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La violencia sexual contra la niñez, un hecho aberrante que nos indica la sociedad que aún tenemos

Patricia Iraheta March 04, 2019 476

La violencia sexual contra la niñez y la adolescencia, se explica a partir de las diversas conceptualizaciones que determinan, que la base de esta, se encuentra en la desigualdad en la relación de poder, como lo explica el concepto de violencia contra la mujer determinado en la Convención de Belem Do Pará, “debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. La violencia sexual contra la niñez, constituye uno de los más aberrantes delitos que comenten los hombres haciendo uso de su poder, su fuerza o su posición de autoridad y dominio sobre ellas y ellos.

En El Salvador las cifras de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes son alarmantes, del año 2013 al 2017, el Instituto de Medicina Legal reporta 10,630 víctimas atendidas por casos de estupro, otras agresiones sexuales, agresiones sin evidencia y violación. El 44% de los casos fueron violaciones. La PNC, entre 2013 y 2017 registró 11,866 denuncias de delitos de violación, agresión sexual, agresión sexual agravada, agresión sexual en menor e incapaz, estupro, estupro por prevalimiento y violación en menor e incapaz. Entre enero a junio de 2017, el delito más denunciado fue el de violación en menor e incapaz, con el 47.95% del total. Además, el 79% de los abusos fue cometido en contra de menores de 17 años, donde las niñas y adolescentes mujeres son el 95.43% y los niños adolescentes hombres el 4.57%. De todos estos casos un número muy bajo es llevado a juicio y otro más reducido se lleva a sentencia, con seguridad, son muchos, quizá miles que nunca serán denunciados. Los estudios sobre las causas del embarazo adolescente y en niñas, coinciden en que la mayoría son producto de una violación y relación abusiva, que muy pocas veces se comete entre pares, siendo los abusadores mayoritariamente hombres adultos.

En el año 2016, el Ministerio de Salud reportó 21,477 embarazos de niñas, adolescentes y jóvenes entre los 10 y los 19 años (30 % del total de embarazos) De estos, 11,198 fueron en menores de 18 años. En los últimos ocho años y con la entrada en vigencia de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, el Estado salvadoreño ha avanzado en la construcción de un Sistema Integral de Protección a la Niñez, se han impulsado programas preventivos y el ISDEMU ha creado un área de atención especializada para niñas víctimas de violencia sexual, no obstante estos avances se enfrentan con un Sistema de Justicia ineficiente, y una Fiscalía limitada en el litigio de este tipo de casos, siendo el alto nivel de impunidad, mensajes alentadores para los agresores y que los motiva a continuar con sus conductas agresoras.

El acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, pasan necesariamente porque los abusadores tengan mensajes implacables de que serán juzgados y pagaran las penas correspondientes por cometer este tipo de delitos, por hacer transformaciones culturales, en las cuales, los mensajes que se dan desde la institucionalidad son elementales. Es por ello que el antejuicio en la Asamblea Legislativa al Magistrado de Cámara Eduardo Jaime Escalante Díaz, por agresiones sexuales contra una niña de 10 años, debe acelerarse a fin de sea llevado lo más pronto posible a los tribunales correspondientes y sentar un precedente de que en este país ningún niño, ninguna niña, ninguna persona debe ser agredida sexualmente, que se debe respetar la vida, la integridad física y el derecho a una vida libre de violencia. El caso nos indica también que ningún funcionario debe tener fuero constitucional en este tipo de situaciones y otro igualmente graves, que los preceptos de moralidad notoria para ser nombrado como funcionarios públicos son limitados y que se requiere de una urgente depuración judicial, en la cual ejerzan funciones personas idóneas, integras, incorruptibles y respetuosas de los derechos humanos, especialmente de las niñas y los niños, con ello dar atisbos de una sociedad más humana, menos deshumanizante.

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