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En defensa de la Democracia

Discurso de Diputada Nidia Díaz, Coordinadora del Grupo Parlamentario del FMLN, a un año del golpe de Estado fallido del 9 de febrero de 2020.

 

El 9 de febrero no es una fecha para conmemorar ni celebrar; es una fecha, para que la sociedad entera exprese su rechazo y repudio a las pretensiones del régimen de turno de volver a una dictadura.
Hace un año, el 9 de febrero de 2020, la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador fue víctima de una violenta intervención militar, realizada con fuerzas de seguridad pública y del ejército, atendiendo órdenes del Presidente de la República, quien a la vez usurpó las funciones del Presidente de este primer Órgano de Estado, al sentarse en su silla para presidir y realizar una sesión plenaria, absolutamente ilegal e inconstitucional.
Aquella nefasta incursión y toma militar de la Asamblea Legislativa constituyó un verdadero golpe de estado al parlamento. Un golpe de estado fallido, ante la inmediata y unánime condena nacional e internacional por haber violentado las leyes, la Constitución, el Estado de derecho y la democracia.

La dictadura a lo largo de la historia cobró muchas vidas de personas que luchaban por sus derechos y por sus ideas, masacró comunidades, intervino la Universidad de El Salvador; realizó fraudes electorales, asesinó muchas personas por el simple hecho de pensar diferente, entre los más emblemáticos está el asesinato de nuestro Santo Monseñor Romero, de Enrique Álvarez Córdova, de los sacerdotes jesuitas y muchos más.

El pueblo siempre ha buscado la solución de los problemas por las vías pacíficas, han sido las fuerzas más retrogradas las que han impuesto salidas violentas, atropellando los derechos fundamentales de las personas. Así se instauró la dictadura militar desde 1932 con el asesinato de más de 30 mil campesinos e indígenas.

En la dictadura, las fuerzas del ejército y de seguridad pública fueron instrumentalizadas por los gobernantes de turno y puestas sobre otros órganos de gobierno y sobre el carácter civil y laico del Estado. Y fue precisamente esa política de terrorismo de Estado, lo que empujó al pueblo salvadoreño a una guerra civil, hasta conquistar los Acuerdos de Paz en 1992, dando inicio a la democratización del país.

El Salvador transitó por una ruta hacia la construcción de su democracia, con una nueva institucionalidad y legalidad, basada en 37 reformas a la Constitución de la República de 1983, con un Tribunal Supremo Electoral que no existía, con una nueva Policía Nacional Civil, el Consejo Nacional de la Judicatura, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humano, una Fuerza Armada con una nueva doctrina al servicio de la Nación, obediente, profesional, apolítica y no deliberante, cuya misión es la defensa de la soberanía del Estado y de la integridad del territorio.

Los Acuerdos de Paz y la nueva institucionalidad, abrieron el camino para la democracia y el ejercicio de los derechos y libertades, como nunca antes en nuestra historia patria. A partir de los Acuerdos de Paz, el pueblo ha podido ejercer la libertad de expresión, libertad de organización, de movilización, de tránsito, la libertad de prensa, de acceso a la información, de disentir, de ser minorías reconocidas. A partir de los Acuerdos de Paz ha funcionado la alternabilidad del poder en todas las instancias de elección popular, incluyendo la última elección presidencial.

Hoy, un año después de golpe de Estado promovido por el presidente de la República, breve y fallecido, acudimos a denunciar los atentados y amenazas a la democracia por parte del régimen de turno; acudimos a defender junto al pueblo, sus organizaciones y las instituciones democráticas, las conquistas políticas y sociales que tanto sacrificio le han costado al pueblo salvadoreño. Acudimos a decir con toda determinación de lucha, DICTADURA NUNCA MÁS.

El actual gobierno se caracteriza por las políticas de odio, intolerancia y mentiras a la población; se caracteriza por abuso de poder, irrespeto a las leyes, a la Constitución y a las instituciones; se caracteriza por la falta de transparencia, malversación de los recursos públicos y corrupción generalizada de sus funcionarios; se caracteriza también por la incapacidad y la improvisación en la administración pública. Y lo peor, se caracteriza por el uso de la guerra sucia, el pacto con pandillas, el asesinato de odio y la violación a los derechos humanos.

El actual gobierno se caracteriza cada vez más como una dictadura, al utilizar el terrorismo de Estado contra sus opositores, contra quienes piensan diferente, contra las instituciones contraloras del Estado, contra la prensa crítica, contras las organizaciones de derechos humanos, contra las organizaciones populares y contra la población que reclama sus derechos.

Las frases del presidente generando odio, como: “ahora saben quién tiene el poder”, “quemar a los políticos”, “fusilar a los magistrados”, “mil veces malditos”, “los acuerdos de paz son una farsa”, “es un pacto de cúpulas“, “la nueva guerra con nuevos actores”, “atrás queda la postguerra, ahora es una nueva historia”; son frases que además de dividir y generar odio entre los salvadoreños, buscan el exterminio político y físico de sus adversarios. Están fuera del contexto histórico político de El Salvador.

Esta tendencia terrorista se profundizó, muy a pesar de las múltiples denuncias ciudadanas y de las acciones de las instituciones contraloras del Estado, llegando al extremo de manchar con sangre la democracia. El ataque armado y asesinatos por miembros de seguridad del Ministro de Salud contra militantes del FMLN, entre quienes había ancianos, mujeres y niños, es la expresión de esta política terrorista de Estado. Y lo que es peor, insinuar por parte del presidente que fue auto atentado, es la típica actitud del pasado dictatorial para justificar miles de crímenes contra nuestro pueblo, como el de Monseñor Romero, ahora San Romero.

El actual régimen ha instrumentalizado la PNC y la Fuerza Armada para sus fines políticos; ha retenido ilegalmente el FODES a los 262 municipios del país, al que por ley tienen derecho; ha desconocido las órdenes judiciales que investigan la masacre de El Mozote y bloqueado el acceso a los archivos militares. Ha atacado a la Corte de Cuentas de la República, a la Fiscalía, a la Corte Suprema de Justicia, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, a la Asamblea Legislativa, al Instituto de Acceso al a Información Pública y al Tribunal de Ética, buscando obstruir la justicia, la transparencia y la rendición de cuentas. Todo ello, acompañado de una desmedida campaña de propaganda, mentiras y calumnias en todos los medios de comunicación, derrochando los recursos del pueblo.

Frente a este escenario dictatorial, la respuesta de la comunidad nacional e internacional ha sido contundente al rechazar y condenar de manera unánime el autoritarismo y llamar a la sensatez, al diálogo, la tolerancia, al respeto a los derechos humanos, al Estado de derecho y a la democracia. La institucionalidad democrática y el espíritu mismo de los Acuerdos de Paz están a prueba, ante las amenazas y atentados a la democracia e independencia de poderes, como aquel bochornoso golpe de Estado fallido del 9F que hoy recordamos.

Cabe destacar, como parte de la defensa a la democracia, el papel de este primer órgano de Estado en primera línea, al interpelar al Ministro de Defensa el 21 de agosto, 6 meses después de lo previsto, obviamente por la situación de Pandemia que vive nuestro país y el mundo, cuyas recomendaciones y valoraciones fueron certificadas de inmediato a la FGR.

Especialmente quiero referirme también a la creación, a solicitud de diputados del Grupo Parlamentario del FMLN, la Comisión Especial para Investigar Todos Los Hechos Acaecidos Antes, Durante y Después Del Golpe De Estado Fallido Contra La Asamblea Legislativa, el 9 de febrero del año 2020. En sus conclusiones la Comisión estableció que:

  1. Las acciones realizadas, antes y durante el 9 de febrero del año 2020, constituyeron un agravio al sistema democrático y de división de poderes. El presidente de la República usurpó el curul que le corresponde al Presidente de la Asamblea Legislativa, efectuando actos propios de la apertura y conducción de una sesión plenaria.
  2. Existió una participación activa y protagónica del Director de la Policía Nacional Civil, Comisionado Mauricio Arriaza Chicas, para la irrupción armada a la Asamblea Legislativa, quien de conformidad a lo establecido en la Constitución y la Ley Orgánica de la PNC, quedó destituido del cargo, so pena de incurrir en las responsabilidades civiles, administrativas y penales respectivas.
  3. También debe ser destituido de su cargo el Ministro de la Defensa Nacional, Contraalmirante René Francis Merino Monroy, tal como lo solicitó el pleno legislativo después de su interpelación, por el grado de participación y por no representar con sus acciones la naturaleza y profesionalismo de la institución castrense, previstos en la Constitución y los Acuerdos de Paz.
  4. Se remitió informe a la Fiscalía General de la República para que investigue la posible comisión de delitos por parte del Presidente de la República, el Ministro de Defensa Nacional, el Jefe del Estado Mayor Presidencial, el Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, y el Director de la Policía Nacional Civil.

El Grupo Parlamentario del FMLN presentó un punto de aviso el 9 de febrero, ante la Fiscalía General de la República contra el presidente Bukele por acto de sedición y también contra el Sr. Walter Araujo, por el mismo acto.

El lunes 10 de febrero la SALA DE LO CONSTITUCIONAL, EMITIÓ UNA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, Y ORDENÓ AL PRESIDENTE Y A LOS MINISTROS, ATENERSE A LA CONTITUCIÓN DE LA REPUBLICA. Varios meses después declaraba en firme lo anterior.

Finalmente, en nombre del Grupo Parlamentario del FMLN hago un llamado al pueblo y sus organizaciones, a las diferentes iglesias, a los partidos políticos, al cuerpo diplomático acreditado en El Salvador y a la comunidad internacional a hacer el máximo esfuerzo para frenar la violencia y el odio al que el actual gobierno está llevando al país; hago un llamado a defender la democracia, las libertades y a seguir con el espíritu transformador trazado con los Acuerdos de Paz, para la construcción de una sociedad más justa y en paz.

Este día, las diputadas y diputados del FMLN, tanto de la actual legislatura como de la próxima a elegir el 28 de febrero, REITERAMOS nuestro compromiso y voluntad de seguir luchando, donde sea y en las condiciones que sean, por la democracia, el respeto a los derechos humanos, el libre ejercicio de la participación política y el disfrute de las libertades.

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