asesinato de su Presidente Saddam Hussein, y de cientos de miles de personas más. La pregunta es entonces ¿Quién provoca “Estados fallidos”?
    En dicho informe se compara Pakistán con Yugoeslavia, país éste que fue dividido en siete estados luego de una década de guerras civiles auspiciadas por USA y la OTAN.

    En el último informe del NIC, mientras se asegura que los estados fallidos “sirven como refugio para grupos extremistas políticos y religiosos” (p. 143), el informe no reconoce el hecho de que desde la década de 1970 los EE.UU. y sus aliados proporcionaron apoyo encubierto a organizaciones extremistas religiosas como una vía para desestabilizar los estados nación soberanos y seculares, tal como lo eran Pakistán y Afganistán en la década en ese entonces.

    Los “Estados fallidos” al estilo yugoslavo o somalí, no son el resultado de divisiones sociales internas. Convertir los estados soberanos en estados fallidos es un objetivo estratégico implementado a través de operaciones encubiertas y acciones militares.

    Esta idea de “Estado fallido” es una noción que implica mucho riesgo en términos ideológicos, dado que conlleva una carga despectiva. Es, en todo caso, antojadiza, discutible, poco seria en cuanto “formulación” de ciencias sociales, asimilable, en todo caso, a los listados de “transparencia y corrupción” con que Washington evalúa al resto del mundo. O las igualmente discutibles mediciones de cumplimiento de derechos humanos, o la certificación o descertificación en el combate al narcotráfico. ¿Alguien se puede tomar en serio, con criterio académico real, esas elucubraciones? ¿O se hace demasiado evidente que lo que está en juego es una manipulación tendenciosa, absolutamente ideológica?

    Esto de los “Estados fallidos” es una caracterización retomada recientemente por los llamados “tanques de pensamiento” neoconservadores de los Estados Unidos y de la cual se empezó a hacer mayor uso a partir de los atentados del 11 de septiembre del 2001. Si hacemos un recorrido a lo largo de la historia política moderna vemos que se han acuñado diferentes acepciones para calificar a algunos Estados contrarios a las políticas de la Casa Blanca, y así justificar el uso de la fuerza –léase invasión, sin darle mucha vuelta.

    Durante la década de los años 70 del pasado siglo el término de moda era “Estados comunistas”; con este pretexto Washington justificaba el mantenimiento de la Guerra Fría, y por ende el de los conflictos armados internos que se desarrollaban en buena parte de los países del por ese entonces llamado Tercer Mundo (especialmente en África, Medio Oriente y América Latina), donde realmente medían fuerzas las dos grandes potencias de aquel período.

    ¿Será este el llamado que hay detrás de las aseveraciones del vocero de la Iglesia Católica, hoy más conservadora que nunca? ¿Por qué casi de inmediato que el clérigo asegura que estamos perdidos por completo, salen otras voces blasfemas a secundarlo, pontificando como suelen hacerlo en los shows de televisión, sobre “Estados fallidos y otros demonios”? ¿Sabrán de qué hablan? El concepto de Estado fallido ha sido cuestionado en la literatura académica por ser considerado epistemológicamente impreciso, con incapacidad de ser útil para generar política pública, además de ser propagandístico y políticamente motivado.

    El término “Estado fallido”, sin negar que los Estados a los que se le aplica presentan insufribles carencias, no es una conceptualización de carácter científico con argumentos y fundamentos bien elaborados que pretende incidir positivamente para cambiarles ese curso; el concepto de “Estado fallido” no es más que una nueva “doctrina” del gobierno estadounidense para seguir apropiándose de los recursos (naturales y humanos) de América Latina, África y Medio Oriente.

    Con esta prédica constante que el neoliberalismo ya transformó en ley en relación a que el Estado no funciona (el Estado es intrínsecamente corrupto, ineficiente, inservible, etc., etc.), se persiguen varios objetivos: la privatización de los servicios de estos Estados a favor de capitales privados, en muchos casos transnacionales, y que en buena medida son de origen estadounidense; invasiones militares a supuestos “Estados fallidos” que, según esa lógica en juego, atentan contra la seguridad o la democracia en el mundo, tras lo cual se oculta el negocio de las armas (uno de los principales ingresos del país norteamericano); y luego de la destrucción, la reconstrucción de estos Estados por compañías de capitales norteamericanos principalmente.

    Designar a un Estado como supuestamente “fallido” implicaría que “alguien” acuda a su salvación –obviamente una fuerza externa bien preparada y dispuesta a “ayudar”– o que regresen al poder los trasnochados adalides de la democracia mafiosa del siglo pasado, tal y como han hecho en Honduras e intentaron en Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador, entre otros. Esto nos llevaría a preguntar: si un Estado es “fallido” ¿cómo salvarlo? ¿Privatizándolo? ¿Por medio de la intervención militar de una fuerza extranjera que sea “capaz” de hacerse cargo de él? ¿Dando un golpe de Estado? Obviamente no va por allí la salvación.

    No hay “Estados fallidos”, así como no los hay “Estados forajidos”, ni “Estados terroristas” ni “Estados narcotraficantes”; en todo caso son Estados débiles y mal aprovisionados que reflejan las relaciones de la sociedad de acuerdo al sistema socio-económico y político impuesto por las oligarquías. El Salvador con los dos últimos gobiernos ha comenzado a zafarse de esta vorágine destructora de sociedades y Estados, llamado neoliberalismo y de la tutela absoluta de Estados Unidos. Los cambios han comenzado, esto sin duda desvela a no pocos reaccionarios y despabila a un enjambre de viejos y oscuros conspiradores que ya se plantean volver a la palestra.
     

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